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Sanidad recomienda el uso de mascarillas en transporte público a partir de este lunes

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El Gobierno hará desde este lunes un reparto masivo de mascarillas reutilizables como una medida de prevención, una vez que el Consejo de Ministros haya autorizado hoy la vuelta al trabajo a aquellas actividades consideradas como no esenciales, y que han estado paralizadas las últimas dos semanas.

La distribución se llevará a cabo, fundamentalmente, en las estaciones de metro y cercanías, con el fin de evitar así el riesgo de un posible rebrote de contagios por las aglomeraciones que, en muchas ocasiones, suelen producirse y que impedirían, asimismo, que se pueda guardar la distancia de seguridad aconsejada.

No será necesario, sin embargo, el uso de mascarillas para aquellas personas que se desplacen o bien andando, en bicicleta o en vehículo privado, porque «no hay dificultad de guardar la distancia que en algunos casos debe ser de un metro y en otras dos», ha señalado el titular de Sanidad, Salvador Illa, al término del Consejo de Ministros celebrado este viernes.

El ministro también ha anunciado que entre hoy y mañana se va a repartir otro millón de test rápidos a las comunidades autónomas, que ya han recibido 64.3 millones de material sanitario desde que comenzó la crisis. Y ha desvelado que en el día de hoy han llegado a España por el corredor aéreo otras 800.000 mascarillas y 500.000 guantes que irán destinados a personal sanitario y a otros colectivos profesionales esenciales.

Como el de los transportistas, concretamente los trabajadores del transporte público estatal, autonómico y local, y también a los del ámbito privado, de viajeros y de mercancías, a los que se les va a empezar a distribuir desde este sábado otro millón más de mascarillas, según han anunciado también desde el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Pese a estas nuevas medidas adoptadas en este primer tramo para la reactivación económica, las autoridades advierten que el país todavía sigue en estado de alarma, con las mismas restricciones de movilidad estipuladas el pasado 14 de marzo, incluidos los niños, que seguirán sin poder salir a la calle. No estamos todavía en fase de desescalada de las medidas adoptadas. Continúa el cierre de centros educativos, de establecimientos de ocio, y se deben seguir manteniendo todas las medidas preventivas de distanciamiento social.

Además, recomiendan que al menor síntoma no se acuda a trabajar, que tampoco lo hagan aquellas personas que han tenido contacto estrecho con otras que han dado positivo; y recuerdan que las medidas «claves y más relevantes» para evitar contagios siguen siendo mantener la distancia interpersonal, el lavado de manos y la higiene en los espacios públicos y privados.

En relación con las recomendaciones que Sanidad publicará a lo largo de la tarde ante la vuelta al trabajo de las personas que cesaron su actividad por no ser imprescindible, Illa ha adelantado que estas contemplan que no se incorporen todos aquellos que presenten síntomas de COVID-19 o tengan un contacto estrecho de personas con síntomas o positivos por coronavirus.

En cuanto al transporte público ha incidido en la importancia de la distancia interpersonal “mínimo un metro, si es posible dos metros”. En el centro de trabajo, ha explicado que se asegurará esta distancia interpersonal y se evitarán las aglomeraciones. Asimismo, se extremarán las medidas de higiene.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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