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VÍDEO| Los Reyes visitan visitan el edificio incendiado y agradecen la labor de los cuerpos de emergencia

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Reyes visitan incendio Valencia
El rey Felipe VI y la reina Letizia. EFE/ J. J. Guillén/Archivo

(OFFICIAL PRESS-EFE).- Los reyes han visitado este lunes la zona cero del incendio de Valencia. Felipe y Letizia han visitado el entorno del edificio calcinado en el barrio valenciano de Campanar por un incendio que se cobró la vida de 10 personas y han agradecido la labor de los cuerpos de seguridad y emergencias que desde hace cuatro días trabajan en la zona.

Ante una gran expectación mediática y ciudadana, los reyes se han acercado hasta los aledaños del edificio tras reunirse con vecinos afectados en el Palau de la Música, en una visita que se ha alargado unos veinte minutos.

Entre emocionados aplausos de los vecinos congregados, los reyes han llegado acompañados por el president de la Generalitat, Carlos Mazón; la alcaldesa de València, María José Catalá; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, y la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó.

Los Reyes visitan visitan el edificio incendiado de Valencia

El rey, Felipe VI, y la reina, Letizia, han saludado a unos setenta efectivos de distintos cuerpos de emergencias entre bomberos provinciales y municipales, Servicios de Emergencias Sanitarias, Cruz Roja, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Policía Nacional, Policía Local o Protección Civil.

También había personal del servicio de mantenimiento municipal o profesionales que han trabajado en la tragedia, como médicos forenses o psicólogos.

Tras el saludo, se ha formado un corro alrededor de los reyes, que han transmitido a los profesionales su agradecimiento por el trabajo realizado estos días, les ha dado ánimos y se han interesado por el suceso y su actuación.

Finalmente, antes de marcharse, Felipe y Letizia han salido de la zona de protocolo para acercarse a saludar a los cientos de vecinos que aguardaban, y que les han recibido con aplausos y gritos de «viva el Rey».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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