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Sanidad y comunidades revisarán la ley sobre la obligatoriedad de mascarillas

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EFE

Madrid/Valladolid, 31 mar (EFE).- El Ministerio de Sanidad y las comunidades trabajarán «de manera técnica» para intentar elaborar unos criterios de aplicación de la ley de «nueva normalidad» que contempla la obligatoriedad del uso de las mascarillas aún manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros.

Lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en rueda de prensa tras presidir por videoconferencia el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se ha celebrado en Valladolid y en la que ha comparecido junto a la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado.

La norma fue publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y es fruto del trabajo parlamentario a partir del real decreto de nueva normalidad que se aprobó en junio para tramitarse como proyecto de ley.

Fue el pasado 18 de marzo cuando el Pleno del Congreso aprobó definitivamente la ley tras la luz verde del Senado, donde se introdujo una enmienda -del PSOE- que fijaba la obligatoriedad de la mascarilla incluso manteniendo la distancia de seguridad, cuando hasta entonces el texto la contemplaba si no se podía mantener la distancia de 1,5 metros.

Esta ley ha sido objeto de análisis en el Interterritorial, donde Darias ha ofrecido a los consejeros, que también así lo han considerado, trabajar «de manera técnica» para intentar «dentro del margen» que posibilita la norma intentar elaborar unos criterios técnicos de aplicación.

LAS CCAA HAN PEDIDO QUE SE ACLARE LA NORMA

En este sentido, la ministra ha reconocido que a raíz de la publicación en el BOE, algunas autonomías han manifestado la necesidad de poder aclarar el punto sobre el uso obligatorio de las mascarillas aún con distancia de seguridad y «sobre todo de armonizar porque hay comunidades que tienen distinta normativa».

A juicio de Darias, ha transcurrido mucho tiempo desde que comenzó en verano la tramitación de la ley con lo que «puede» que sea necesario, «intentar buscar en el margen de ese marco legal» cómo poder aplicarla «de la manera mas armonizada posible y, sobre todo, de la manera más contextualizada posible.»

«Creo es muy importante ser capaces de armonizar, homogeneizar y contextualizar, éstas son las tres principales razones por las que he propuesto al Consejo trabajar de manera técnica para tratar de conseguir estos tres objetivos», ha apuntado la ministra.

La idea es que en el próximo Interterritorial se aborden las pautas marcadas tras ese trabajo técnico.

Algunas comunidades ya se han pronunciado, como Baleares que interpreta que la mascarilla no es obligatoria en playas y espacios naturales para quienes van solos o con sus convivientes y mantienen la distancia respecto a los demás, pero sí en las reuniones sociales en esos lugares, al margen de lo que diga la ley estatal.

Por su parte, el consejero cántabro de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha señalado que la ley se podrá «matizar» entre el Gobierno y las comunidades porque ha quedado «descontexualizada».

DOS MILLONES DE DOSIS EN UNA SEMANA

Al margen de esta norma, Darias ha anunciado que mañana llegarán a España más de un millón de vacunas de AstraZeneca, que se suman al poco más de un millón de las recibidas a principios de semana por parte de Pfizer y Moderna.

Así, esta semana será la primera en la que el país va a recibir más de dos millones de nuevas dosis, con lo que Darias ha insistido en que es importante que las comunidades vacunen todos los días de Semana Santa, para acelerar el proceso de inmunización.

Hasta el momento, según los datos de Sanidad que ha proporcionado la ministra, el 80 % de la población incluida en los grupos 1 a 6 de vacunación ha tenido ya una dosis administrada, mientras que el 41 % cuenta ya con las dos dosis.

Los grupos 1 a 6 incluyen a residentes y personal sanitario de centros de mayores; profesionales en primera línea en el ámbito sociosanitario; trabajadores de instituciones penitenciarias; grandes dependientes; personas vulnerables por su edad, y colectivos en activo con una función esencial para la sociedad.

