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Valencia

Ribó, «absolutamente tranquilo» tras ser citado a declarar como investigado

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VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) – El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este martes estar «absolutamente tranquilo» tras haber sido citado a declarar en calidad de investigado por haber negado al PP información sobre el expediente de la encuesta sobre las Fallas. «Estoy absolutamente tranquilo porque es una cuestión administrativa que está resuelta ya», ha subrayado.

El primer edil declarará el día 25 de junio como investigado por presuntos delitos de prevaricación e impedimento del ejercicio de los derechos cívico, a raíz de una denuncia presentada por un asesor del PP.

Al respecto y en atención a los medios de comunicación tras participar en la inauguración de la Jornada sobre Compra Pública Innovadora y Responsable y Consumo Responsable, Ribó ha señalado que se trata de «una más» de las 15 denuncias que ha presentado el PP y ha remarcado que los papeles que los ‘populares’ le reclaman «se dieron hace tres meses».

En este sentido, ha manifestado que cuando se presenta una denuncia, «el juez te llama para que le cuentes qué pasa» y, por tanto, el acudirá «y ya está». «Ningún problema», ha señalado para subrayar que esta cuestión «no es un problema en absoluto de corrupción» ni hay «imputación» porque estar «investigado no es lo mismo que imputado»

A su juicio, hay «un conflicto lingüístico» porque se ha cambiado la denominación del imputado por investigado, pero «un juez te imputa formalmente en un momento determinado» y «este no es el caso», ha insistido.

Por tanto, ha manifestado estar «absolutamente tranquilo» porque «es una cuestión administrativa que ya está resuelta».

«EL IMPUTADO QUIERE QUE TODO EL MUNDO SEA IGUAL»
Para Ribó, cuando una persona está imputada por un tema de corrupción «su principal deseo es sentirse bien rodeado de imputados». «Es normal», ha afirmado.

En este sentido, y preguntado por el mismo asunto antes de participar en el 50 aniversario de la UPV, ha agregado: «El imputado quiere que todo el mundo sea igual. Es una necesidad básica para sentirse a gusto en el mundo y yo lo siento, pero no le vamos a dar ese gusto».

Por su parte, el presidente de la gestora del PP de València ciudad, Luis Santamaría, ha denunciado la «incoherencia» del alcalde, Joan Ribó, «al no aplicarse su propia línea roja» en cuanto a los casos judicializados que afectan a cargos públicos. Así, le ha acusado de «ser un alcalde sin palabra» porque dijo que dimitiría si un juez le investigaba «y no lo ha hecho».

En un comunicado, Santamaría ha recordado que Ribó explicaba hace dos años que si alguna vez se veía en esa situación «evidentemente se ha de presentar la dimisión» y ha recordado que ha sido citado a declarar el 25 de junio en calidad de investigado por haber negado al PP información sobre el expediente de la encuesta sobre las Fallas.

Para Santamaría una ciudad como València «no merece tener a un alcalde sin palabra porque ello significa que se pierde la confianza en el máximo representante de la Administración local» y ha recordado a Ribó que declarará como investigado ante la presunta comisión de un delito de «prevaricación administrativa e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos».

«De un alcalde sin palabra no te puedes fiar porque no cumple sus compromisos y eso incluye todos los acuerdos que pueda ofrecer de palabra a vecinos, empresarios, asociaciones o cualquier otro colectivo social, su palabra no vale», ha asegurado.

Además, Santamaría ha señalado que la vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, exigió el pasado mes de octubre la dimisión al entonces alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, cuando fue investigado por un juez: «Ribó se encuentra en esa misma coyuntura, así que habrá que observar si hay coherencia en las exigencias de esta coalición para dejar un cargo público».

«POLÍTICA INQUISITORIAL»
El presidente de la gestora del PP ha lamentado la «política inquisitorial» que los representantes «de la mal llamada nueva política» han practicado cuando había casos judicializados que afectaban a otras formaciones, pero «ahora que se ven reflejados frente a ese mismo espejo son incapaces de actuar con la misma contundencia».

Santamaría ha resaltado que los valencianos «ya saben que tienen un alcalde sin palabra» y que el PP seguirá «denunciando los abusos que se están cometiendo en las instituciones de las tres administraciones gobernadas por el tripartido donde la falta de transparencia y la soberbia son sus señas de identidad».

«Vamos a trabajar duro para que dentro de un año vuelva la certidumbre y la cordura a esas instituciones de la mano de nuestro proyecto político que es el mayoritario entre los valencianos», ha concluido.

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Valencia

El ‘basurazo’ en València y l’Horta genera polémica: ciudadanos y ayuntamientos en pie de guerra

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Tasa basura Valencia

La puesta en marcha de la nueva tasa de basuras, conocida popularmente como el «basurazo», ha generado tensiones y protestas en València y en el área metropolitana de l’Horta debido a su impacto en la gestión de residuos y en las economías familiares.

¿Qué es el «basurazo»?

El término «basurazo» se utiliza para referirse a la nueva tasa de residuos que deben aplicar los ayuntamientos en España para cumplir con la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Esta normativa obliga a los municipios a establecer una tasa específica, no deficitaria, que cubra íntegramente el coste de la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos hasta las plantas de tratamiento.

En València, la tasa empezó a notificarse a partir del 1 de abril de 2026 a más de 440.000 viviendas, comunidades y locales, y su coste será calculado según parámetros como el consumo de agua anual, considerado un indicador indirecto de generación de residuos.

¿Por qué genera conflictos?

1. Carga económica directa a los ciudadanos

Con la entrada en vigor de esta nueva tasa, quien genera residuos debe asumir el coste real del servicio, algo que hasta ahora en muchos casos se financiaba con otros impuestos o por parte de los ayuntamientos.

En València, los recibos que ya se están empezando a emitir se consideran por algunos ciudadanos y partidos como un «impuesto excesivo», ya que se calcula en función de parámetros indirectos como el consumo de agua y no siempre guarda relación con la cantidad real de residuos generados.

2. Diferencias entre municipios

No existe un criterio único para calcular la tasa. Algunos ayuntamientos utilizan el consumo de agua, otros el valor catastral de la vivienda o incluso sistemas mixtos. Esto provoca grandes disparidades en los importes de la tasa entre diferentes ciudades.

3. Tensiones políticas y gestión local

Mientras que el Gobierno central defiende que esta tasa responde a la normativa europea y a la necesidad de asegurar la financiación de los servicios de recogida, algunos consistorios critican que la falta de directrices claras ha forzado una implementación apresurada que recae directamente sobre los ciudadanos.

Impacto en los ciudadanos y la economía doméstica

La tasa de basuras ha sido uno de los factores que ha impulsado el incremento del coste de la gestión de residuos en el Índice de Precios al Consumo (IPC), llegando a registrar subidas por encima de la inflación general en España.

En València, por ejemplo, la tasa es de las más altas del país comparada con otras capitales, algo que ha elevado las quejas de vecinos y asociaciones.

¿Qué sigue ahora con la gestión de residuos?

La gestión integral de residuos urbanos —que incluye recogida, transporte, tratamiento y eliminación— es un servicio esencial para cualquier ciudad y tiene efectos ambientales, sociales y económicos importantes.

La implantación del «basurazo» busca incentivar una gestión más sostenible, aplicar el principio de «quien contamina, paga» y asegurar que los costes no recaen íntegramente en los presupuestos municipales, sino en quienes generan los desechos.

Sin embargo, el debate continúa entre quienes consideran que esta tasa es necesaria para modernizar la gestión de residuos y quienes creen que su implantación actual carece de criterios claros y puede generar desigualdades y cargas excesivas.

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