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Ribó propone que los contratos públicos con empresas puedan rescindirse en caso de corrupción

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El alcalde de València, Joan Ribó, ha abogado este jueves por introducir en los contratos del Ayuntamiento con empresas privadas cláusulas que permitan rescindirlos en caso de que estas sean condenadas por casos de corrupción.

Así, ha resaltado que «en los últimos contratos» que se están firmando, el equipo de gobierno –Compromís, PSPV y València en Comú– está incluyendo «elementos para que en caso de que haya mecanismos de corrupción confirmada» se puedan «aplicar cláusulas para que se puedan rescindir» esos acuerdos.

Ribó se ha pronunciado de este modo tras participar en la presentación de la Jornada sobre Contratación Pública Social organizada por el Ayuntamiento de Valencia, preguntado por los contratos que el consistorio tiene vigentes con empresas que están siendo investigadas o que se encuentran inmersas en procesos judiciales por asuntos relacionados con presunta corrupción.

«Vamos a estudiar el tema», ha señalado el primer edil. «Por supuesto, analizaremos con mucho cuidado la situación de estos contratos», ha agregado el responsable municipal. No obstante, ha matizado que sería más fácil si el contrato no se hubiera formalizado o si se estuviera «al principio de un proceso de contratación».

«Evidentemente, si estuviéramos en el principio de un proceso de contratación esto sería analizado muy seriamente. Si el contrato ya es firme tendremos que ir con más calma» porque rescindirlo «tiene unas cláusulas muy claras» que pueden suponer importantes indemnizaciones, ha planteado Joan Ribó.

Tras ello, el alcalde ha afirmado que en los nuevos contratos se están introduciendo aspectos para poder darlos por finalizados en caso de que las empresas que los suscriben sean condenadas por casos de corrupción. «Nosotros en los últimos contratos si que estamos introduciendo unos elementos para que en caso de que haya mecanismos de corrupción, evidentemente confirmados, aplicar cláusulas para que se puedan rescindir», ha insistido.

SIN REGISTROS

Por otro lado, preguntado por si al Ayuntamiento de València se le ha solicitado documentación relacionada con la investigación abierta en el marco de la operación Azud, en la que ha sido detenido el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá, y que investiga presuntas comisiones irregulares en más de una decena de contratos del consistorio durante el mandato del PP, o si se han registrado dependencias municipales, Ribó ha respondido que no.

«Por la información que yo tengo, en el Ayuntamiento no se han hecho registros», ha agregado el primer edil, que ha recordado que el pasado martes efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estuvieron en la Central Operativa de Saneamiento de València para recabar facturas de la empresa que tiene adjudicado este servicio municipal.

Así, ha comentado que la UCO estuvo en el COS, una instalación «del Ayuntamiento pero gestionada por una UTE adjudicataria del saneamiento» y ha insistido en que en el consistorio no ha habido registros.

Fuente: Europa Press

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Hoy se decide si Ábalos y Koldo entran en prisión antes del juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo examina este jueves un punto crítico del llamado caso Koldo. El magistrado Leopoldo Puente ha citado a declarar al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García para evaluar si deben ingresar en prisión preventiva mientras se acerca el juicio por las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia.

✔ Acusaciones populares piden prisión preventiva

Varias acusaciones populares, entre ellas la liderada por el Partido Popular, solicitan que ambos imputados pasen a situación de prisión provisional al considerar que existen riesgos procesales —como destrucción de pruebas o posible fuga— ahora que la causa se encuentra “a un paso de juicio”.

La comparecencia ante el juez Puente será determinante para valorar si mantienen la libertad actual o si el tribunal adopta medidas más severas antes de la apertura del juicio oral.

✔ Ábalos y Koldo, cada vez más cercados por la instrucción

La investigación judicial ha avanzado hasta estrechar el cerco sobre Ábalos y Koldo García, señalados en el epicentro de una supuesta red de comisiones y contratos irregulares vinculados a material sanitario en los peores meses de la pandemia.

La causa, que afecta también a otros ex altos cargos y empresarios, ha ido sumando indicios que, según las acusaciones, justificarían endurecer las medidas cautelares ante la inminencia de la siguiente fase procesal.

✔ Una cita decisiva en el Supremo

La comparecencia prevista para mañana se perfila como una de las sesiones más relevantes del caso:

  • Si el magistrado estima las peticiones, Ábalos y García podrían entrar en prisión de forma inmediata.

  • Si las rechaza, ambos seguirán en libertad a la espera de juicio, aunque con la posibilidad de nuevas medidas como retirada de pasaporte o comparecencias periódicas.

La decisión del Supremo marcará el rumbo final de un procedimiento que ha tenido un fuerte impacto político y mediático.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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