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Occidente habría ofrecido ya a Putin estas condiciones para su rendición

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Putin amenaza guerra nuclear

Occidente le habría ofrecido Vladimir Putin los «términos de rendición» mientras las tropas rusas pierden el control de Jersón. Esto es lo que ha explicado Valery Solovey, antiguo profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, al Daily Mail.

Condiciones para la rendición

Solovey, quien afirma tener conexiones con el Kremlin, ha explicado que la rendición haría que Rusia devolviera el resto de Jersón y las regiones de Zaporiyia, Lugansk y Donetsk a Ucrania.

La península de Crimea, ocupada ilegalmente en 2014, se convertiría en una zona desmilitarizada, la flota del Mar Negro sería reubicada y su estatus no se volvería a discutir hasta el año 2029.

Libres de cargos por delitos

A cambio de devolver los territorios ilegalmente anexionados a Rusia, tanto a Putin como a sus socios no se les levantarían cargos por los delitos cometidos durante la guerra y también se les permitiría permanecer en el poder, continuó el profesor.

Reacción de Putin

Según el profesor, la propuesta fue discutida entre Kyiv y sus aliados occidentales antes de presentársela al círculo íntimo de Putin, quienes supuestamente habrían reaccionado de manera positiva a la idea.

Según Solovey, también se crearía otra zona desmilitarizada de casi 100 kilómetros «a lo largo y ancho de las fronteras entre Bielorrusia, Rusia y Ucrania, en la cual no se permitirían armas pesadas.

Además, Rusia tendría que renunciar a su presencia militar en la región de Transnistria en Moldavia y Ucrania tendría que comprometerse a no unirse a la OTAN durante al menos siete años.

Seis países acordaron proporcionar garantías de seguridad que respaldan el acuerdo, según afirmó Solovey, aunque no los nombró. Las garantías probablemente incluirían un pacto para salir en defensa de Ucrania si fuera atacada nuevamente, y los garantes probablemente incluirían a los aliados más cercanos de Kyiv, entre ellos EE. UU. y el Reino Unido.

¿Rusia quiere negociar?

Rusia ha estado pidiendo en los últimos días un regreso a la mesa de negociaciones y se cree que Estados Unidos está intentando que Ucrania haga lo mismo. Sin embargo, en varias ocasiones Zelenski ha afirmado que mientras Putin siga en el poder no habrá negociaciones.

 

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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