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Valencia

Toni Gaspar anuncia el «cierre ordenado y definitivo» de Divalterra

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València, 23 mar (EFE).- El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, ha anunciado este martes el «cierre ordenado y definitivo» de Divalterra y ha avanzado que convocará «cuanto antes» una Junta General en la que se destituirá a los miembros del Consejo y se nombrará a los liquidadores, paso previo a la disolución, liquidación y extinción de la empresa pública.

«Se ha acabado Divalterra», ha afirmado Gaspar durante la celebración de la Junta General extraordinaria convocada para debatir sobre el estado de la empresa dependiente de la Diputación, según un comunicado de la corporación provincial.

Gaspar, que ha cerrado el debate solicitado por los grupos de la oposición, ha dicho que esta medida «permitirá la única obsesión que mueve mis decisiones desde Presidencia y la del resto del equipo de gobierno de la Diputación, que no es otra que asegurar el trabajo digno de las casi 600 personas que integran la actual Divalterra».

Con la disolución de Divalterra, el Consorcio Provincial de Bomberos absorberá a los brigadistas, la mayor parte de los trabajadores de la empresa, mientras que la propia corporación asumirá y reubicará al resto de la plantilla, como ha sucedido con el Patronat de Turisme.

«Las personas siguen siendo la máxima prioridad», ha asegurado el presidente, quien ha informado a los trabajadores de la empresa de la decisión tomada al tiempo que se hacía pública en la Junta General.

El máximo responsable provincial ha situado Divalterra como «exponente de esa enfermedad que sufre la política en estos tiempos inciertos, que no es otra que insistir en lo mal que lo hacen los demás y justificar lo bien que lo han hecho los nuestros».

Frente a ello, según las fuentes, Gaspar prefiere «dar respuesta a los problemas históricos que perduran en esta institución tratando de darles solución, sin contribuir al molesto ruido que solo aporta descrédito».

«Los errores cometidos en Imelsa y después en Divalterra impulsaron la voluntad de este equipo de gobierno de dar estabilidad y viabilidad a la empresa», ha añadido el presidente.

Según ha indicado, «la letra pequeña la iremos definiendo de forma conjunta; mañana mismo he convocado a los representantes de los trabajadores para empezar a escribirla».

El presidente de la Diputación ha dicho que espera tener «la colaboración de todos en este histórico paso», ya que «el único beneficio al que aspiramos en este último capítulo de la empresa es el futuro laboral de quienes la integran y el servicio que prestan a los municipios valencianos».

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación y responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, María Josep Amigó, ha considerado que ha sido «una decisión muy meditada, desde que en julio de 2018 avanzamos el cierre ordenado de Divalterra, que después de casi tres años y los informes pertinentes ha llegado el momento de anunciar».

Según Amigó, esta decisión «se toma para preservar los derechos de las trabajadoras y trabajadores, que no son responsables de las cosas que históricamente han pasado en la empresa».

Tras la intervención de Gaspar, Ciudadanos y PP han pedido nombrar a un nuevo presidente del Consejo, de perfil técnico, y un nuevo responsable jurídico en sustitución de Ramiro Rivera y José Luis Vera, respectivamente, para «terminar con la incertidumbre entre los trabajadores y la vergüenza en los medios».

El portavoz de Vox, Joaquín Alés, uno de los once diputados de la oposición que solicitaron esta junta, ha mostrado su preocupación y «honda desconfianza» por la situación de Divalterra y ha dicho estar pendiente del informe definitivo de la Agencia Valenciana Antifraude en referencia al proceso de selección de la jefa de Recursos Humanos de la empresa.

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Valencia

El ‘basurazo’ en València y l’Horta genera polémica: ciudadanos y ayuntamientos en pie de guerra

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Tasa basura Valencia

La puesta en marcha de la nueva tasa de basuras, conocida popularmente como el «basurazo», ha generado tensiones y protestas en València y en el área metropolitana de l’Horta debido a su impacto en la gestión de residuos y en las economías familiares.

¿Qué es el «basurazo»?

El término «basurazo» se utiliza para referirse a la nueva tasa de residuos que deben aplicar los ayuntamientos en España para cumplir con la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Esta normativa obliga a los municipios a establecer una tasa específica, no deficitaria, que cubra íntegramente el coste de la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos hasta las plantas de tratamiento.

En València, la tasa empezó a notificarse a partir del 1 de abril de 2026 a más de 440.000 viviendas, comunidades y locales, y su coste será calculado según parámetros como el consumo de agua anual, considerado un indicador indirecto de generación de residuos.

¿Por qué genera conflictos?

1. Carga económica directa a los ciudadanos

Con la entrada en vigor de esta nueva tasa, quien genera residuos debe asumir el coste real del servicio, algo que hasta ahora en muchos casos se financiaba con otros impuestos o por parte de los ayuntamientos.

En València, los recibos que ya se están empezando a emitir se consideran por algunos ciudadanos y partidos como un «impuesto excesivo», ya que se calcula en función de parámetros indirectos como el consumo de agua y no siempre guarda relación con la cantidad real de residuos generados.

2. Diferencias entre municipios

No existe un criterio único para calcular la tasa. Algunos ayuntamientos utilizan el consumo de agua, otros el valor catastral de la vivienda o incluso sistemas mixtos. Esto provoca grandes disparidades en los importes de la tasa entre diferentes ciudades.

3. Tensiones políticas y gestión local

Mientras que el Gobierno central defiende que esta tasa responde a la normativa europea y a la necesidad de asegurar la financiación de los servicios de recogida, algunos consistorios critican que la falta de directrices claras ha forzado una implementación apresurada que recae directamente sobre los ciudadanos.

Impacto en los ciudadanos y la economía doméstica

La tasa de basuras ha sido uno de los factores que ha impulsado el incremento del coste de la gestión de residuos en el Índice de Precios al Consumo (IPC), llegando a registrar subidas por encima de la inflación general en España.

En València, por ejemplo, la tasa es de las más altas del país comparada con otras capitales, algo que ha elevado las quejas de vecinos y asociaciones.

¿Qué sigue ahora con la gestión de residuos?

La gestión integral de residuos urbanos —que incluye recogida, transporte, tratamiento y eliminación— es un servicio esencial para cualquier ciudad y tiene efectos ambientales, sociales y económicos importantes.

La implantación del «basurazo» busca incentivar una gestión más sostenible, aplicar el principio de «quien contamina, paga» y asegurar que los costes no recaen íntegramente en los presupuestos municipales, sino en quienes generan los desechos.

Sin embargo, el debate continúa entre quienes consideran que esta tasa es necesaria para modernizar la gestión de residuos y quienes creen que su implantación actual carece de criterios claros y puede generar desigualdades y cargas excesivas.

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