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Ribó propone que los contratos públicos con empresas puedan rescindirse en caso de corrupción

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El alcalde de València, Joan Ribó, ha abogado este jueves por introducir en los contratos del Ayuntamiento con empresas privadas cláusulas que permitan rescindirlos en caso de que estas sean condenadas por casos de corrupción.

Así, ha resaltado que «en los últimos contratos» que se están firmando, el equipo de gobierno –Compromís, PSPV y València en Comú– está incluyendo «elementos para que en caso de que haya mecanismos de corrupción confirmada» se puedan «aplicar cláusulas para que se puedan rescindir» esos acuerdos.

Ribó se ha pronunciado de este modo tras participar en la presentación de la Jornada sobre Contratación Pública Social organizada por el Ayuntamiento de Valencia, preguntado por los contratos que el consistorio tiene vigentes con empresas que están siendo investigadas o que se encuentran inmersas en procesos judiciales por asuntos relacionados con presunta corrupción.

«Vamos a estudiar el tema», ha señalado el primer edil. «Por supuesto, analizaremos con mucho cuidado la situación de estos contratos», ha agregado el responsable municipal. No obstante, ha matizado que sería más fácil si el contrato no se hubiera formalizado o si se estuviera «al principio de un proceso de contratación».

«Evidentemente, si estuviéramos en el principio de un proceso de contratación esto sería analizado muy seriamente. Si el contrato ya es firme tendremos que ir con más calma» porque rescindirlo «tiene unas cláusulas muy claras» que pueden suponer importantes indemnizaciones, ha planteado Joan Ribó.

Tras ello, el alcalde ha afirmado que en los nuevos contratos se están introduciendo aspectos para poder darlos por finalizados en caso de que las empresas que los suscriben sean condenadas por casos de corrupción. «Nosotros en los últimos contratos si que estamos introduciendo unos elementos para que en caso de que haya mecanismos de corrupción, evidentemente confirmados, aplicar cláusulas para que se puedan rescindir», ha insistido.

SIN REGISTROS

Por otro lado, preguntado por si al Ayuntamiento de València se le ha solicitado documentación relacionada con la investigación abierta en el marco de la operación Azud, en la que ha sido detenido el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá, y que investiga presuntas comisiones irregulares en más de una decena de contratos del consistorio durante el mandato del PP, o si se han registrado dependencias municipales, Ribó ha respondido que no.

«Por la información que yo tengo, en el Ayuntamiento no se han hecho registros», ha agregado el primer edil, que ha recordado que el pasado martes efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estuvieron en la Central Operativa de Saneamiento de València para recabar facturas de la empresa que tiene adjudicado este servicio municipal.

Así, ha comentado que la UCO estuvo en el COS, una instalación «del Ayuntamiento pero gestionada por una UTE adjudicataria del saneamiento» y ha insistido en que en el consistorio no ha habido registros.

Fuente: Europa Press

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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