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Sánchez admite la «segunda curva» y delega en las Comunidades el solicitar el Estado de Alarma

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido la existencia de una «segunda curva» de COVID-19 que «vuelve a elevarse de manera amenazante» y ha advertido, con tono serio, de que su evolución en las últimas semanas «es preocupante».

Así se ha pronunciado en una declaración institucional en La Moncloa tras el Consejo de Ministros de este martes. El jefe del Ejecutivo ha transmitido un «mensaje de alerta pero serenidad» por el gran avance del COVID-19 en España. «Alerta porque la evolución es preocupante, especialmente en algunos territorios. Hay que atajarla. Serenidad porque estamos lejos de la situación de mediados de marzo. No podemos permitir que la pandemia vuelva a adueñarse de nuestra vida. No lo vamos a permitir», ha afirmado.

Sánchez ha instado a «tomar el control» para «doblegar esta segunda curva que vuelve a elevarse de manera amenazante».

«Tenemos que doblegar la curva unidos. Ya lo hicimos, sabemos hacerlo, y estoy convencido de que vamos a volver a hacerlo. Ya doblegamos la curva en situaciones más adversas y más dramáticas que las de ahora. Estoy convencido de que vamos a volver a hacerlo con la responsabilidad de cada uno y la responsabilidad de todos», recordando la necesidad del uso de mascarillas, distancia social y lavado de manos.

Respecto a las posibles causas del gran aumento de casos de COVID-19 en las últimas semanas, Sánchez ha hecho referencia a que es «evidente» y «público» que se deben principalmente a las reuniones familiares y están vinculadas al ocio nocturno.

El Presidente del Gobierno ha querido dejar claro que este repunte de casos se está viviendo en todos los países, no sólo en España. «Es un repunte generalizado de los contagios por las mismas causas. Las causas las sabemos, son públicas. Pero no son solamente de nuestro país. En todos los países europeos está habiendo la misma evolución».

Sánchez se ha referido a la situación desigual que se da por Comunidades Autónomas. «Hay comunidades que parecen haber logrado mayor eficacia en el control del virus, otras están teniendo problemas para hacer frente a la situación. La situación no es homogénea», por ello, ha instado a todas ellas a adopar la app Radar COVID tras el éxito en las pruebas.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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