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Valencia

Toni Gaspar anuncia el «cierre ordenado y definitivo» de Divalterra

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València, 23 mar (EFE).- El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, ha anunciado este martes el «cierre ordenado y definitivo» de Divalterra y ha avanzado que convocará «cuanto antes» una Junta General en la que se destituirá a los miembros del Consejo y se nombrará a los liquidadores, paso previo a la disolución, liquidación y extinción de la empresa pública.

«Se ha acabado Divalterra», ha afirmado Gaspar durante la celebración de la Junta General extraordinaria convocada para debatir sobre el estado de la empresa dependiente de la Diputación, según un comunicado de la corporación provincial.

Gaspar, que ha cerrado el debate solicitado por los grupos de la oposición, ha dicho que esta medida «permitirá la única obsesión que mueve mis decisiones desde Presidencia y la del resto del equipo de gobierno de la Diputación, que no es otra que asegurar el trabajo digno de las casi 600 personas que integran la actual Divalterra».

Con la disolución de Divalterra, el Consorcio Provincial de Bomberos absorberá a los brigadistas, la mayor parte de los trabajadores de la empresa, mientras que la propia corporación asumirá y reubicará al resto de la plantilla, como ha sucedido con el Patronat de Turisme.

«Las personas siguen siendo la máxima prioridad», ha asegurado el presidente, quien ha informado a los trabajadores de la empresa de la decisión tomada al tiempo que se hacía pública en la Junta General.

El máximo responsable provincial ha situado Divalterra como «exponente de esa enfermedad que sufre la política en estos tiempos inciertos, que no es otra que insistir en lo mal que lo hacen los demás y justificar lo bien que lo han hecho los nuestros».

Frente a ello, según las fuentes, Gaspar prefiere «dar respuesta a los problemas históricos que perduran en esta institución tratando de darles solución, sin contribuir al molesto ruido que solo aporta descrédito».

«Los errores cometidos en Imelsa y después en Divalterra impulsaron la voluntad de este equipo de gobierno de dar estabilidad y viabilidad a la empresa», ha añadido el presidente.

Según ha indicado, «la letra pequeña la iremos definiendo de forma conjunta; mañana mismo he convocado a los representantes de los trabajadores para empezar a escribirla».

El presidente de la Diputación ha dicho que espera tener «la colaboración de todos en este histórico paso», ya que «el único beneficio al que aspiramos en este último capítulo de la empresa es el futuro laboral de quienes la integran y el servicio que prestan a los municipios valencianos».

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación y responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, María Josep Amigó, ha considerado que ha sido «una decisión muy meditada, desde que en julio de 2018 avanzamos el cierre ordenado de Divalterra, que después de casi tres años y los informes pertinentes ha llegado el momento de anunciar».

Según Amigó, esta decisión «se toma para preservar los derechos de las trabajadoras y trabajadores, que no son responsables de las cosas que históricamente han pasado en la empresa».

Tras la intervención de Gaspar, Ciudadanos y PP han pedido nombrar a un nuevo presidente del Consejo, de perfil técnico, y un nuevo responsable jurídico en sustitución de Ramiro Rivera y José Luis Vera, respectivamente, para «terminar con la incertidumbre entre los trabajadores y la vergüenza en los medios».

El portavoz de Vox, Joaquín Alés, uno de los once diputados de la oposición que solicitaron esta junta, ha mostrado su preocupación y «honda desconfianza» por la situación de Divalterra y ha dicho estar pendiente del informe definitivo de la Agencia Valenciana Antifraude en referencia al proceso de selección de la jefa de Recursos Humanos de la empresa.

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Valencia

El conseller de Educación reconoce “fue un error” irse a su casa durante la DANA y descarga responsabilidades en los ayuntamientos

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El conseller de Educación reconoce “fue un error” irse a su casa durante la DANA y descarga responsabilidades en los ayuntamientos
La periodista Maribel Vilaplana en imagen de archivo-LEVANTE UD

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira Jover, reconoció este lunes en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados que marcharse a su domicilio durante la tarde de la gota fría (DANA) fue “un error”. Sin embargo, Rovira atribuyó parte de la responsabilidad a los ayuntamientos y a la Delegación del Gobierno, asegurando que su departamento no contaba con la información adecuada para actuar.


