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Valencia

Rubio pide su plaza en el Ayuntamiento de València tras salir de la cárcel

Publicado

hace 5 años

en

València, 15 jul (EFE).- El exsubdelegado del Gobierno Valencia y exportavoz municipal socialista, Rafa Rubio, imputado en el caso Azud, causa por la que ha permanecido dos meses en prisión preventiva, ha pedido reincorporarse a su puesto como funcionario del Ayuntamiento de València a las pocas horas de salir en libertad con cargos.

La jueza del caso Azud, que investiga una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de València, decretó el pasado martes la puesta en libertad de Rubio, que había ingresado en prisión preventiva el 15 de mayo para evitar una posible destrucción de pruebas por su parte.

La puesta en libertad, adoptada con el informe favorable del fiscal, se produjo al día siguiente de desarrollarse un registro en el propio Ayuntamiento por parte de la Guardia Civil en funciones de policía judicial.

La magistrada le impuso medidas cautelares (comparecencias semanales en sede judicial, la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del país).

Al día siguiente de la salida de prisión Rubio ha pedido regresar a su plaza, que tiene en propiedad como funcionario, según han confirmado a EFE fuentes del caso.

La petición ya había sido formulada anteriormente, porque el reo fue cesado como subdelegado cuando se decretó su entrada en prisión. A esa primera petición el consistorio respondió negativamente por su situación de prisión preventiva, pero ahora, tras su salida de la cárcel, tiene derecho a recuperar su puesto de trabajo.

El caso Azud investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de València. La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia -que cuenta con un juez de refuerzo- sigue tramitando una instrucción que nació en 2017 pero que no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención del abogado y cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá (PP), José María Corbín.

En esta causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de ValÈncia, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.

La investigación adquirió una nueva dimensión después de los registros practicados en las oficinas del grupo CVC Axis (Construcciones Valencia Constitución). En el despacho de esta firma, propiedad del empresario Jaime Febrer, se halló documentación que ha permitido llegar hasta el que fue «número dos» en los sucesivos gobiernos de Rita Barberá, Alfonso Grau, que permanece en prisión al igual que Febrer, y al que fuera durante muchos años figura clave de la oposición municipal, el socialista Rafael Rubio, subdelegado del Gobierno en Valencia en el momento de su detención e inmediatamente cesado tras ser detenido.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

Publicado

hace 3 horas

en

23 marzo, 2026

De

Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.

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