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Sánchez admite la «segunda curva» y delega en las Comunidades el solicitar el Estado de Alarma

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido la existencia de una «segunda curva» de COVID-19 que «vuelve a elevarse de manera amenazante» y ha advertido, con tono serio, de que su evolución en las últimas semanas «es preocupante».

Así se ha pronunciado en una declaración institucional en La Moncloa tras el Consejo de Ministros de este martes. El jefe del Ejecutivo ha transmitido un «mensaje de alerta pero serenidad» por el gran avance del COVID-19 en España. «Alerta porque la evolución es preocupante, especialmente en algunos territorios. Hay que atajarla. Serenidad porque estamos lejos de la situación de mediados de marzo. No podemos permitir que la pandemia vuelva a adueñarse de nuestra vida. No lo vamos a permitir», ha afirmado.

Sánchez ha instado a «tomar el control» para «doblegar esta segunda curva que vuelve a elevarse de manera amenazante».

«Tenemos que doblegar la curva unidos. Ya lo hicimos, sabemos hacerlo, y estoy convencido de que vamos a volver a hacerlo. Ya doblegamos la curva en situaciones más adversas y más dramáticas que las de ahora. Estoy convencido de que vamos a volver a hacerlo con la responsabilidad de cada uno y la responsabilidad de todos», recordando la necesidad del uso de mascarillas, distancia social y lavado de manos.

Respecto a las posibles causas del gran aumento de casos de COVID-19 en las últimas semanas, Sánchez ha hecho referencia a que es «evidente» y «público» que se deben principalmente a las reuniones familiares y están vinculadas al ocio nocturno.

El Presidente del Gobierno ha querido dejar claro que este repunte de casos se está viviendo en todos los países, no sólo en España. «Es un repunte generalizado de los contagios por las mismas causas. Las causas las sabemos, son públicas. Pero no son solamente de nuestro país. En todos los países europeos está habiendo la misma evolución».

Sánchez se ha referido a la situación desigual que se da por Comunidades Autónomas. «Hay comunidades que parecen haber logrado mayor eficacia en el control del virus, otras están teniendo problemas para hacer frente a la situación. La situación no es homogénea», por ello, ha instado a todas ellas a adopar la app Radar COVID tras el éxito en las pruebas.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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