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Estas son las medidas extraordinarias para las pruebas de selectividad en la Comunitat Valenciana

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La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital ha puesto en marcha un protocolo de seguridad para la realización de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), en colaboración con las conselleries de Justicia, Educación, Sanidad y Hacienda, debido a la situación generada por la COVID-19 y que ha supuesto la adopción de medidas extraordinarias con el objetivo de proteger la salud y seguridad del alumnado que se presenta a los exámenes.

La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, ha destacado que la Generalitat «ha puesto en marcha un dispositivo sin precedentes para que el alumnado pueda acudir con confianza y seguridad a realizar las pruebas».

También ha agradecido a «todos los efectivos que participan en el proceso: miembros de los tribunales y de los centros, profesorado voluntario, efectivos de Protección Civil y Policía Local su implicación personal para que las PAU se desarrollen de forma adecuada».

Las pruebas ordinarias se realizarán los próximos días 7, 8 y 9 de julio, en 470 centros de Bachillerato que ya están preparados para acoger a los casi 24.000 alumnos y alumnas que acudirán a examinarse.

Para que las PAU puedan realizarse con las máximas medidas de seguridad, la Conselleria de Innovación ha preparado un suministro de 33.545 mascarillas que se repartirán entre el alumnado y alrededor de 3.090 unidades de gel hidroalcohólico.

Asimismo, está previsto que cerca de 2.500 profesores y profesoras voluntarios, participen en el desarrollo de las pruebas, además de los efectivos de Protección Civil y Policía Local. También habrá más de 2.000 vigilantes y alrededor de 1.800 personas que forman parte del personal asignado encargado del proceso.

Todos ellos se distribuirán entre las 2.173 aulas de toda la Comunitat Valenciana (788 en Alicante, 254 en Castellón y 1.131 en Valencia), en las que el grupo de coordinación de las pruebas ha trabajado previamente para tener previstas todas las medidas necesarias atendiendo a las especificidades de cada centro.

Vídeo explicativo

La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital ha elaborado un vídeo dirigido al alumnado en el que resume las medidas de seguridad y explica el funcionamiento de las pruebas.

El objetivo es informar sobre todas las medidas de seguridad que deben cumplirse, como es el uso de mascarillas y geles hidroalcohólicos, evitar aglomeraciones, el mantenimiento de distancias de seguridad y los horarios de llegada (45 minutos antes del examen).

También explica que todas las personas que participen irán identificadas con tarjetas de colores. Los miembros del tribunal llevará una tarjeta verde, las personas coordinadoras de centro, de color rojo, los vigilantes, amarilla y el personal llevará una tarjeta naranja. El alumnado irá identificado con el color azul.

Enlaces de los vídeos:

consultar aquí (Castellano)

consultar ací (Valenciano)

Simulacro de las pruebas

La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, ha podido comprobar de primera mano esta semana todo el dispositivo organizado para las PAU, durante el simulacro realizado el pasado día 30 de junio en los centros que acogen las pruebas.

Carolina Pascual visitó el IES Benlliure de Valencia, donde se desarrolló uno de los simulacros, en el que participaron los coordinadores de las pruebas y los vocales-correctores del tribunal, además de un equipo de Protección Civil y voluntarios que representaron a los estudiantes que se presentan a los exámenes.

La prueba sirvió para confirmar el correcto funcionamiento del sistema informático de control de acceso y apertura de la aplicación, así como para verificar la descarga de documentos, con el objetivo de conseguir que no se produzcan problemas en los días de la realización de los exámenes.

Aumento significativo de matrículas

Cabe destacar que este curso se ha producido un aumento significativo con respecto al curso anterior de los alumnos y alumnas matriculados en las PAU. Alrededor de 3.700 estudiantes más se van a examinar en las pruebas del mes julio, lo que representa un 18,4 por ciento más que en 2019 y eleva la cifra de presentados en 2020 a 23.979.

Por universidades, las personas matriculadas en esta prueba se desglosan de la siguiente manera: Universidad de Alicante, 4.166 estudiantes (1.688 hombres y 2.468 mujeres), 3.983 de los cuales acceden desde Bachillerato y 173 desde ciclos formativos; Universitat Jaume I, 2.816 personas (1.703 mujeres y 1.113 hombres), 2,674 de las cuales proceden de Bachillerato y 142 de ciclos formativos; Universidad Miguel Hernández de Elche, 4.225 personas matriculadas (2.553 mujeres y 1.672 hombres), 4.099 de las cuales son de Bachillerato y 126 de ciclos formativos; Universitat Politècnica de València, 6.075 estudiantes (3.596 mujeres y 2.479 hombres), 5.346 de los cuales proceden de Bachillerato y 729 de ciclos formativos, y Universitat de València, 6.707 alumnos y alumnas (3.910 mujeres y 2.797 hombres), de los cuales 6.368 son de Bachillerato y 339 de ciclos formativos.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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