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Valencia

Ribó, «absolutamente tranquilo» tras ser citado a declarar como investigado

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VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) – El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este martes estar «absolutamente tranquilo» tras haber sido citado a declarar en calidad de investigado por haber negado al PP información sobre el expediente de la encuesta sobre las Fallas. «Estoy absolutamente tranquilo porque es una cuestión administrativa que está resuelta ya», ha subrayado.

El primer edil declarará el día 25 de junio como investigado por presuntos delitos de prevaricación e impedimento del ejercicio de los derechos cívico, a raíz de una denuncia presentada por un asesor del PP.

Al respecto y en atención a los medios de comunicación tras participar en la inauguración de la Jornada sobre Compra Pública Innovadora y Responsable y Consumo Responsable, Ribó ha señalado que se trata de «una más» de las 15 denuncias que ha presentado el PP y ha remarcado que los papeles que los ‘populares’ le reclaman «se dieron hace tres meses».

En este sentido, ha manifestado que cuando se presenta una denuncia, «el juez te llama para que le cuentes qué pasa» y, por tanto, el acudirá «y ya está». «Ningún problema», ha señalado para subrayar que esta cuestión «no es un problema en absoluto de corrupción» ni hay «imputación» porque estar «investigado no es lo mismo que imputado»

A su juicio, hay «un conflicto lingüístico» porque se ha cambiado la denominación del imputado por investigado, pero «un juez te imputa formalmente en un momento determinado» y «este no es el caso», ha insistido.

Por tanto, ha manifestado estar «absolutamente tranquilo» porque «es una cuestión administrativa que ya está resuelta».

«EL IMPUTADO QUIERE QUE TODO EL MUNDO SEA IGUAL»
Para Ribó, cuando una persona está imputada por un tema de corrupción «su principal deseo es sentirse bien rodeado de imputados». «Es normal», ha afirmado.

En este sentido, y preguntado por el mismo asunto antes de participar en el 50 aniversario de la UPV, ha agregado: «El imputado quiere que todo el mundo sea igual. Es una necesidad básica para sentirse a gusto en el mundo y yo lo siento, pero no le vamos a dar ese gusto».

Por su parte, el presidente de la gestora del PP de València ciudad, Luis Santamaría, ha denunciado la «incoherencia» del alcalde, Joan Ribó, «al no aplicarse su propia línea roja» en cuanto a los casos judicializados que afectan a cargos públicos. Así, le ha acusado de «ser un alcalde sin palabra» porque dijo que dimitiría si un juez le investigaba «y no lo ha hecho».

En un comunicado, Santamaría ha recordado que Ribó explicaba hace dos años que si alguna vez se veía en esa situación «evidentemente se ha de presentar la dimisión» y ha recordado que ha sido citado a declarar el 25 de junio en calidad de investigado por haber negado al PP información sobre el expediente de la encuesta sobre las Fallas.

Para Santamaría una ciudad como València «no merece tener a un alcalde sin palabra porque ello significa que se pierde la confianza en el máximo representante de la Administración local» y ha recordado a Ribó que declarará como investigado ante la presunta comisión de un delito de «prevaricación administrativa e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos».

«De un alcalde sin palabra no te puedes fiar porque no cumple sus compromisos y eso incluye todos los acuerdos que pueda ofrecer de palabra a vecinos, empresarios, asociaciones o cualquier otro colectivo social, su palabra no vale», ha asegurado.

Además, Santamaría ha señalado que la vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, exigió el pasado mes de octubre la dimisión al entonces alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, cuando fue investigado por un juez: «Ribó se encuentra en esa misma coyuntura, así que habrá que observar si hay coherencia en las exigencias de esta coalición para dejar un cargo público».

«POLÍTICA INQUISITORIAL»
El presidente de la gestora del PP ha lamentado la «política inquisitorial» que los representantes «de la mal llamada nueva política» han practicado cuando había casos judicializados que afectaban a otras formaciones, pero «ahora que se ven reflejados frente a ese mismo espejo son incapaces de actuar con la misma contundencia».

Santamaría ha resaltado que los valencianos «ya saben que tienen un alcalde sin palabra» y que el PP seguirá «denunciando los abusos que se están cometiendo en las instituciones de las tres administraciones gobernadas por el tripartido donde la falta de transparencia y la soberbia son sus señas de identidad».

«Vamos a trabajar duro para que dentro de un año vuelva la certidumbre y la cordura a esas instituciones de la mano de nuestro proyecto político que es el mayoritario entre los valencianos», ha concluido.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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