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GÜRTEL | Suspendido el juicio hasta el viernes ante la decisión de Crespo y ‘El Bigotes’ de ‘tirar de la manta’

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El juez ha suspendido hasta el viernes el juicio por la presunta financiación ilegal del PPCV dentro del caso Gürtel después de que el exsecretario de Organización del PP de Galicia y el responsable de Orange Market, Pablo Crespo y Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, hayan anunciado que pensaban aportar datos relevantes a la causa.

Los abogados de Crespo y ‘El Bigotes’ han solicitado esta medida de suspensión al comienzo de la sesión de este miércoles –que ha arrancado con casi dos horas de retraso– de acuerdo al artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la suspensión de la vista oral «cuando revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones sustanciales en los juicios, haciendo necesarios nuevos elementos de prueba o alguna sumaria instrucción suplementaria».

El juez ha atendido a esta petición y ha suspendido el juicio hasta el viernes, que se reanudará con la declaración de Crespo –para el que piden 22 años de prisión– y que continuará con la de ‘El Bigotes’ –que se enfrenta a 27 años de cárcel–. Antes de tomar esta decisión el magistrado ha preguntado a Durán que concretase si este interés de interrumpir temporalmente, al menos 48 horas, la celebración del juicio tiene relación a la declaración de Correa.

El defensor del considerado ‘número dos’ de la Gürtel lo ha corroborado y se ha disculpado por no haberse expresado con «tanta fortuna». «Es publico y notorio y no se escapa al entendimiento de nadie», ha subrayado Durán.

Asimismo, el abogado de Crespo ha confirmado al juez que su cliente aportaría elementos o hechos relevantes para la causa. En estos términos se ha pronunciado el abogado de ‘El Bigotes’, adhiriéndose a lo manifestado por su colega y ninguna de las partes presentes en este juicio se ha opuesto a que la sesión previstas para este miércoles y jueves sean suspendidas.

INDICACIONES DEL PP
Correa afirmó este martes durante su declaración que el PP de la Comunidad Valenciana, y concretamente el exsecretario general del partido regional, Ricardo Costa, el que indicaba a Orange Market, empresa vinculada a la trama Gürtel, los empresarios a los que debían facturar los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008 si «querían cobrar».

En esta línea, en un escrito dirigido al magistrado unos días antes de que comenzase la vista oral, el líder de la Gürtel reconoció que el PP liderado entonces por Francisco Camps pagó a Orange Market en negro y con facturas falsas los servicios prestados para la organización de las campañas electorales de 2007 y 2008.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía el PP pagó a esta empresa un total de 3,4 millones de euros en actos electorales y otros eventos entre 2007 y 2008. Sobre los gastos electorales, se precisa que la formación política abonó 2,03 millones de euros, de los cuáles 1,2 millones fueron sufragados por los empresarios.

Durán ha recordado que su defendido está en «situación de prisión preventiva» y que le gustaría tener un margen de tiempo para poder estudiar la confesión del líder de la Gürtel junto a él «para ver si la línea de estrategia de defensa puede ser la misma o experimentar variación».

Si Crespo y ‘El Bigotes’ finalmente acceden a hacer una confesión durante su declaraciones, siguiendo la estrategia de colaboración con la Justicia con Correa, la Fiscalía Anticorrupción podría atender a una rebaja de su solicitud inicial de pena. Al inicio del juicio, la fiscal Myriam Segura anunció que si se corroboraba que el líder de la Gürtel –que se enfrenta a 22 años de prisión– reconoce todos los hechos, estaría abierta a atenuar su solicitud de condena.

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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