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Sube un 2,25% el precio de la vivienda de segunda mano en la Comunitat Valenciana

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firma de hipotecas en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 2 Sep.- La vivienda de segunda mano en la Comunitat Valenciana tuvo un precio medio de 1.437 euros por metro cuadrado en agosto, una cifra que supone un aumento del 0,23% respecto a julio y del 2,25% respecto a agosto del año pasado, según el informe mensual de precios de pisos.com, que la sitúa como la octava autonomía más barata.

Mensualmente, las subidas de Valencia (0,51%) y Alicante (0,17%) han sido muy modestas, mientras Castellón (-0,04%) ha sido la segunda provincia española que menos bajó. Respecto al año pasado, Alicante (3,59%) ha sido la decimocuarta provincia española que más ha crecido, Valencia (2,63%) ha subido de forma más leve, y Castellón (0,37%) ha sido la cuarta que menos subió de España.

En cuestión de precios, Alicante (1.692 €/m2) se ha situado como la undécima provincia más cara de España, mientras que Valencia (1.282 €/m2) y Castellón (1.145 €/m2) se situaban en un rango de precios más barato.

Respecto a las capitales valencianas, Alicante (0,73%) y València (0,36%) han repuntado ligeramente en el último mes, en tanto que Castelló (-0,83%)ha arrojado un ajuste intermedio. València (7,78%) ha sido la decimosexta que más ha subido del país de un año a otro. Castelló (-0,12%) ha sido la que menos cayó de España, y Alicante (-2,53%) ha sufrido un ajuste más pronunciado.

Con 1.164 euros por metro cuadrado en agosto de 2019, Castelló es la séptima capital de provincia más asequible de España. Alicante
(1.654 €/m2) y Valencia (1.924 €/m2) son algo más caras.

En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en agosto de 2019 registró un precio medio de 1.698 euros por metro cuadrado, arrojando un descenso mensual del 0,08%. De un año a otro, la cifra registrada marcó una subida del 5,32%.

Según el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, «los precios han levantado el pie del acelerador, pero todavía es necesario impulsar el volcado de oferta para que las zonas que han encabezado los repuntes estos años se enfríen».

Para el experto, «se corre el riesgo de entrar en una fase de estancamiento si no se agiliza la concesión de licencias, un elemento clave para que la actividad inmobiliaria no pierda dinamismo». El directivo apunta que, «dado que el endeudamiento excesivo está bajo control gracias a la prudencia con la que está operando la banca, solo falta que la demanda solvente tenga más producto disponible».

Font ha explicado que hay un amplio sector de la población que está en «tierra de nadie». El experto se refiere a «las rentas que quedan fuera del ámbito de la vivienda pública, pero cuyo nivel de ingresos no permite ahorrar lo suficiente como para abordar el porcentaje que no financian los bancos». Este sector de la sociedad, sobre todo el que vive en capitales con una alta densidad, tampoco encuentra demasiadas facilidades en el mercado del alquiler, «puesto que las mensualidades que exigen los propietarios están disparadas».

Por tanto, ha agregado, «la inyección de dinero público se hace más necesaria que nunca dentro de la rehabilitación y la construcción de vivienda en alquiler a precios asequibles».

Fuente: EUROPA PRESS

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Hasta 72.121 euros por fallecido en el accidente de tren de Urda: todas las ayudas e indemnizaciones aprobadas por el Gobierno

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El Consejo de Ministros aprueba un paquete de 30 millones de euros con ayudas directas para las víctimas y anticipos de las indemnizaciones. Las cantidades serán compatibles con otras compensaciones y estarán exentas de tributación.

El Gobierno ha aprobado este martes un paquete extraordinario de ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que contempla hasta 72.121,46 euros por cada persona fallecida y compensaciones de entre 2.404 y 84.000 euros para los heridos, en función de la gravedad de las lesiones.

