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Sanidad no descarta una tercera dosis de la vacuna y ampliar a menores de entre 6 y 12 años

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La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que el próximo reto de su departamento será suministrar una vacuna de refuerzo y ampliar la vacunación a los menores de entre 6 y 12 años cuando haya evidencia científica.

La ministra lo ha señalado así durante la inauguración del curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid ‘Las vacunas y la vacunación en tiempos de la COVID-19’, que se ha celebrado este lunes en San Lorenzo de El Escorial, bajo la dirección de Raúl Ortiz de Lejarazu, asesor científico y director emérito del Centro Nacional de Gripe de Valladolid.

Así, ha adelantado, esta semana se alcanzarán dos nuevos hitos: el 50% de la población habrá completado su vacunación -23,7 millones de personas- y, además, se superarán los 25 millones de personas con pauta completa; hitos que se sumarán a los de haber superado los 50 millones de dosis administradas y el 60% de la población con, al menos una dosis, de la pasada semana.

La ministra de Sanidad ha recordado que la prioridad del Gobierno de España sigue siendo alcanzar el 70% de la población vacunada antes de que termine el próximo mes de agosto y continuar con el resto de la población, poniendo especial énfasis en la gente joven y adolescente, antes que empiece el curso escolar.

Una vez alcanzada esa meta, ha proseguido Darias, quedará abordar, cuando la evidencia científica avance, la posibilidad de suministrar dosis de refuerzo, tras un régimen completo de vacunación. Como ha detallado la ministra, en estos momentos, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) está evaluando los datos de seguridad presentados por las compañías Pfizer/BioNTech y Moderna acerca de una tercera dosis frente a la COVID-19.

En la misma línea, se ha referido a la posibilidad de ampliar la vacunación a niños entre 6 y 12 años de edad, para lo que ya hay en marcha diversos ensayos.

Asimismo, se ha referido al impulso que el Gobierno de España está dando a iniciativas para colaborar con la vacunación contra la COVID-19 en otros países, caso de COVAX, en la que nuestro país participa con 22,5 millones de dosis o, los primeros 7,5 millones de dosis que se enviarán próximamente a Latinoamérica.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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