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Sube un 2,25% el precio de la vivienda de segunda mano en la Comunitat Valenciana

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firma de hipotecas en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 2 Sep.- La vivienda de segunda mano en la Comunitat Valenciana tuvo un precio medio de 1.437 euros por metro cuadrado en agosto, una cifra que supone un aumento del 0,23% respecto a julio y del 2,25% respecto a agosto del año pasado, según el informe mensual de precios de pisos.com, que la sitúa como la octava autonomía más barata.

Mensualmente, las subidas de Valencia (0,51%) y Alicante (0,17%) han sido muy modestas, mientras Castellón (-0,04%) ha sido la segunda provincia española que menos bajó. Respecto al año pasado, Alicante (3,59%) ha sido la decimocuarta provincia española que más ha crecido, Valencia (2,63%) ha subido de forma más leve, y Castellón (0,37%) ha sido la cuarta que menos subió de España.

En cuestión de precios, Alicante (1.692 €/m2) se ha situado como la undécima provincia más cara de España, mientras que Valencia (1.282 €/m2) y Castellón (1.145 €/m2) se situaban en un rango de precios más barato.

Respecto a las capitales valencianas, Alicante (0,73%) y València (0,36%) han repuntado ligeramente en el último mes, en tanto que Castelló (-0,83%)ha arrojado un ajuste intermedio. València (7,78%) ha sido la decimosexta que más ha subido del país de un año a otro. Castelló (-0,12%) ha sido la que menos cayó de España, y Alicante (-2,53%) ha sufrido un ajuste más pronunciado.

Con 1.164 euros por metro cuadrado en agosto de 2019, Castelló es la séptima capital de provincia más asequible de España. Alicante
(1.654 €/m2) y Valencia (1.924 €/m2) son algo más caras.

En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en agosto de 2019 registró un precio medio de 1.698 euros por metro cuadrado, arrojando un descenso mensual del 0,08%. De un año a otro, la cifra registrada marcó una subida del 5,32%.

Según el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, «los precios han levantado el pie del acelerador, pero todavía es necesario impulsar el volcado de oferta para que las zonas que han encabezado los repuntes estos años se enfríen».

Para el experto, «se corre el riesgo de entrar en una fase de estancamiento si no se agiliza la concesión de licencias, un elemento clave para que la actividad inmobiliaria no pierda dinamismo». El directivo apunta que, «dado que el endeudamiento excesivo está bajo control gracias a la prudencia con la que está operando la banca, solo falta que la demanda solvente tenga más producto disponible».

Font ha explicado que hay un amplio sector de la población que está en «tierra de nadie». El experto se refiere a «las rentas que quedan fuera del ámbito de la vivienda pública, pero cuyo nivel de ingresos no permite ahorrar lo suficiente como para abordar el porcentaje que no financian los bancos». Este sector de la sociedad, sobre todo el que vive en capitales con una alta densidad, tampoco encuentra demasiadas facilidades en el mercado del alquiler, «puesto que las mensualidades que exigen los propietarios están disparadas».

Por tanto, ha agregado, «la inyección de dinero público se hace más necesaria que nunca dentro de la rehabilitación y la construcción de vivienda en alquiler a precios asequibles».

Fuente: EUROPA PRESS

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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