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Sube un 2,25% el precio de la vivienda de segunda mano en la Comunitat Valenciana

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firma de hipotecas en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 2 Sep.- La vivienda de segunda mano en la Comunitat Valenciana tuvo un precio medio de 1.437 euros por metro cuadrado en agosto, una cifra que supone un aumento del 0,23% respecto a julio y del 2,25% respecto a agosto del año pasado, según el informe mensual de precios de pisos.com, que la sitúa como la octava autonomía más barata.

Mensualmente, las subidas de Valencia (0,51%) y Alicante (0,17%) han sido muy modestas, mientras Castellón (-0,04%) ha sido la segunda provincia española que menos bajó. Respecto al año pasado, Alicante (3,59%) ha sido la decimocuarta provincia española que más ha crecido, Valencia (2,63%) ha subido de forma más leve, y Castellón (0,37%) ha sido la cuarta que menos subió de España.

En cuestión de precios, Alicante (1.692 €/m2) se ha situado como la undécima provincia más cara de España, mientras que Valencia (1.282 €/m2) y Castellón (1.145 €/m2) se situaban en un rango de precios más barato.

Respecto a las capitales valencianas, Alicante (0,73%) y València (0,36%) han repuntado ligeramente en el último mes, en tanto que Castelló (-0,83%)ha arrojado un ajuste intermedio. València (7,78%) ha sido la decimosexta que más ha subido del país de un año a otro. Castelló (-0,12%) ha sido la que menos cayó de España, y Alicante (-2,53%) ha sufrido un ajuste más pronunciado.

Con 1.164 euros por metro cuadrado en agosto de 2019, Castelló es la séptima capital de provincia más asequible de España. Alicante
(1.654 €/m2) y Valencia (1.924 €/m2) son algo más caras.

En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en agosto de 2019 registró un precio medio de 1.698 euros por metro cuadrado, arrojando un descenso mensual del 0,08%. De un año a otro, la cifra registrada marcó una subida del 5,32%.

Según el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, «los precios han levantado el pie del acelerador, pero todavía es necesario impulsar el volcado de oferta para que las zonas que han encabezado los repuntes estos años se enfríen».

Para el experto, «se corre el riesgo de entrar en una fase de estancamiento si no se agiliza la concesión de licencias, un elemento clave para que la actividad inmobiliaria no pierda dinamismo». El directivo apunta que, «dado que el endeudamiento excesivo está bajo control gracias a la prudencia con la que está operando la banca, solo falta que la demanda solvente tenga más producto disponible».

Font ha explicado que hay un amplio sector de la población que está en «tierra de nadie». El experto se refiere a «las rentas que quedan fuera del ámbito de la vivienda pública, pero cuyo nivel de ingresos no permite ahorrar lo suficiente como para abordar el porcentaje que no financian los bancos». Este sector de la sociedad, sobre todo el que vive en capitales con una alta densidad, tampoco encuentra demasiadas facilidades en el mercado del alquiler, «puesto que las mensualidades que exigen los propietarios están disparadas».

Por tanto, ha agregado, «la inyección de dinero público se hace más necesaria que nunca dentro de la rehabilitación y la construcción de vivienda en alquiler a precios asequibles».

Fuente: EUROPA PRESS

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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