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Se amplía el espacio peatonal de la calle Cirilo Amorós

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hace 7 años

en

VALENCIA, 7 Feb – Desde las 9 horas de estejueves 7 de febrero, los técnicos del servicio de Movilidad Sostenible han iniciado la actuación necesaria para invertir los dos primeros tramos de la calle Ciril Amorós, entre la calle Russafa y la calle Pizarro. Como se informó a vecinos, AMPA y comerciantes y empresarios de la zona en la reunión informativa mantenida el pasado 23 de enero, la inversión supondrá la mejora de la circulación peatonal y del transporte público en un eje que atraviesan cada día cerca de 20.000 peatones y por el que discurren 8 líneas de EMT diurnas y 2 nocturnas.

A su vez, como se está produciendo en cada actuación realizada por el servicio de Movilidad que comporta una redefinición de la vía, y atendiendo a las demandas de las madres y padres del colegio público San Juan de Ribera, se ha aprovechado la actuación para ampliar espacios peatonales en una calle (entre la calle Russafa y Fèlix Pizcueta) que cuenta con diez vados de garaje, dos de ellos que dan entrada y salida a aparcamientos de grandes dimensiones.

Así, mediante una actuación blanda realizada con pintura, bancos y maceteros, se ampliarán los espacios peatonales existentes en el lado impar de Ciril Amorós, entre los números 1 y 7, ampliando el espacio peatonal al margen que hasta ahora ocupaba el aparcamiento en cordón allí donde no hay vados de acceso a aparcamientos. Del mismo modo, en el lado par se ampliará el espacio peatonal en las zonas de aparcamiento en batería desde los números 2 al 6. Esto, unido a la creación de un estacionamiento de uso exclusivo para motos en horario diurno y de uso mixto para coches y motos en nocturno en el cordón entre los números 9 y 17, permitirá liberar de estacionamiento de motocicletas las aceras en ese tramo de Ciril Amorós y en la calle Russafa (entre las Grandes Vías y Xàtiva), así como el desplazamiento de la única terraza presente ahora sobre la acera de Ciril Amorós al nuevo espacio peatonal ganado en la antigua calzada.

El restante estacionamiento en batería en los números pares de Ciril Amorós quedará como hasta ahora, aunque redefinido de acuerdo al nuevo sentido del tráfico, con la inclusión, a petición de los comerciantes del entorno, de sendas zonas de carga y descarga en los extremos de la calle para facilitar el abastecimiento, tanto de los comercios de Russafa como de los de ese tramo de Ciril Amorós.

La actuación supondrá una mejora sustancial en el espacio peatonal disponible frente a la entrada del colegio público San Juan de Ribera, junto al que hace muchos años se autorizó la creación de un acceso a un aparcamiento público de grandes dimensiones. El espacio peatonal inmediatamente frontal a la entrada del colegio se va ampliar hacia su izquierda tanto en la misma acera de la salida, como en la frontal, protegiéndose las nuevas áreas mediante maceteros y otros elementos. Del mismo modo se instalará una señal vertical P-21 de ‘Atención Colegio’ junto a una limitación a 20Km/h a la entrada a Ciril Amorós desde Fèlix Pizcueta y se añadirá señalización horizontal P-21 previa al paso de peatones en el frontal de la escuela, que también se ampliará.

«Esta actuación supone un enorme paso adelante en la mejora de un entorno en el que, por falta de atención a los vecinos, a los escolares del entorno, a las necesidades de transporte público y a las miles y miles de personas que circulan caminando por ella a diario, se concentran un gran número de intereses desatendidos y despreciados desde hace décadas por las anteriores administraciones. Ahora, realizamos una profunda mejora, que compagina primero las necesidades de peatones, que son el eslabón más frágil en la vía pública, sin desatender las necesidades de los comerciantes del entorno, y sin obviar los derechos de los propietarios de aparcamientos que se autorizaron en ese entorno sin haber tenido la sensibilidad de prever las consecuencias que podrían generar en un entorno tan sensible como ese», ha señalado el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi.

El concejal ha querido en este sentido «poner en valor la reivindicación de un mejor y más seguro espacio público en los entornos escolares realizado por las madres y padres del colegio público San Juan de Ribera». Una reivindicación, ha añadido, que «deja en evidencia que, a pesar de las campañas apuntando en sentido contrario, la presencia de coches en las puertas de las escuelas son la principal preocupación de las madres y padres de las niñas y niños, y hay una reclamación mayoritaria para que se eviten comportamientos abusivos en los entornos escolares a la que, por lo que toca al servicio de Movilidad Sostenible, estamos atendiendo».