ASTRAZENECA, HASTA LOS 65 AÑOS

En cuando a la quinta actualización de la estrategia de vacunación, aprobada ayer por la Comisión de Salud Pública, Darias ha precisado que el suero de AstraZeneca se administrará a personas de hasta 65 años, mientras que el resto de sueros disponibles (Pfizer y Moderna), así como los que se incorporen en breve (Janssen) se aplicarán para los mayores de esa edad.

Según esta actualización, se recomienda administrar la nueva vacuna de Janssen -que llega a España en abril- de forma paralela a las de Pfizer y Moderna para incrementar el ritmo de inmunización de los grupos de más edad.

MÁXIMA PRECAUCIÓN EN SEMANA SANTA

A las puertas de la Semana Santa, la ministra ha querido insistir en pedir «máxima precaución» y «máxima prudencia» porque estamos «en un momento crítico» de la pandemia, en un «período de transmisión valle con tendencia al alza en casi todos los territorios».

De esta forma, ha llamado «a la responsabilidad» para especialmente «ganar tiempo», porque «cada semana que consigamos retrasar el incremento de contagios estamos ganando tiempo al virus».

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El Congreso rechaza la indemnización solicitada por Ábalos tras dejar su escaño y jubilarse

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José Luis Ábalos
El exministro de transporte José Luis Ábalos llega al Tribunal Supremo para declarar como investigado. - Eduardo Parra - Europa Press

Los servicios jurídicos concluyen que el exministro no tiene derecho a la compensación por estar suspendido de funciones y percibir ya una pensión de jubilación

El Congreso de los Diputados ha rechazado conceder la indemnización por cese solicitada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos tras renunciar a su escaño y acogerse a la jubilación. Los servicios jurídicos de la Cámara consideran que no cumple los requisitos para percibir esta compensación, ya que se encontraba suspendido de sus funciones y, además, ya recibe una pensión de jubilación.

Ábalos ingresó en noviembre en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real por su presunta implicación en el caso Koldo. Dos meses después presentó su renuncia como diputado y, al día siguiente, anunció su retirada de la vida política, alegando que había quedado “sin derechos, deberes ni funciones” y que había agotado todas las vías para defenderse.

La compensación solicitada superaba los 57.000 euros

Tras dejar su escaño, el exministro solicitó al Congreso la indemnización por cese, una prestación económica destinada a los diputados que abandonan la Cámara y no cuentan con otros ingresos. En su caso, la cuantía podría haber superado los 57.000 euros, al haber sido diputado de forma ininterrumpida desde 2009.

Sin embargo, los letrados del Congreso han desestimado la petición. En su informe, recuerdan que la suspensión de un diputado implica la pérdida total de derechos, prerrogativas y beneficios asociados al cargo, y subrayan que ninguno de los parlamentarios suspendidos en situaciones similares ha percibido esta compensación.

“No es razonable entender que la renuncia al acta suponga recuperar unos derechos que ya no existían”, concluye el documento jurídico elaborado por la Cámara.

Incompatibilidad con la pensión de jubilación

Además de la suspensión de funciones, el Congreso considera que la indemnización es incompatible con la pensión de jubilación a la que se ha acogido Ábalos. La normativa establece que esta prestación tiene como objetivo facilitar la transición a la vida laboral de los diputados que se quedan sin ingresos tras abandonar el cargo.

Según los servicios jurídicos, percibir simultáneamente una pensión de jubilación y la indemnización por cese sería contrario a la finalidad de la ayuda, que se interrumpe cuando el beneficiario obtiene otra fuente de ingresos, ya sea pública o privada.

Decisión definitiva de la Mesa del Congreso

La decisión será formalizada de manera definitiva este martes por la Mesa del Congreso, lo que dejará al exministro sin derecho a la compensación económica solicitada. Ábalos permanece en prisión preventiva a la espera de juicio por el caso Koldo.

En los próximos días, su escaño será ocupado por la siguiente candidata del PSOE por Valencia, Ana María González Herdaro, poniendo fin a una trayectoria parlamentaria de casi 15 años en la Cámara Baja.

 

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