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Ribó propone que los contratos públicos con empresas puedan rescindirse en caso de corrupción

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El alcalde de València, Joan Ribó, ha abogado este jueves por introducir en los contratos del Ayuntamiento con empresas privadas cláusulas que permitan rescindirlos en caso de que estas sean condenadas por casos de corrupción.

Así, ha resaltado que «en los últimos contratos» que se están firmando, el equipo de gobierno –Compromís, PSPV y València en Comú– está incluyendo «elementos para que en caso de que haya mecanismos de corrupción confirmada» se puedan «aplicar cláusulas para que se puedan rescindir» esos acuerdos.

Ribó se ha pronunciado de este modo tras participar en la presentación de la Jornada sobre Contratación Pública Social organizada por el Ayuntamiento de Valencia, preguntado por los contratos que el consistorio tiene vigentes con empresas que están siendo investigadas o que se encuentran inmersas en procesos judiciales por asuntos relacionados con presunta corrupción.

«Vamos a estudiar el tema», ha señalado el primer edil. «Por supuesto, analizaremos con mucho cuidado la situación de estos contratos», ha agregado el responsable municipal. No obstante, ha matizado que sería más fácil si el contrato no se hubiera formalizado o si se estuviera «al principio de un proceso de contratación».

«Evidentemente, si estuviéramos en el principio de un proceso de contratación esto sería analizado muy seriamente. Si el contrato ya es firme tendremos que ir con más calma» porque rescindirlo «tiene unas cláusulas muy claras» que pueden suponer importantes indemnizaciones, ha planteado Joan Ribó.

Tras ello, el alcalde ha afirmado que en los nuevos contratos se están introduciendo aspectos para poder darlos por finalizados en caso de que las empresas que los suscriben sean condenadas por casos de corrupción. «Nosotros en los últimos contratos si que estamos introduciendo unos elementos para que en caso de que haya mecanismos de corrupción, evidentemente confirmados, aplicar cláusulas para que se puedan rescindir», ha insistido.

SIN REGISTROS

Por otro lado, preguntado por si al Ayuntamiento de València se le ha solicitado documentación relacionada con la investigación abierta en el marco de la operación Azud, en la que ha sido detenido el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá, y que investiga presuntas comisiones irregulares en más de una decena de contratos del consistorio durante el mandato del PP, o si se han registrado dependencias municipales, Ribó ha respondido que no.

«Por la información que yo tengo, en el Ayuntamiento no se han hecho registros», ha agregado el primer edil, que ha recordado que el pasado martes efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estuvieron en la Central Operativa de Saneamiento de València para recabar facturas de la empresa que tiene adjudicado este servicio municipal.

Así, ha comentado que la UCO estuvo en el COS, una instalación «del Ayuntamiento pero gestionada por una UTE adjudicataria del saneamiento» y ha insistido en que en el consistorio no ha habido registros.

Fuente: Europa Press

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Sánchez anuncia la desclasificación de los documentos del 23-F: “Saldamos una deuda histórica”

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El Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, coincidiendo con el 45 aniversario del intento de asalto al Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará mañana en el Consejo de Ministros la desclasificación de los documentos oficiales relacionados con el golpe de Estado del 23-F. La medida llega cuando se cumplen 45 años del intento de ruptura del orden constitucional ocurrido el 23 de febrero de 1981.

Según ha explicado el jefe del Ejecutivo, la decisión permitirá “saldar una deuda histórica” con la ciudadanía, facilitando el acceso a información relevante sobre uno de los episodios más trascendentales de la historia democrática reciente de España.

¿Qué ocurrió el 23-F?

El conocido como 23-F hace referencia al intento de golpe de Estado liderado por el entonces teniente coronel Antonio Tejero, quien irrumpió armado en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Durante varias horas, España vivió una grave crisis institucional que puso en riesgo el proceso democrático iniciado tras la Transición. La intervención televisada del rey Juan Carlos I, defendiendo el orden constitucional, fue clave para frenar la intentona golpista.

El fracaso del golpe consolidó el sistema democrático, pero durante décadas parte de la documentación oficial relacionada con aquellos hechos ha permanecido clasificada.

Transparencia y memoria democrática

Con la desclasificación anunciada, el Gobierno busca reforzar las políticas de transparencia y memoria democrática, facilitando el trabajo de historiadores, investigadores y medios de comunicación.

El Ejecutivo considera que, 45 años después, el acceso público a estos documentos contribuirá a un mejor conocimiento de lo sucedido y ayudará a cerrar interrogantes aún presentes sobre la trama del golpe y sus posibles apoyos.

La aprobación formal de la medida está prevista para el Consejo de Ministros de este martes, tras lo cual se iniciará el procedimiento técnico para hacer accesible la documentación conforme a la legislación vigente en materia de secretos oficiales y protección de datos.

45 años del intento de golpe de Estado

El anuncio se produce en un contexto simbólico, coincidiendo con el 45 aniversario del 23-F, una fecha clave en la historia política de España. La desclasificación de los documentos supone un paso relevante en la revisión histórica de aquel episodio que marcó el rumbo de la democracia española.

Con esta decisión, el Gobierno pretende reforzar el compromiso institucional con la verdad histórica y el derecho de la ciudadanía a conocer en profundidad los hechos que marcaron el devenir del país.

 

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