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Suben los suicidios de presos en pandemia: 51 en 2020 y 11 en lo que va de año

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Madrid, 28 abr (EFE).- Los suicidios de presos en las cárceles han crecido en la pandemia y han pasado de 42 en 2019 y 51 el pasado año a los 11 en lo que llevamos de este ejercicio, en los que ha influido en cierta medida el aislamiento por la medidas anticovid.

Son datos facilitados a Efe por Instituciones Penitenciarias y que, pese a ese aumento, se sitúan por debajo de los países europeos, ya que el Consejo de Europa señala en su último informe que la media del continente era de 25,1 por cada 10.000 internos en 2019 frente a los 8,6 de España.

Superior a la media es en Hungría, con 61 por cada 10.000 reclusos, Malta (25,6), Dinamarca (21,7), Francia (17), Reino Unido (10,1) y Portugal (8,6).

Precisamente, a los suicidios hace referencia el oficio que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha remitido este miércoles a las cárceles y al que ha tenido acceso Efe.

Un documento que recuerda a los centros penitenciarios que en los suicidios y tentativas de este año se observa, como en 2020, la presencia de las mismas variables: «Tipo delictivo, situaciones de aislamiento, tentativas o autolesiones previas y trastornos de personalidad, fundamentalmente».

«Mención especial merecen las situaciones de aislamiento derivadas de los protocolos covid-19. Esta circunstancia en ningún caso puede significar un menoscabo en la atención tratamental que dichas personas requieran», añade la comunicación.

Por ello, insta a que haya una comunicación rápida y fluida entre las áreas de vigilancia y tratamiento.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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