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Ministra: Ni Adif ni Renfe recibieron información sobre el incendio de Bejís

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tren atrapado en el fuego de Bejís
Tren de Renfe que cubre el servicio de media distancia entre Valencia y Zaragoza, detenido en la estación de Caudiel (Castellón). EFE/ Domenech Castelló

Madrid, 31 ago (EFE).- La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que ni Adif ni Renfe recibieron información sobre el incendio de Bejís (Castellón) ni de la situación de la vía por la que circulaba el tren en el que resultaron heridas unas quince personas, aunque ha destacado que «las empresas cumplieron con los protocolos de emergencia».

Sánchez ha comparecido este miércoles a petición propia en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Congreso de los Diputados, reunida en sesión extraordinaria, para tratar la afección al servicio ferroviario del incendio de Bejís, el pasado 16 de agosto, y también a petición del Partido Popular, Grupo Mixto y Ciudadanos, según la ministra.

Sánchez ha subrayado que con el objetivo de aclarar los hechos, existe abierta una investigación sobre el incidente del pasado 16 de agosto por parte de la autoridad judicial pertinente y en la propia empresa, por lo que ha pedido a los diputados «ser cautos y no utilizar el hecho como elemento de enfrentamiento partidista».

Según la ministra, después de comunicarse con el centro de regulación de tráfico, la maquinista que conducía el tren que cubría el trayecto Valencia-Zaragoza, en el que viajaban 49 pasajeros, al llegar a la altura del incendio de Bejís, decidió parar el tren y dar marcha atrás ante el avance de las llamas y la presencia de humo en el tramo de la vía.

La respuesta del centro, según Sánchez, fue que en Adif «no se había recibido información sobre el incendio».

Tras recibir la autorización, la maquinista entonces cambió de vagón para iniciar la maniobra de marcha atrás, en un tren en el que viajaba sin más tripulación, porque en la legislación al respecto «no son obligatorios» los interventores.

En el trayecto para volver nuevamente a Caudiel (Valencia), la maquinista fue «recogiendo a varias personas que caminaban por la vía» heridas para trasladarlas a la estación «donde esperaban ya servicios de seguridad».

Según Sánchez, en esos momentos se produjo tensión, abandono del tren por parte de algunos viajeros que tiraron de los frenos de emergencia, lo que «obligó a la maquinista a preparar nuevamente el tren» para iniciar la marcha atrás.

Adif autorizó el viaje del tren porque «no tenía ninguna notificación» de otras autoridades de la situación del incendio de Bejís.

Quince personas fueron atendidas, una fue trasladada al Hospital de La Fé de València, otras ocho a diferentes centros y «la maquinista continúa de baja por quemaduras en ambos brazos», mientras dos heridos continúan hospitalizados, aunque se prevé una «pronta recuperación».

Según ha explicado la ministra, Renfe se ha puesto en contacto con los heridos y los pasajeros afectados en este episodio y ha facilitado un número de contacto para comunicar cualquier problema.

Además, se facilitó el desplazamiento de los afectados y tres personas reciben atención psicológica relacionada con el incidente, dos han recibido el alta y a la tercera se dará un seguimiento, aunque tiene una «evolución favorable».

Según Sánchez, ese mismo día, un tren partió a mediodía y pudo realizar el mismo trayecto por esa vía, que se restableció el pasado 28 de agosto.

La ministra ha expresado su «solidaridad» con los viajeros del tren y ha asegurado que se hace «cargo de la situación vivida» en el trayecto.

Ha manifestado que el ministerio está realizando estudios «exhaustivos y rigurosos» para «extraer lecciones de la situación», así como analizar la necesidad de modificar normativas para que no se repitan estos hechos.

Asimismo, estudian un plan de contingencia ante situaciones de emergencia para asegurar la coordinación y comunicación con los diferentes servicios de las comunidades autónomas; incrementar los simulacros para entender el funcionamiento de Protección Civil y otros departamentos.

Además, reforzar la información a los usuarios para dar a conocer que los maquinistas y demás tripulantes son agentes de autoridad y responsables en una situación como la vivida el pasado 16 de agosto.

Los diputados han felicitado a la maquinista del tren por su «diligencia y prudencia» y han pedido mejorar los sistemas de información y coordinación en situaciones de emergencia.

 

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Consumo

Comunicado de Airbnb

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Airbnb
Airbnb

Airbnb rechaza el listado de Consumo y critica el auto del TSJM

Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.

La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».


Airbnb defiende la legalidad de su plataforma

Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».

Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.


Airbnb se acoge a la Ley de Servicios Digitales

La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.

Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.


Consumo ya ha notificado más de 65.000 anuncios

En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.

Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.


Airbnb recuerda sus políticas de cumplimiento

En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.

Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.

Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.


Colaboraciones recientes con gobiernos regionales

Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».


¿Por qué considera Consumo que los anuncios son ilegales?

La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:

1. Falta de número de licencia

Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.

2. Falta de información sobre el arrendador

Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.

3. Licencias no válidas o falsificadas

Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.


Conclusión: choque entre Airbnb y Consumo por el control del alquiler turístico

El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.

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