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Sube un 1% el precio de la vivienda usada en València capital y un 0,6% en la Comunitat Valenciana

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VALÈNCIA, 30 Sep.- El precio medio de la vivienda usada por metro cuadrado subió un 0,6% en la Comunitat Valenciana durante el tercer trimestre de 2019, hasta una media de 1.389 euros, en comparación a los tres meses anteriores. La subida llega al 3,3% respecto al mismo periodo de 2018, según el índice de precios de Idealista.

En València capital creció un 1% entre julio y septiembre en comparación al segundo trimestre, lo que deja el precio del metro cuadrado en 1.767 euros, y a nivel interanual hasta un 6%, detalla la inmobiliaria en un comunicado.

De hecho, solo cuatro distritos de la ciudad vieron caer sus precios durante el verano. La mayor caída se dio en Campanar (-2,9%), seguido por Poblats Marítims (-0,5%), Camins al Grau (-0,4%) y L’Olivereta (-0,1%). Por el contrario, la mayor subida la marcó Algirós (7,7%), por delante de Benimaclet (7,3%), La Saïdia (6,6%), Quatre Carreres (3,1%), Jesús (2,9%) y Ciutat Vella (2,5%).

En València, los precios más altos se registraron en L’Eixample (3.000 euros/m2), Ciutat Vella (2.781 euros/m2) y el Pla del Real (2.570 euros/m2). En la parte baja de la tabla están Rascanya (1.131 euros/m2), L’Olivereta (1.304 euros/m2) y Jesús (1.367 euros/m2), por lo que se posicionaron como los distritos más económicos de la capital.

En el conjunto de la provincia de Valencia también se produjo una subida del precio de la vivienda usada durante el último trimestre, hasta un 1,1% en comparación a los tres meses anteriores y una media de 1.225 euros por metro cuadrado.

HASTA UN 13,8% MÁS CARAS EN BANYERES

Por su parte, en Alicante aumentó un 1% durante el verano y un 2,9% en tasa interanual. La mayor subida se registró en Banyeres, donde los propietarios pedían hasta un 13,8% más por sus viviendas que hace tres meses. Le siguen las subidas de Teulada (11,3%) y Callosa de Segura (9,2%).

En el lado contrario, las caídas de Callosa d’En Sarria (-12,3%), Cocentaina (-10,1%) y Rebolledo (-7,6%). Alicante capital marcó un incremento del 2,1% en el precio de la vivienda usada, hasta una media de 1.491 euros por metro cuadrado.

UN 11,3% MÁS BARATAS EN ALCALÀ DE XIVERT
En la provincia de Castellón el precio subió un 1,1% en los últimos tres meses, hasta 1.094 euros por metro. Entre los mercados que bajaron, Alcalà de Xivert anotó la más acusada con un 11,3% de caída, mientras que la mayor subida se produjo en Benicàssim (3,3%) y Borriol (3,1%). En la capital cayó un 1,2% durante verano, con una media de 1.096 euros por metro cuadrado.

Por su parte, en el conjunto de España, el precio de la vivienda usada marcó una subida del 0,2% durante el tercer trimestre de 2019, lo que deja el metro cuadrado en 1.735 euros, y hasta un 4,2% en comparación al mismo periodo del año pasado.

El informe de verano refleja que las subidas de precio continúan como mayoritarias en las capitales españolas. Aún así los grandes mercados comienzan a relajar sus ritmos de crecimiento y en algunos casos comienzan a verse descensos, mientras que los mayores incrementos se trasladan a mercados menores.

De esta forma, nueve comunidades autónomas vieron cómo sus precios crecían durante este trimestre, mientras que 25 provincias lograron cerrar el tercer cuarto del año en positivo, según el balance de la compañía inmobiliaria.

INCERTIDUMBRE
Para el jefe de estudios de idealista, Fernando Encinar, «las cifras de precios, hipotecas y compraventas están de alguna manera desvirtuadas por la incertidumbre en la que lleva instalada el país durante los últimos meses».

«Propietarios y posibles compradores están a la espera antes de tomar sus decisiones. Las cifras macroeconómicas que vienen de Europa no ayudan a arrojar luz a un mercado en el que ya se empiezan a oír los primeros rumores de un posible cambio de ciclo», ha aseverado.

Fuente: EUROPA PRESS

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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