El real decreto ley establece un fondo de 30 millones de euros y recoge ayudas directas complementarias a las indemnizaciones que correspondan a las víctimas y sus familias. Además, incorpora un sistema de anticipos de las indemnizaciones por responsabilidad civil para que los afectados puedan recibir apoyo económico sin tener que esperar a que concluyan los procedimientos administrativos y judiciales.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado las medidas tras el Consejo de Ministros, que ha aprobado un esquema similar al que se puso en marcha tras el accidente ferroviario de Adamuz.

Cuánto dinero recibirán las víctimas del accidente de Urda

Las ayudas económicas aprobadas por el Ejecutivo varían en función de las consecuencias del accidente:

  • Por fallecimiento: 72.121,46 euros.
  • Por lesiones corporales: entre 2.404 y 84.000 euros, dependiendo de la gravedad.

Estas cantidades tienen carácter de ayudas directas no reembolsables, están exentas de tributación y son compatibles con otras ayudas o indemnizaciones que puedan corresponder a los afectados.

El paquete cuenta con una dotación de 30 millones de euros y pretende proporcionar una primera respuesta económica a las familias de las víctimas mortales y a las personas que han resultado heridas.

Ayudas compatibles con las indemnizaciones por responsabilidad civil

Una de las principales novedades del decreto es que las ayudas públicas no sustituyen a las indemnizaciones que puedan corresponder a las víctimas. Se trata de cantidades complementarias y compatibles con las compensaciones que se determinen por responsabilidad civil.

El Gobierno también ha aprobado un sistema de anticipos de esas indemnizaciones. El objetivo es que los afectados puedan disponer de recursos económicos antes de que terminen las investigaciones y los procedimientos judiciales o administrativos.

De esta forma, las familias no tendrán que esperar a que se establezcan todas las responsabilidades para recibir el apoyo económico previsto en el decreto.

Protección especial para los trabajadores afectados

El paquete aprobado por el Consejo de Ministros incluye también medidas específicas para las personas trabajadoras afectadas por el accidente ferroviario.

Según ha explicado Puente, las bajas laborales derivadas del siniestro tendrán la consideración de bajas por accidente de trabajo, lo que permitirá aplicar una protección especial en materia de Seguridad Social.

Limitación de los precios del transporte alternativo

Entre las medidas anunciadas figura también la limitación de los precios de los transportes alternativos al tren mientras se mantenga la situación de emergencia y permanezca interrumpida la línea ferroviaria.

Puente ha denunciado que las tarifas de algunos medios de transporte se han multiplicado por ocho o nueve tras el accidente y ha defendido la necesidad de evitar incrementos desproporcionados para los viajeros que necesitan desplazarse.

El ministro ha explicado que el Gobierno ha aprobado este mecanismo después de que el Parlamento rechazara anteriormente una iniciativa para disponer de este instrumento.

Un plan extraordinario para reforzar la seguridad ferroviaria

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a un plan extraordinario para mejorar la seguridad de la alta velocidad en España. Según ha anunciado el titular de Transportes, las actuaciones se desplegarán en varios ámbitos: innovación tecnológica, protocolos de control, seguridad y recursos humanos.

El objetivo es reforzar el sistema ferroviario y recuperar la confianza de los usuarios tras el accidente.

Puente ha avanzado, además, que la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía podría volver a estar operativa en un plazo máximo de diez días, aunque inicialmente funcionaría con menos frecuencias. La intención es recuperar el servicio con las máximas garantías de fiabilidad y reducir las consecuencias de posibles incidencias.

Las tres grandes medidas aprobadas tras el accidente

El paquete presentado por el Gobierno se articula en tres grandes áreas:

  1. Ayudas a las víctimas y sus familias: 30 millones de euros, con 72.121,46 euros por fallecimiento y entre 2.404 y 84.000 euros por lesiones.
  2. Protección de los viajeros: limitación de los precios del transporte alternativo mientras continúe interrumpida la conexión ferroviaria.
  3. Seguridad ferroviaria: puesta en marcha de un plan extraordinario de mejoras tecnológicas, de control y de recursos humanos.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca ofrecer apoyo económico inmediato a los afectados, proteger a los viajeros durante la interrupción del servicio y reforzar la seguridad de la red ferroviaria.

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