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Valencia

Alfonso Rus vuelve al banquillo por otra pieza del caso Imelsa

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València, 18 abr (EFE).- El expresidente de la Diputación de Valencia con el PP Alfonso Rus vuelve a sentarse en el banquillo por segunda vez en el banquillo de los acusados por el caso Imelsa a partir del próximo martes, cuando la Sección Quinta de la Audiencia Provincial inicie el tercero de los juicios por esta macrocausa de corrupción.

Alfonso Rus vuelve al banquillo por otra pieza del caso Imelsa

Rus espera sentencia por otra de las piezas del caso Imelsa, la supuesta contratación ilícita de personal que no acudía a sus puestos de trabajo en la empresa pública provincial Imelsa, que quedó vista para sentencia el pasado mes de marzo.En este nuevo juicio, que se prevé que se prolongue hasta el 9 de junio, se analizará el papel de Rus -que también fue alcalde de Xàtiva y presidente provincial del PP- y otros siete investigados en el marco de la pieza separada D del «caso Imelsa», relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de atención telefónica.

Se juzgarán delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. La Fiscalía reclama penas de prisión de 8 años para Alfonso Rus, 4 años y medio para Marcos Benavent, 13 años para su exsuegro, Mariano López, y otro empresario que actuó como administrador de Servimun, la firma adjudicataria,.

Los hechos se remontan a mayo de 2013

Los hechos se remontan a mayo de 2013, cuando Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia y actualmente denominada Divalterra, adjudicó a Servimun SL el contrato para la prestación de servicios a través de un centro de atención multicanal (telefónica y telemática) a los contribuyentes de los municipios que delegaban en la corporación provincial la gestión y recaudación tributaria.

De acuerdo con la información recabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la adjudicataria percibió de Imelsa entre agosto de 2013 y enero de 2016 un total de 930.000 euros por este contrato.

«Un propósito deliberado»

El juez considera que pudo existir «un propósito deliberado de adjudicar un contrato para la prestación del servicio no a la mejor oferta, sino a una determinada y decidida de antemano, con conciencia tanto de favorecimiento arbitrario como del riesgo de desviar y malgastar los recursos públicos».

Subrayó también el instructor la «relación de vecindad y amistad» entre uno de los funcionarios encausados, Salvador D.I., y el empresario José Mariano L.S., que era a su vez el exsuegro de Marcos Benavent y tenía un «conocimiento estrecho» de Alfonso Rus.

José Mariano L.S. percibió unos 150.000 euros de Servimun SL a través de una sociedad mercantil, Técnicas Legales Administrativas (TLA), sin actividad y administrada por su cuñada.

El juez consideró «evidente» que si el administrador de Servimun SL, Fernando José P.Z., pagó tal cantidad al anterior es porque éste «algún favor le debía» en relación con el contrato, «muy probablemente por actuar de conseguidor» ante el entonces presidente de la Diputación o Salvador D.I.

 

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Sucesos

Suben a 8 las víctimas, 5 de ellas menores, por agresión sexual de un miembro de una relevante iglesia evangélica valenciana

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Suben a 8 las víctimas, 5 de ellas menores, por agresión sexual de un miembro de una relevante iglesia evangélica valenciana-ARCHIVO FREEPIK

València, 17 may (OP-EFE).- Un miembro relevante de una asociación de carácter religioso de Valencia permanece en prisión, por riesgo de fuga y de reiteración delictiva, acusado de haber agredido sexualmente a ocho personas de las que, al menos, cinco serían menores de edad, según fuentes judiciales.

La Policía Nacional ya informó en julio de 2023 de la detención de este hombre de 30 años en una localidad de la comarca valenciana de l’Horta que aprovechaba su condición de «miembro destacado» de una entidad religiosa para ganarse la confianza de menores de corta edad, a tres de las cuales agredió sexualmente e hizo tocamientos durante años.

A ese hombre, de origen paraguayo, se le acusaba entonces de realizar tocamientos a tres niñas y de dos delitos de exhibicionismo y provocación sexual por mostrar contenido pornográfico, incitar a prácticas sexuales y masturbarse delante de dos niños.

La investigación se inició después de que se tuviera conocimiento de que dos hermanas, una de ellas menor de edad, podían haber sido agredidas sexualmente por un hombre amigo de la familia.

Al parecer, el hombre habría comenzado a agredir a la mayor de ellas cuando él era también menor de edad y la víctima apenas tenía 5 años, sometiéndola a tocamientos durante más de diez años.

Asimismo, averiguaron que la otra hermana, también menor de edad, también habría sufrido este tipo de conductas en varias ocasiones aprovechando que el hombre recogía a la niña del colegio cuando su madre trabajaba y se quedaba a solas con ella en el domicilio.

Durante la investigación, los agentes descubrieron otra agresión sexual cometida por el investigado a otra menor, así como de otro hecho también de índole sexual ocurrido con dos jóvenes cuando estos también eran menores, donde al parecer, el hombre les habría mostrado contenido pornográfico incitándoles a realizar prácticas sexuales mientras se masturbaba.

El hombre aprovechaba la diferencia de edad con las víctimas y su inmadurez, ya que la mayoría tenía entre 5 y 8 años, para lograr una escasa resistencia. Además les convencía para que no contaran nada de lo sucedido a sus progenitores y les hacía creer que era un juego secreto entre ellos.

Las novedades judiciales del caso

Este viernes, el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha confirmado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Mislata tiene abiertas esas diligencias previas desde junio de 2023 tras la detención del sospechoso por la Policía Nacional como presunto autor de cinco delitos de agresión sexual contra menores de edad.

El pasado 9 de febrero, el nuevo titular del juzgado, tras recibir declaración de dos de esas víctimas como prueba preconstituida, convocó una comparecencia de prisión y, a petición de la Fiscalía y la acusación particular, decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del investigado.

El juez tomó esa medida al apreciar un evidente riesgo de fuga y de reiteración delictiva, y también le impuso medidas cautelares de prohibición de aproximación y de comunicación respecto a las cinco víctimas contabilizadas en ese momento.

El pasado 12 de abril, el juez dictó un nuevo auto en el que denegó la petición de libertad formulada por la defensa del investigado, ya que entendía que persistía el riesgo de fuga y de reiteración delictiva, riesgo que no podía conjurarse con medidas menos restrictivas que la prisión preventiva.

A ello se suma el hecho de que la Policía hubiera presentado un nuevo atestado donde hacía constar la existencia de tres nuevas víctimas, con lo que el número total de éstas ascienden ya a ocho, señalan desde el TSJCV.

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