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Sube un 2,25% el precio de la vivienda de segunda mano en la Comunitat Valenciana

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firma de hipotecas en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 2 Sep.- La vivienda de segunda mano en la Comunitat Valenciana tuvo un precio medio de 1.437 euros por metro cuadrado en agosto, una cifra que supone un aumento del 0,23% respecto a julio y del 2,25% respecto a agosto del año pasado, según el informe mensual de precios de pisos.com, que la sitúa como la octava autonomía más barata.

Mensualmente, las subidas de Valencia (0,51%) y Alicante (0,17%) han sido muy modestas, mientras Castellón (-0,04%) ha sido la segunda provincia española que menos bajó. Respecto al año pasado, Alicante (3,59%) ha sido la decimocuarta provincia española que más ha crecido, Valencia (2,63%) ha subido de forma más leve, y Castellón (0,37%) ha sido la cuarta que menos subió de España.

En cuestión de precios, Alicante (1.692 €/m2) se ha situado como la undécima provincia más cara de España, mientras que Valencia (1.282 €/m2) y Castellón (1.145 €/m2) se situaban en un rango de precios más barato.

Respecto a las capitales valencianas, Alicante (0,73%) y València (0,36%) han repuntado ligeramente en el último mes, en tanto que Castelló (-0,83%)ha arrojado un ajuste intermedio. València (7,78%) ha sido la decimosexta que más ha subido del país de un año a otro. Castelló (-0,12%) ha sido la que menos cayó de España, y Alicante (-2,53%) ha sufrido un ajuste más pronunciado.

Con 1.164 euros por metro cuadrado en agosto de 2019, Castelló es la séptima capital de provincia más asequible de España. Alicante
(1.654 €/m2) y Valencia (1.924 €/m2) son algo más caras.

En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en agosto de 2019 registró un precio medio de 1.698 euros por metro cuadrado, arrojando un descenso mensual del 0,08%. De un año a otro, la cifra registrada marcó una subida del 5,32%.

Según el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, «los precios han levantado el pie del acelerador, pero todavía es necesario impulsar el volcado de oferta para que las zonas que han encabezado los repuntes estos años se enfríen».

Para el experto, «se corre el riesgo de entrar en una fase de estancamiento si no se agiliza la concesión de licencias, un elemento clave para que la actividad inmobiliaria no pierda dinamismo». El directivo apunta que, «dado que el endeudamiento excesivo está bajo control gracias a la prudencia con la que está operando la banca, solo falta que la demanda solvente tenga más producto disponible».

Font ha explicado que hay un amplio sector de la población que está en «tierra de nadie». El experto se refiere a «las rentas que quedan fuera del ámbito de la vivienda pública, pero cuyo nivel de ingresos no permite ahorrar lo suficiente como para abordar el porcentaje que no financian los bancos». Este sector de la sociedad, sobre todo el que vive en capitales con una alta densidad, tampoco encuentra demasiadas facilidades en el mercado del alquiler, «puesto que las mensualidades que exigen los propietarios están disparadas».

Por tanto, ha agregado, «la inyección de dinero público se hace más necesaria que nunca dentro de la rehabilitación y la construcción de vivienda en alquiler a precios asequibles».

Fuente: EUROPA PRESS

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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