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Valencia

Piden condenar a la residencia de Alcoy con 74 fallecidos por covid por falta de higiene y personal

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Lectura de las conclusiones del juicio por las 74 muertes en una residencia de mayores de Alcoy (Alicante), Domus Vi. EFE/ Pep Morell

Alcoy (Alicante), 10 oct (OFFICIAL PRESS-EFE) – Los familiares de los residentes fallecidos en DomusVi Alcoy durante el primer mes de la pandemia han solicitado condenar al centro por la muerte de 74 personas, atribuida a la falta de higiene, personal insuficiente y escasas medidas de precaución en los inicios de la covid-19. Según los demandantes, la gestión negligente del centro provocó una alta tasa de contagios y fallecimientos.

El juicio, celebrado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcoy, es el primero en España contra una residencia por su gestión durante la pandemia. Los familiares de 18 de las víctimas, representando a 46 allegados, solicitan una indemnización de 2,3 millones de euros.

Acusaciones de negligencia y falta de precaución

La abogada de los familiares ha calificado la gestión del centro como «negligente», criticando la falta de atención médica adecuada y la priorización de intereses económicos sobre la salud de los mayores. Según la acusación, el protocolo contra la covid-19, que incluía medidas como la sectorización del centro, no se aplicó correctamente, lo que permitió la rápida propagación del virus.

Además, señalaron la diferencia de gestión entre DomusVi Alcoy y otra residencia de la misma empresa en Cocentaina, donde no se registraron fallecidos por covid-19 en el mismo periodo.

Defensa del centro y aseguradora

Por su parte, la abogada de la residencia ha rechazado las acusaciones, asegurando que la gestión del centro fue diligente y que no se cometieron negligencias. Argumenta que la falta de sectorización inicial se debió a la ausencia de restricciones más estrictas en ese momento y que el personal seguía las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Mapfre, la aseguradora de DomusVi, también ha defendido que no hubo mala praxis y considera la cifra de indemnización solicitada como «escandalosa y ofensiva».

El juicio ha quedado visto para sentencia.

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Valencia

Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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