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Ribó propone que los contratos públicos con empresas puedan rescindirse en caso de corrupción

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El alcalde de València, Joan Ribó, ha abogado este jueves por introducir en los contratos del Ayuntamiento con empresas privadas cláusulas que permitan rescindirlos en caso de que estas sean condenadas por casos de corrupción.

Así, ha resaltado que «en los últimos contratos» que se están firmando, el equipo de gobierno –Compromís, PSPV y València en Comú– está incluyendo «elementos para que en caso de que haya mecanismos de corrupción confirmada» se puedan «aplicar cláusulas para que se puedan rescindir» esos acuerdos.

Ribó se ha pronunciado de este modo tras participar en la presentación de la Jornada sobre Contratación Pública Social organizada por el Ayuntamiento de Valencia, preguntado por los contratos que el consistorio tiene vigentes con empresas que están siendo investigadas o que se encuentran inmersas en procesos judiciales por asuntos relacionados con presunta corrupción.

«Vamos a estudiar el tema», ha señalado el primer edil. «Por supuesto, analizaremos con mucho cuidado la situación de estos contratos», ha agregado el responsable municipal. No obstante, ha matizado que sería más fácil si el contrato no se hubiera formalizado o si se estuviera «al principio de un proceso de contratación».

«Evidentemente, si estuviéramos en el principio de un proceso de contratación esto sería analizado muy seriamente. Si el contrato ya es firme tendremos que ir con más calma» porque rescindirlo «tiene unas cláusulas muy claras» que pueden suponer importantes indemnizaciones, ha planteado Joan Ribó.

Tras ello, el alcalde ha afirmado que en los nuevos contratos se están introduciendo aspectos para poder darlos por finalizados en caso de que las empresas que los suscriben sean condenadas por casos de corrupción. «Nosotros en los últimos contratos si que estamos introduciendo unos elementos para que en caso de que haya mecanismos de corrupción, evidentemente confirmados, aplicar cláusulas para que se puedan rescindir», ha insistido.

SIN REGISTROS

Por otro lado, preguntado por si al Ayuntamiento de València se le ha solicitado documentación relacionada con la investigación abierta en el marco de la operación Azud, en la que ha sido detenido el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá, y que investiga presuntas comisiones irregulares en más de una decena de contratos del consistorio durante el mandato del PP, o si se han registrado dependencias municipales, Ribó ha respondido que no.

«Por la información que yo tengo, en el Ayuntamiento no se han hecho registros», ha agregado el primer edil, que ha recordado que el pasado martes efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estuvieron en la Central Operativa de Saneamiento de València para recabar facturas de la empresa que tiene adjudicado este servicio municipal.

Así, ha comentado que la UCO estuvo en el COS, una instalación «del Ayuntamiento pero gestionada por una UTE adjudicataria del saneamiento» y ha insistido en que en el consistorio no ha habido registros.

Fuente: Europa Press

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El Congreso rechaza la indemnización solicitada por Ábalos tras dejar su escaño y jubilarse

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José Luis Ábalos
El exministro de transporte José Luis Ábalos llega al Tribunal Supremo para declarar como investigado. - Eduardo Parra - Europa Press

Los servicios jurídicos concluyen que el exministro no tiene derecho a la compensación por estar suspendido de funciones y percibir ya una pensión de jubilación

El Congreso de los Diputados ha rechazado conceder la indemnización por cese solicitada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos tras renunciar a su escaño y acogerse a la jubilación. Los servicios jurídicos de la Cámara consideran que no cumple los requisitos para percibir esta compensación, ya que se encontraba suspendido de sus funciones y, además, ya recibe una pensión de jubilación.

Ábalos ingresó en noviembre en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real por su presunta implicación en el caso Koldo. Dos meses después presentó su renuncia como diputado y, al día siguiente, anunció su retirada de la vida política, alegando que había quedado “sin derechos, deberes ni funciones” y que había agotado todas las vías para defenderse.

La compensación solicitada superaba los 57.000 euros

Tras dejar su escaño, el exministro solicitó al Congreso la indemnización por cese, una prestación económica destinada a los diputados que abandonan la Cámara y no cuentan con otros ingresos. En su caso, la cuantía podría haber superado los 57.000 euros, al haber sido diputado de forma ininterrumpida desde 2009.

Sin embargo, los letrados del Congreso han desestimado la petición. En su informe, recuerdan que la suspensión de un diputado implica la pérdida total de derechos, prerrogativas y beneficios asociados al cargo, y subrayan que ninguno de los parlamentarios suspendidos en situaciones similares ha percibido esta compensación.

“No es razonable entender que la renuncia al acta suponga recuperar unos derechos que ya no existían”, concluye el documento jurídico elaborado por la Cámara.

Incompatibilidad con la pensión de jubilación

Además de la suspensión de funciones, el Congreso considera que la indemnización es incompatible con la pensión de jubilación a la que se ha acogido Ábalos. La normativa establece que esta prestación tiene como objetivo facilitar la transición a la vida laboral de los diputados que se quedan sin ingresos tras abandonar el cargo.

Según los servicios jurídicos, percibir simultáneamente una pensión de jubilación y la indemnización por cese sería contrario a la finalidad de la ayuda, que se interrumpe cuando el beneficiario obtiene otra fuente de ingresos, ya sea pública o privada.

Decisión definitiva de la Mesa del Congreso

La decisión será formalizada de manera definitiva este martes por la Mesa del Congreso, lo que dejará al exministro sin derecho a la compensación económica solicitada. Ábalos permanece en prisión preventiva a la espera de juicio por el caso Koldo.

En los próximos días, su escaño será ocupado por la siguiente candidata del PSOE por Valencia, Ana María González Herdaro, poniendo fin a una trayectoria parlamentaria de casi 15 años en la Cámara Baja.

 

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