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Ribó propone que los contratos públicos con empresas puedan rescindirse en caso de corrupción

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El alcalde de València, Joan Ribó, ha abogado este jueves por introducir en los contratos del Ayuntamiento con empresas privadas cláusulas que permitan rescindirlos en caso de que estas sean condenadas por casos de corrupción.

Así, ha resaltado que «en los últimos contratos» que se están firmando, el equipo de gobierno –Compromís, PSPV y València en Comú– está incluyendo «elementos para que en caso de que haya mecanismos de corrupción confirmada» se puedan «aplicar cláusulas para que se puedan rescindir» esos acuerdos.

Ribó se ha pronunciado de este modo tras participar en la presentación de la Jornada sobre Contratación Pública Social organizada por el Ayuntamiento de Valencia, preguntado por los contratos que el consistorio tiene vigentes con empresas que están siendo investigadas o que se encuentran inmersas en procesos judiciales por asuntos relacionados con presunta corrupción.

«Vamos a estudiar el tema», ha señalado el primer edil. «Por supuesto, analizaremos con mucho cuidado la situación de estos contratos», ha agregado el responsable municipal. No obstante, ha matizado que sería más fácil si el contrato no se hubiera formalizado o si se estuviera «al principio de un proceso de contratación».

«Evidentemente, si estuviéramos en el principio de un proceso de contratación esto sería analizado muy seriamente. Si el contrato ya es firme tendremos que ir con más calma» porque rescindirlo «tiene unas cláusulas muy claras» que pueden suponer importantes indemnizaciones, ha planteado Joan Ribó.

Tras ello, el alcalde ha afirmado que en los nuevos contratos se están introduciendo aspectos para poder darlos por finalizados en caso de que las empresas que los suscriben sean condenadas por casos de corrupción. «Nosotros en los últimos contratos si que estamos introduciendo unos elementos para que en caso de que haya mecanismos de corrupción, evidentemente confirmados, aplicar cláusulas para que se puedan rescindir», ha insistido.

SIN REGISTROS

Por otro lado, preguntado por si al Ayuntamiento de València se le ha solicitado documentación relacionada con la investigación abierta en el marco de la operación Azud, en la que ha sido detenido el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá, y que investiga presuntas comisiones irregulares en más de una decena de contratos del consistorio durante el mandato del PP, o si se han registrado dependencias municipales, Ribó ha respondido que no.

«Por la información que yo tengo, en el Ayuntamiento no se han hecho registros», ha agregado el primer edil, que ha recordado que el pasado martes efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estuvieron en la Central Operativa de Saneamiento de València para recabar facturas de la empresa que tiene adjudicado este servicio municipal.

Así, ha comentado que la UCO estuvo en el COS, una instalación «del Ayuntamiento pero gestionada por una UTE adjudicataria del saneamiento» y ha insistido en que en el consistorio no ha habido registros.

Fuente: Europa Press

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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