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El Supremo mantiene la inhabilitación de Junqueras hasta 2031

Publicado

hace 3 años

en

Supremo inhabilitación Junqueras 2031

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha rechazado rebajar la pena por malversación al líder de ERC Oriol Junqueras, lo que supone que, condenado por también por sedición en el ‘procés‘, seguirá inhabilitado hasta 2031 sin que le afecte la reforma penal del Gobierno. Del mismo modo, los magistrados mantienen la inhabilitación sobre Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull. En todos los casos las penas de prisión fueron indultadas ya por el Ejecutivo.

Pena de inhabilitación de 13 años

En un auto en el que el tribunal analiza las condenas de los líderes del 1-O tras la entrada en vigor de esta reforma, el tribunal apunta que el derogado delito de sedición pueda ser sustituido por el nuevo delito de desórdenes públicos. La Sala advierte que la reforma deja impunes los procesos secesionistas sin violencia.

La reforma penal con la que el Gobierno suprimió el delito de sedición «no ha procedido a dar nueva redacción» a este delito, que «ahora se llamaría delito de desórdenes públicos». «No ha llevado a cabo un desplazamiento o sustitución de los tipos penales. Lo que ha hecho ha sido suprimir, sin más, el injusto que antes abarcaba el artículo 544 del Código Penal«.

Algo más que un desorden público

En el informe contrario a los indultos, esta misma Sala ya advirtió sobre que «… el delito de sedición no es, desde luego, la respuesta penal del Estado a los excesos en el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. Lo que el hecho probado de nuestra sentencia declara -por más que lecturas parciales e interesadas reiteren lo contrario- no es identificable con el simple desbordamiento de los límites del orden público. Antes al contrario, lo que describe el juicio histórico es un ataque a la paz pública y a la observancia de las leyes y resoluciones judiciales como fundamento de la convivencia en el marco constitucional».

Señalan los magistrados que los hechos declarados probados en la sentencia «implicaron una movilización tumultuaria y violenta», algo que «está fuera de cualquier duda». «Pero no basta esta constatación para transformar el previo concierto para la comisión de un delito de sedición, una vez derogado éste, en el previo concierto para la comisión de un delito de desórdenes públicos que (…) exige como elemento nuclear la ejecución de actos violentos o intimidatorios o, en su caso, la conspiración, la provocación o proposición para hacerlos realidad».

Actos concretos

En este sentido, no es aplicable a Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva el hecho de que ejecutaran «los actos concretos de violencia o intimidación descritos en el factum y que podrían dar vida a la existencia de un delito de desórdenes públicos». Sin embargo, sí que lo es respecto a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, quienes participaron en el asedio a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, diez días antes del 1-0.

«El efecto inmediato de la reforma operada por la LO 14/2022, por tanto, ha consistido en generar un vacío normativo en el que hechos como los que fueron enjuiciados en la sentencia que ahora se revisa pueden topar con visibles grietas de tipicidad. A partir de su entrada en vigor, la fractura del marco jurídico que hace posible la convivencia, el desbordamiento de los límites competenciales propios de la estructura del Estado y la tenaz desobediencia a los requerimientos judiciales sólo serán constitutivos de delito si van acompañados de actos de violencia o intimidación como los descritos en el renovado art. 557, que serían entonces castigados como una alteración del orden público».

La Sala explica que con anterioridad a la reforma, el delito de sedición no exigía una movilización violenta. «Podía conocer episodios de violencia -así aconteció indudablemente en los hechos enjuiciados-, pero también era punible cuando simplemente se ejecutaba ‘fuera de las vías legales‘». A raíz de la reforma, entre el delito de rebelión y el delito de desórdenes públicos «existe un espacio intermedio que puede alojar en el futuro conductas gravemente atentatorias al sistema constitucional, en el que la observancia de las leyes y el incumplimiento de las resoluciones judiciales, si no fueran acompañados de una violencia preordenada a esos fines o no implicaran actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas quedarían impunes».

No a la malversación atenuada

En cuanto a la nueva regulación de la malversación, la Sala sostiene que financiar un referéndum ilegal con dinero público no sirve para aplicar una malversación atenuada. «Sería contrario a la más elemental lógica jurídica entender que quien hace suyos los fondos públicos incurre en una pena que puede llegar a los 8 años de prisión y quien los destina a una actividad delictiva o antijurídica -en nuestro caso, la celebración de un referéndum prohibido judicialmente- pueda ser castigado con una pena de multa».

«Aplicar los fondos públicos de la Generalitat para la financiación de una consulta popular que desbordaba el marco competencial de quienes la promovían, desarrollada después de reiterados requerimientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia para evitarla y, en fin, orientada a un proceso secesionista que no llegó a tener virtualidad, nunca podrá considerarse ‘…una aplicación pública diferente’ de aquella a que estaban presupuestariamente adscritos esos fondos», sostiene el auto. «Y, lo que es más evidente, nunca podrá entenderse que se trató de una actuación ausente de ánimo de lucro». Recuerda que el artículo 432 del Código Penal engloba en su tipicidad tanto a quien se apropia de esos fondos como a quien, quebrantando su deber de lealtad en la administración, «decide darles una finalidad inequívocamente ilegal», como se entiende que es el caso.

