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La carta del Rey Felipe VI que ha emocionado a un niño hospitalizado con tumor cerebral

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La carta del Rey Felipe VI que ha emocionado a un niño hospitalizado con tumor cerebral

Con seis años de edad Julián está ingresado en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. El pequeño lleva allí desde el pasado verano cuando le diagnosticaron un tumor cerebral.

Sus padres se han volcado con su hijo haciendo todo lo posible por animarle. Han conseguido que varias personalidades del mundo del deporte le manden mensajes de ánimo como Cristiano Rolando y el tenista Carlos Alcaraz entre otros le han enviado vídeos deseándole una pronta recuperación.

Carta del Rey Felipe VI

Hace unos días Julián ha recibido una carta muy especial que le ha llegado directamente desde el Palacio de la Zarzuela. El rey Felipe VI ha querido mostrarle su apoyo con una misiva y una foto firmada por él.

«Su Majestad el Rey está informado por tus papás de que te estás curando en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de El Palmar (Murcia) y me encarga que, en Su Nombre, te traslade todo su apoyo y te envíe, con un saludo muy cariñoso, la adjunta fotografía, con el deseo de una total y pronta recuperación, lo que cumplo con mayor agrado. Recibe un afectuoso saludo que deseo que hagas extensivo a tus papás».

Julián como sus padres están muy agradecidos con el monarca. Julián está tan emocionado con la carta que incluso duerme con ella. Todos confían en su recuperación, aunque son conscientes de la gravedad de la situación.

«Como es lógico esto nos está costando la salud pero todo lo hacemos por nuestro hijo», apuntaba su padre Miguel Ángel hace unas semanas, quien no dudaba en agradecer el trato que les está dando el personal del hospital, con el neurocirujano Antonio López López al frente: «Aquí a Julián lo quieren muchísimo y están siempre animando al pequeño».

«Somos creyentes y yo le he pedido a Dios muchas veces que me llevara a mí pero que Julián se quedara aquí», ha comentado su padre.

La carta del Rey Felipe VI que ha emocionado a un niño hospitalizado con tumor cerebral

 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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