València, 11 oct (EFE).- El responsable de Recursos Humanos de Divalterra, Vicente Domingo, ha declarado este martes, en calidad de testigo del caso Alquería, que la mayoría de altos directivos contratados por esta empresa pública no ocultaba su filiación política y algunos «decían que eran amigos personales de Puig u Oltra».

Es el caso, según ha asegurado, de Manuel Carot y Raúl Ibáñez. «Carot me contó que tenía amistad personal con Ximo Puig, que había trabajado en Blanquerías -antigua sede del PSPV-PSOE- muchos años, también con (Joan) Lerma», y sobre Ibáñez ha apuntado que «inicialmente fue contratado como responsable de área, no director. Al detectar esto nos dijo que era «amigo personal de Mónica Oltra, que iba a llamarla y lo iba a solucionar inmediatamente».

«Brines (cogerente de Divalterra, por Compromís) nos indicó que se revisase el contrato, yo firmé un documento como que había un error administrativo y se le cambió el contrato para que constase como director de área, como todos los demás», ha explicado este testigo.

Sobre este directivo, posteriormente ha añadido: «Ibáñez me dijo que su tiempo lo ocupaba en leer la prensa y preparar oposiciones, estaba en su despacho… no tenía trabajo que hacer».

El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, le ha preguntado si los altos directivos de Divalterra fueron contratados por adscripción política, a lo que Domingo ha respondido que «nadie lo ocultaba, unos provenían del PSPV y otros de Compromís, incluso ellos lo manifestaban, todos sabíamos de qué partido venían».

«Recuerdo que en algún momento Soledad Troija me dijo que era cercana a Compromís, Salvador Femenía manifestaba abiertamente que era alcalde por el PSPV, Carot me contó que tenía amistad personal con Ximo Puig, Ferri provenía de Ontinyent y tenía amistad con Rodríguez; Melero era teniente de alcalde en Silla por Compromís y se ausentaba para atender responsabilidades en el Ayuntamiento e Ibáñez presumía de que era migo personal de Oltra y decía que estaba en la empresa porque Oltra lo había llevado allí».

Sobre los denunciantes del caso -y también trabajadores de Divalterra-, José Luis Pellicer y José Luis Castellote, ha explicado que no tiene constancia de que fuesen del PP, y sobre él ha apuntado que no está afiliado a ningún partido.

A preguntas igualmente del fiscal este testigo ha admitido que tanto él como Pellicer y Castellote y los altos directivos contratados de forma supuestamente ilícita eran los únicos que contaban con un complemento salarial que elevaba su retribución en unos 50.000 euros anuales.

Este testigo ha señalado igualmente que, tras denunciar un diputado de Ciudadanos la supuesta ilegalidad de los contratos de altos directivos en Divalterra, el asesor jurídico del presidente de la Diputación, Jorge Cuerda, admitió que «los contratos de 2015 eran ilegales», y que presionó a los responsables jurídicos para «legalizarlos».

«Había que hacer una novación de contratos, pasarlos por el consejo de administración, redactar de otra forma las funciones del puesto y darles poderes para que pareciese que eran altos directivos», ha explicado.