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¿Qué precios suben y cuáles bajan en 2026? La lista completa que marcará el coste de la vida

Publicado

hace 3 horas

en

30 diciembre, 2025

De

Qué precios suben y cuáles bajan en 2026: la lista completa

Con 2026 a la vuelta de la esquina, familias y empresas encaran el nuevo año con una preocupación común: cómo evolucionarán los precios y qué impacto tendrá la inflación en el día a día. Tras un 2025 marcado por fuertes tensiones en el coste de la vida, las previsiones apuntan a un escenario más moderado, aunque con subidas significativas en algunos ámbitos clave y alivio en otros.

La cesta de la compra, el acceso a la vivienda, los gastos del hogar, los impuestos, el transporte y la evolución de salarios y pensiones seguirán siendo determinantes para el bolsillo en 2026. A continuación, repasamos qué precios subirán y cuáles bajarán el próximo año.

Vivienda: el mayor foco de tensión económica en 2026

El precio de la vivienda continuará siendo la principal preocupación. Tras un 2025 de incrementos históricos, los alquileres volverán a subir en 2026, con estimaciones que sitúan el aumento entre el 3% y el 8%, dependiendo de la zona.

Este encarecimiento estará impulsado, en parte, por la renovación de contratos firmados tras la pandemia, cuando los precios eran más bajos. Se calcula que este ajuste afectará a más de 1,6 millones de contratos, lo que podría suponer un sobrecoste medio anual de unos 1.700 euros para los inquilinos.

En el mercado de compraventa, bancos y analistas prevén subidas cercanas al 7%, lo que seguirá dificultando el acceso a la propiedad, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias.

Gastos del hogar: luz y gas bajan, pero sube la parte fija

En cuanto a los suministros básicos, 2026 traerá un comportamiento desigual:

  • Electricidad: se espera una bajada de entre el 5% y el 10% en la parte variable de la factura gracias a la moderación de los precios energéticos. Sin embargo, la parte fija del recibo subirá, lo que limitará el ahorro final.

  • Gas: la factura podría reducirse alrededor de un 8,7%, una de las pocas buenas noticias claras para los hogares.

  • Agua: será más cara en grandes ciudades. En Madrid subirá cerca de un 3% y en Barcelona alrededor de un 2,9%.

La cesta de la compra: subidas más suaves, pero persistentes

Los precios de los alimentos seguirán al alza en 2026, aunque a un ritmo más moderado que en 2025. Tras el fuerte repunte de productos básicos en los últimos meses, los expertos prevén incrementos más contenidos, aunque sin volver a los niveles previos a la inflación.

Los hogares seguirán notando el encarecimiento en productos frescos, mientras que los congelados y marcas blancas continuarán ganando peso como estrategia de ahorro.

Seguros y otros servicios: tendencia claramente ascendente

Los seguros de salud privados, que ya registraron subidas de dos dígitos en 2025, volverán a encarecerse en 2026, aunque con incrementos algo más moderados. También se esperan ajustes al alza en otros seguros y servicios vinculados al coste sanitario y a la inflación general.

Pensiones y salarios: suben los ingresos, pero también las cotizaciones

En el capítulo de los ingresos, 2026 traerá mejoras, especialmente para los pensionistas:

  • Pensiones contributivas: subirán un 2,7%

  • Pensiones mínimas y no contributivas: aumentarán por encima de ese porcentaje

  • Ingreso Mínimo Vital: también se revalorizará

Los funcionarios verán incrementado su salario al inicio del año, mientras que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está pendiente de confirmarse, aunque las previsiones apuntan a una subida superior al 3%.

No obstante, la reforma del sistema de pensiones seguirá traduciéndose en mayores cotizaciones sociales:

  • Aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional

  • Incremento de la cuota de solidaridad para los salarios más altos

  • Subida de casi el 4% en la base máxima de cotización

Esto elevará el coste laboral tanto para empresas como para trabajadores con mayores ingresos.

Transporte: alivio en el transporte público, presión en los vuelos

El transporte público será uno de los aspectos más positivos de 2026. El Gobierno ha decidido prorrogar las ayudas, lo que permitirá mantener tarifas reducidas en los servicios de titularidad estatal y, previsiblemente, en muchas redes autonómicas y municipales.

En cambio, viajar en avión podría ser más caro. El canon aeroportuario que cobra AENA subirá más de un 6%, un coste que las aerolíneas podrían trasladar al precio final de los billetes.

Resumen rápido: qué sube y qué baja en 2026

🔺 Suben en 2026

  • Alquileres y precio de la vivienda

  • Parte fija de la factura de la luz

  • Agua en grandes ciudades

  • Seguros de salud privados

  • Cotizaciones sociales

  • Posibles billetes de avión

🔻 Bajan en 2026

  • Parte variable de la factura eléctrica

  • Gas

  • Ritmo de subida de la cesta de la compra

  • Transporte público (mantiene tarifas reducidas)

Un 2026 de ajustes y planificación

El nuevo año se presenta como un periodo de ajustes más que de alivio total. Aunque algunos gastos clave darán un respiro, otros seguirán presionando el presupuesto familiar. La planificación, el control del gasto y la búsqueda de alternativas seguirán siendo fundamentales para afrontar un 2026 marcado por la moderación, pero no por la bajada generalizada de precios.

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