Fuente: Ajuntament de València

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El juez de la AN deja en libertad con cautelares a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y al socio de Cerdán

Publicado

hace 17 horas

en

13 diciembre, 2025

De

Leire Díez
La exconcejal y exmilitante socialista Leire Díez a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) – El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha acordado este sábado dejar en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el juez les ha impuesto como medidas cautelares retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

Medidas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción

Son las medidas que ha solicitado la fiscal de Anticorrupción Elisa Lamelas y, al no haber ninguna otra parte de momento en la causa, el juez no podía acordar prisión para ninguno de ellos, que han salido por su propio pie de la AN sobre las 13.42 horas.

Llegada a la Audiencia Nacional y declaraciones

Los tres detenidos han llegado en furgón policial a la Audiencia Nacional a las 08.30 horas de este sábado. El magistrado, por su parte, ha comenzado a tomarles declaración a las 10.00 horas.

Las fuentes consultadas señalan que Díez se ha negado a declarar porque no conoce el motivo de su detención ni los hechos que se le atribuyen.

Fernández, por su parte, ha respondido a preguntas del juez, de la Fiscalía y de su propia defensa. Fuentes jurídicas señalan que se le investiga por presuntos amaños en la adjudicación de contratos entre 2021 y 2022, un extremo que ha negado en su declaración, en la que también se le ha preguntado por Servinabar, la empresa de la que serían socios el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y su amigo Alonso.

Este último, Alonso, se ha acogido a su derecho a no declarar.

Investigación bajo secreto de sumario

Los tres fueron arrestados este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a raíz de sendas órdenes de detención del juez, que mantiene las pesquisas bajo secreto de sumario.

La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Registros y requerimientos de información

El instructor ordenó registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que –según las pesquisas de la UCO– está vinculada a Cerdán.

Los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza. Asimismo, se personaron en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para requerir información.

También se personaron para solicitar documentación en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, que precisó que la Guardia Civil acudió a su sede para reclamar dos expedientes administrativos que han sido facilitados a los uniformados «con total colaboración», agregando que «fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos».

Además de ellos tres, en la causa se encuentra investigado el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, según anunció este viernes el PSPV. Fuentes del caso consultadas por Europa Press elevan los investigados en estas pesquisas a más de una docena.

Díez trabajó para empresas de la SEPI

La exmilitante del PSOE también figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, por presuntamente ofrecer favores a cambio de información sobre miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.

El juez Arturo Zamarriego considera que la exconcejal socialista «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada» para «recabar información comprometida o irregular» con el fin de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».

Díez declaró el pasado 17 de noviembre ante el juez que mantuvo dos reuniones con Cerdán, aunque señaló que fue como periodista y que no tiene ningún vínculo con el partido ni ofreció favores. E hizo un repaso por su vida laboral, indicando que en 2018 entró en Enusa, donde estuvo hasta 2021, cuando se fue con una excedencia voluntaria a Correos como jefa de Relaciones Institucionales, ambas compañías dependientes de la SEPI.

Servinabar pagó a Fernández

Por su parte, Fernández fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018, cargo del que dimitió en octubre de 2019 por su imputación en el ‘caso Aznalcóllar’, por el que acabó sentado en el banquillo por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina, pero del que fue absuelto este año.

Fernández aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del ‘caso Koldo’ sobre la información tributaria de Servinabar.

En esos documentos se detalla que Fernández recibió de la empresa un total de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022.

La segunda imputación de Alonso

Alonso, administrador único de Servinabar, está siendo también investigado por el Supremo en la pieza del ‘caso Koldo’ relativa a la presunta trama de amaños de obra pública.

Cuando tuvo que declarar el pasado 8 de julio ante el magistrado instructor, Leopoldo Puente, el empresario negó el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas, desvinculó a Cerdán de dicha empresa y reconoció que realizó pagos al exasesor ministerial Koldo García por su intermediación como comisionista de proyectos de construcción privados anteriores a 2017.

Alonso defendió que él siempre ha sido socio único de Servinabar, quitando validez al contrato privado de compraventa hallado por la Guardia Civil donde consta que Cerdán adquirió por 6.000 euros 1.350 participaciones (45%) de esa empresa, que se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.

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