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Sanidad propone ampliar la vacunación con AstraZeneca hasta los 65 años

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EFE

Madrid, 22 mar (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha propuesto a las comunidades autónomas eliminar el límite de 55 años a la vacuna de AstraZeneca aunque, por operatividad y disponibilidad de dosis, plantea administrarla por el momento solo a los menores de 65 años.

Así lo ha decidido la Comisión de Salud Pública celebrada esta mañana, según han informado a Efe fuentes próximas a la reunión, aunque la propuesta deberá ser aún ratificada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebrará esta tarde.

La inmunización con el preparado de la Universidad de Oxford se retomará a partir del próximo miércoles después del parón decretado la semana pasada por el Ministerio de Sanidad mientras la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) dilucidaba si era la causa de varias decenas de casos de trombosis aparecidos en diversos países europeos, entre ellos España.

Hasta ahora, el plan de vacunación reservaba AstraZeneca a trabajadores esenciales menores de 55 años como bomberos, fuerzas de seguridad del Estado y docentes, así como sanitarios con menor riesgo de exposición y, posteriormente, a la población general de entre 45 y 55 años.

Pero varias comunidades -Cataluña, Madrid y Andalucía- llevan semanas pidiendo que se eliminara ese límite de edad, tal y como avalan organismos como la OMS y la EMA y han hecho todos los países europeos.

Los técnicos del Ministerio y los directores generales reunidos en la Comisión han apoyado finalmente hoy esta propuesta y plantean eliminar la restricción de edad, pero por cuestiones de operatividad y disposición de dosis, administrarla por ahora a los menores de 65.

A la espera de lo que decida el CISNS, el presidente manchego, Emiliano García-Page, ha dado por hecho que el acuerdo de la Comisión de Salud Pública saldrá adelante y que ello supondrá «un acelerón más» en la vacunación.

«Es un acelerón más que para que antes de que mediemos el verano, antes de agosto, tengamos a la población de más de 65 años vacunada», ha valorado García-Page, que ha añadido que si se puede llegar a esa fecha con la población de más de 60 años vacunada «significa estar muy por debajo de la media de edad de fallecimientos» que causa la covid-19.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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