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El Supremo imputa a Artur Mas, Marta Rovira y Anna Gabriel por rebelión

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El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado ampliar el espacio subjetivo de la investigación abierta en relación con el proceso independentista de Cataluña a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boyá, a su portavoz, Anna Gabriel, al presidente del PDeCat, Artur Mas, a su coordinadora general, Marta Pascal, y a la presidenta de la AMI, Neus Lloveras i Massana.

En un auto notificado hoy, el juez comunica la existencia del procedimiento a estos nuevos investigados, así como las sospechas que sobre ellos se ciernen, con instrucción de los derechos que les asisten de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la posibilidad de ejercerlos de forma inmediata.

En su escrito, Llarena explica que las diligencias que hasta ahora se han practicado muestran que los hechos que se investigan se han podido desarrollar bajo la dirección y coordinación de un conjunto de personas entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlamento de Cataluña, así como los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas y la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia ( AMI) . Unas sospechas cuyo fundamento, según el juez, no solo se encuentra en que aparecen referenciados como integrantes del Comité Estratégico descrito en el documento Enfocats, “ sino en otra serie de elementos que pudieran corroborar lo que en este documento se recoge”.

De un lado, Llarena destaca que todas estas personas aparecen identificadas como participantes de algunas de las reuniones que supuestamente sirvieron para “idear y pergeñar el proceso de ruptura que se investiga, tal y como se recoge en la agenda intervenida con ocasión del registro practicado en el domicilio de Josep María Jové Lladó”.

LLarena añade que todos estos nuevos investigados parecen haber tenido una participación principal y destacada en su desarrollo, “aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término”, tal y como detalladamente se refiere en el atestado elaborado por la Guardia Civil.

Por ello, el juez concluye que para que los investigados puedan ejercitar su derecho de defensa tal y como prevé al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede comunicarles la existencia de este procedimiento, así como las sospechas que sobre ellos se ciernen para que se les instruya de los derechos que les asisten y puedan ejercitarlos de manera inmediata.

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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