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Alfonso Rus vuelve al banquillo por otra pieza del caso Imelsa

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València, 18 abr (EFE).- El expresidente de la Diputación de Valencia con el PP Alfonso Rus vuelve a sentarse en el banquillo por segunda vez en el banquillo de los acusados por el caso Imelsa a partir del próximo martes, cuando la Sección Quinta de la Audiencia Provincial inicie el tercero de los juicios por esta macrocausa de corrupción.

Alfonso Rus vuelve al banquillo por otra pieza del caso Imelsa

Rus espera sentencia por otra de las piezas del caso Imelsa, la supuesta contratación ilícita de personal que no acudía a sus puestos de trabajo en la empresa pública provincial Imelsa, que quedó vista para sentencia el pasado mes de marzo.En este nuevo juicio, que se prevé que se prolongue hasta el 9 de junio, se analizará el papel de Rus -que también fue alcalde de Xàtiva y presidente provincial del PP- y otros siete investigados en el marco de la pieza separada D del «caso Imelsa», relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de atención telefónica.

Se juzgarán delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. La Fiscalía reclama penas de prisión de 8 años para Alfonso Rus, 4 años y medio para Marcos Benavent, 13 años para su exsuegro, Mariano López, y otro empresario que actuó como administrador de Servimun, la firma adjudicataria,.

Los hechos se remontan a mayo de 2013

Los hechos se remontan a mayo de 2013, cuando Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia y actualmente denominada Divalterra, adjudicó a Servimun SL el contrato para la prestación de servicios a través de un centro de atención multicanal (telefónica y telemática) a los contribuyentes de los municipios que delegaban en la corporación provincial la gestión y recaudación tributaria.

De acuerdo con la información recabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la adjudicataria percibió de Imelsa entre agosto de 2013 y enero de 2016 un total de 930.000 euros por este contrato.

«Un propósito deliberado»

El juez considera que pudo existir «un propósito deliberado de adjudicar un contrato para la prestación del servicio no a la mejor oferta, sino a una determinada y decidida de antemano, con conciencia tanto de favorecimiento arbitrario como del riesgo de desviar y malgastar los recursos públicos».

Subrayó también el instructor la «relación de vecindad y amistad» entre uno de los funcionarios encausados, Salvador D.I., y el empresario José Mariano L.S., que era a su vez el exsuegro de Marcos Benavent y tenía un «conocimiento estrecho» de Alfonso Rus.

José Mariano L.S. percibió unos 150.000 euros de Servimun SL a través de una sociedad mercantil, Técnicas Legales Administrativas (TLA), sin actividad y administrada por su cuñada.

El juez consideró «evidente» que si el administrador de Servimun SL, Fernando José P.Z., pagó tal cantidad al anterior es porque éste «algún favor le debía» en relación con el contrato, «muy probablemente por actuar de conseguidor» ante el entonces presidente de la Diputación o Salvador D.I.

 

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Argüeso defiende su actuación durante la dana del 29O: «Fui al 112 y salvé muchas vidas»

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También respalda a Mazón y afirma que no tenía obligación de acudir al Cecopi

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS)
El exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ha asegurado este viernes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que el 29 de octubre de 2024, día en el que se produjo la devastadora DANA en la Comunitat Valenciana, se dirigió personalmente al centro 112 debido a la falta de respuesta a sus solicitudes de rescate. Según ha afirmado, su intervención directa permitió salvar numerosas vidas.

Argüeso ha declarado en calidad de investigado dentro del proceso judicial que analiza la gestión de la emergencia por la riada. Durante su testimonio, ha recalcado que no tenía competencias para convocar al Cecopi, algo que correspondía a la entonces consellera Salomé Pradas, quien lo hizo sobre las 15:00 horas. También ha defendido al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, asegurando que no fue convocado al Cecopi y que, por tanto, no tenía por qué acudir.

Según el exnúmero dos de Emergencias, la dirección del operativo estaba en manos de Pradas y de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Asimismo, ha asegurado que no fue informado de la retirada de los bomberos forestales del barranco del Poyo, y que lo desconocía hasta fechas recientes. Ha indicado además que el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, estaba de vacaciones en esos días, y que su sustituta fue quien le pidió reincorporarse por la gravedad de la situación.

Gritos y protestas a su llegada a los juzgados

Argüeso ha llegado a los juzgados de València a las 9:45 horas, en medio de un ambiente de tensión. Familiares de víctimas y miembros de asociaciones lo recibieron con protestas, pancartas y gritos de “asesinos” y “di la verdad”, mientras sonaba una alarma del sistema ES-Alert. La Policía tuvo que intervenir para calmar los ánimos.


Salomé Pradas se desvincula de la dirección del operativo y se declara inexperta en emergencias

La exconsellera afirma que siguió siempre las instrucciones técnicas

También ha comparecido ante la jueza instructora la exconsellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, quien ha declarado durante casi tres horas, visiblemente emocionada. Pradas ha insistido en que no tenía experiencia en gestión de emergencias y que no dirigía el operativo, recalcando que fue su primera crisis de este tipo desde que asumió el cargo en julio de 2024.

Durante su testimonio, Pradas ha entregado un listado de llamadas realizadas y recibidas el día de la catástrofe, y ha explicado el rol de cada administración implicada. Ha señalado que la coordinación técnica recaía en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), liderado por José Miguel Basset, ex inspector jefe del Consorcio de Bomberos.

En relación con el retraso del aviso ES-Alert enviado a la población, Pradas ha defendido que no fue responsabilidad de Carlos Mazón, sino que se siguieron las directrices técnicas. El mensaje se emitió a las 20:11 horas, cuando ya había localidades inundadas y personas atrapadas.

“229 fallecidos, 0 responsables”: el clamor de las víctimas

La llegada de Pradas a la Ciudad de la Justicia, sobre las 9:17 horas, también estuvo marcada por una protesta masiva. Manifestantes portaban pancartas con lemas como “Mazón dimisión”, “Valencia no olvida” y “Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia”. Incluso se exhibió una figura gigante de Mazón con las manos rojas, simbolizando responsabilidad por la tragedia.

Pradas ha insistido en que su cargo era “institucional” y que eran los técnicos quienes tomaban decisiones. También ha señalado que no recibió ninguna advertencia sobre un posible desbordamiento del barranco del Poyo hasta avanzada la tarde, y que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no emitió alertas previas concluyentes.


 

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