València, 21 may (EFE).- El expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla se enfrentan a una petición de pena de 12 años de prisión por la causa de los trabajadores ‘zombis’ en Ciegsa e Imelsa, mientras que para el exsubdelegado del Gobierno Rafael Rubio la petición es de seis años.

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso EFE, el que fuese jefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, se encuentra en el primer grupo de acusados junto a Rus y Caturla y, como integrante de una organización criminal, se le reclaman igualmente 12 años.

Aunque en la descripción de los hechos se reclama para ellos un total de 18 años, por pertenencia a organización criminal, malversación, prevaricación y falsedad (en su modalidad continuada) el fiscal aprecia que estos tres últimos delitos están en concurso ideal, por lo que estima más beneficiosa la aplicación de una pena conjunta para el delito más grave en su grado máximo.

Por ello, la petición queda reducida a 12 años, más una multa de veinticuatro meses con una cuota diaria de 30 euros y la inhabilitación especial por 6 años.

En el caso del que fue gerente de Imelsa y autodenominado «yonqui del dinero», Marcos Benavent, el fiscal aprecia arrepentimiento y reclama para él una condena de 9 años y 6 meses, y de 4 años y medio para el presunto testaferro de Benavent, José Estarlich, que confesó lo sucedido, y para el empresario del sector de la comunicación José Adolfo Vedri, que según el fiscal se benefició de la trama porque Imelsa pagó los sueldos de dos de sus empleados, pero que «ha reparado el daño causado».

Para el ex diputado socialista en la Corporación provincial y exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, el fiscal reclama una condena de seis años de prisión.

A juicio de Anticorrupción, «uno de los objetivos marcados en dicha organización -supuestamente corrupta- era contentar políticamente determinadas voluntades, realizando para ello, entre otras cosas, contrataciones ficticias de personal, las cuales no respondían a un interés público, sino a los intereses de dicha organización, de tal forma que, bien por favores políticos, bien por su propio interés, se pagan retribuciones desde Ciegsa a personas que no realizaban ninguna función».

«Con arreglo a dicho artificio se contrató en Imelsa por orden de Alfonso Rus y consentimiento de los contratados, sabedores que no iban a desempeñar ningún trabajo, a los acusados Miguel Angel Mullor Domenech, futbolista del Olímpic de Xàtiva, club presidido por Alfonso Rus; Eva Luisa Sarrion, ama de casa y en paro con problemas económicos, natural de Xàtiva, y Ángel Ramón Sanchís Rosa, amigo personal de Alfonso Rus y desempleado, los cuales aceptaron firmar un contrato laboral falaz con la empresa Imelsa que les suponía cobrar un estipendio público sin contraprestación alguna».

Asimismo, el fiscal detalla que «por amistad personal con Marcos Benavent, y pidiéndole un favor el también acusado José Adolfo Vedri, le solicitó que con cargo a fondos públicos se hiciese cargo Imelsa de los sueldos de dos trabajadores suyos que en realidad trabajaban en su empresa La Gráfica, aceptando Marcos Benavent».

En el marco de las piezas B y F del conocido como caso Imelsa, la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra las 26 personas acusadas.

En el auto, hecho público este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se señala como órgano para el enjuiciamiento de la causa la Audiencia Provincial de Valencia y requiere a los acusados para que presenten fianzas que suman en su conjunto 4.721.081 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles.

El pasado mes de febrero este juzgado acumuló la pieza de B, relativa a las contrataciones supuestamente ficticias y simuladas en la empresa Imelsa, la actual Divalterra de la Diputación de Valencia, y las de la pieza F sobre las contrataciones también supuestamente irregulares en la empresa Ciegsa, de la Generalitat.

De las diligencias practicadas en ambas piezas se evidencia, a juicio de la instructora, la existencia de un nexo común y de un «interés único en obtener por los investigados un beneficio propio utilizando empresas públicas para ello».