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Ribó dice no a la ampliación del Puerto de València sin un informe del impacto medioambiental

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Valencia, 25 sept. – “El Ayuntamiento se posiciona para cuidar los barrios y las personas que los habitan, la economía y el territorio de la ciudad”. Y por esa razón, el alcalde de València, Joan Ribó, ha defendido este miércoles estudiar primero los accesos en una eventual ampliación del Puerto, y ha apostado por el ferrocarril “para dotar la zona portuaria de las mejores infraestructuras, sin llenar de camiones el entorno de los barrios marítimos, y proteger el medioambiente de la zona”. Así, el alcalde ha celebrado –según sus palabras- “el anuncio de la Autoridad Portuaria, que incluirá en el informe del posible acceso Norte al Puerto, un estudio del reivindicado acceso ferroviario para minimizar el impacto urbano”.

El alcalde Joan Ribó ha hecho estas declaraciones al término de una reunión que ha mantenido con responsables de la Autoridad Portuaria y de la Generalitat. “Un encuentro que ha concluido con la voluntad de trabajar conjuntamente, con la ayuda del vecindario y entidades ciudadanas y ambientalistas, para tener un Puerto sostenible que compense a la ciudad”

“El hecho que hoy el presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez, nos anuncie que ampliará este estudio a un estudio ferroviario, es muy positivo porque, tal y como he dicho en muchas ocasiones y hoy lo reitero: en estos momentos hacer un acceso Norte por carretera no tiene sentido. Este Ayuntamiento no quiere unos barrios rodeados de camiones, una fórmula obsoleta que se tendría que sustituir para primar un acceso ferroviario”, ha explicado Joan Ribó.

“Ahora tenemos que estudiar como hacerlo”, ha continuado el alcalde al resaltar que la intención del gobierno municipal “es que se haga como lo han hecho los grandes puertos europeos, porque València merece la mejor conexión ferroviaria y que también pueda integrarse en el Corredor Mediterráneo”.

En el encuentro de hoy también han participado el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España; el presidente de Puertos del Estado, Salvador Encina; y el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez. Se ha celebrado en la sede del Consorcio Valencia 2007, y entre las conclusiones que han tomado destaca la creación de tres grupos de trabajo; comisiones en las que, además de las tres administraciones, tendrán voz las entidades vecinales, económicas, ambientalistas y sociales de la ciudad.

En cuanto a la ampliación del Puerto, Joan Ribó ha asegurado que se han medido muy bien los pasos a dar. “Quiero tomar las medidas oportunas, junto con los secretarios jurídicos y los técnicos ambientales, para que cualquier decisión vele por los intereses de la ciudad”. Así, según ha dicho Joan Ribó, “nuestros barrios tienen que tener una calidad de vida óptima, tenemos que poder dinamizar la economía de la ciudad con las infraestructuras más avanzadas que nos conectan con Europa como ocurre con el Corredor Ferroviario del Mediterráneo. Y finalmente, es muy importante que València tenga la garantía que una ampliación de este tipo, con una modificación que es sustancial y que afecta 138 hectáreas de terreno, no dañe el medio ambiente, y en caso contrario que se establezcan las medidas correctoras que corresponden”.

En este sentido, el alcalde ha mostrado su posición: “estamos ante una modificación sustancial del planeamiento de ampliación portuaria que se hizo en 2007. Si hay una modificación sustancial, en un proyecto que afecta un terreno muy importante de València, y con una consecuencia directa sobre el entorno natural de la ciudad, lo más lógico es que una Declaración de Impacto Ambiental, señalo cuáles son las posibilidades y los límites de actuación”.

En la reunión, Joan Ribó ha destacado que la relación entre las ciudades y los puertos es muy importante, “y hay que trabajar para llegar a acuerdos como los que ya se han tomado”·, y ha citado algunos ejemplos, como la cesión de terrenos que han permitido la ejecución del parque de desembocadura, o la instalación de una gran zona deportiva.

Por su parte, el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, que también ha atendido a los medios de comunicación al término de la reunión, ha destacado que “hay que buscar puntos de equilibrio y de encuentro, porque todos queremos un puerto sostenible que dialogue con la ciudad, que minimice sus impactos y, por supuesto, que compense a la ciudad de València”.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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