El conseller explica su decisión

Rovira aseguró que se trasladó a Alicante por motivos personales y por la “falsa tranquilidad” que, según él, transmitía la Delegación del Gobierno. Durante su intervención, afirmó no recordar que la consellera Salomé hubiera advertido esa misma mañana en el Pleno del Consell sobre la existencia de alerta roja y rescates en la Ribera.

“No tenemos competencias en Emergencias y no contábamos con la información adecuada”, señaló Rovira, insistiendo en que la gestión de la crisis dependía de otros organismos.


Descargo de responsabilidades hacia ayuntamientos y delegación

El conseller aprovechó su comparecencia para deslindar responsabilidades, responsabilizando principalmente a:

  • Ayuntamientos locales, por la gestión territorial durante la DANA.

  • Delegación del Gobierno, por la transmisión de información sobre el riesgo real en las zonas afectadas.

A pesar de reconocer que su decisión de marcharse “fue un error”, Rovira intentó contextualizarla como una acción tomada bajo criterios de prudencia ante la información disponible.

La jueza de la dana descarta «por ahora» citar de nuevo a Vilaplana y pregunta a Pradas si quiere volver a declarar

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) – La jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana, que ha dejado 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia, descarta «por el momento» volver a citar a Maribel Vilaplana, periodista que comió con el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la ríada, y ha preguntado a la exconsellera de Justicia e Interior, investigada en el procedimiento, si quiere volver a declarar –ya lo hizo hace unos meses–.

Así se desprende de un auto, facilitado este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y dictado por la magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja (Plaza 3).

En su resolución, la jueza descarta «en el presente momento» volver a citar a declarar como testigo a la periodista que comió con Mazón el 29 de octubre de 2024, como había solicitado la acusación popular que ejerce el partido Ciudadanos y otra acusación particular.

La jueza de la dana cuestiona el reservado del Ventorro y abre la puerta a nuevas declaraciones

La jueza considera que antes debe recibir declaración a otros testigos pertenecientes al equipo de Presidencia de la Generalitat. Ciudadanos realizó esta petición por considerar que la comunicadora pudo incurrir en falsedades en el testimonio que dio el pasado 3 de noviembre tras escuchar al dueño del restaurante El Ventorro y ver las fotografías aportadas a la causa sobre las dimensiones del reservado en el que comieron la periodista y Mazón.

En su resolución, la instructora señala que, «ciertamente, las dimensiones del reservado del Ventorro convierten en altamente improbable que no se escucharan las conversaciones o comentarios, a no ser que la testigo permaneciera completamente abstraída de lo que sucedía a su alrededor».

No obstante, cree «necesario, antes de reiterar una declaración ya prestada» por Vilaplana, «oír al resto de las personas que pudieron tener conocimiento de aquellas manifestaciones que pudieron referirse al proceso de decisión en la remisión del mensaje Es-Alert, de las medidas de protección a la población, oír a los testigos que de manera similar a la sra. Vilaplana, pudieran haber tenido conocimiento de las manifestaciones que por el señor Carlos Mazón se pudieran haber efectuado respecto de ese proceso de decisión y cualesquiera otros destinados a proteger a la población».

La magistrada también rechaza la petición de que se investigue a la testigo por un delito de falso testimonio porque, tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para ello «es necesario contar con el dato previo de una verdad procesalmente establecida, lo que solo podrá hacerse en sentencia o en auto de sobreseimiento firme».

En cualquier caso, la instructora deja abierta la posibilidad de recibir declaración ya nuevamente a la periodista si ésta manifestara públicamente o ante el propio juzgado su voluntad de hacerlo nuevamente.

PRADAS Y SALVADOS

Por otro lado, ante la solicitud de la acusación popular que ejerce Podemos de incorporar a la causa el vídeo de la entrevista con la exconsellera de Justicia e Interior investigada en esta causa, que se emitirá por el programa Salvados de La Sexta el próximo domingo, 30 de noviembre, la magistrada ha acordado requerir a su defensa para que manifieste en el plazo de un día si desea volver a declarar en sede judicial. Solo si su respuesta es afirmativa se requeriría a la empresa de comunicación Atresmedia la aportación del programa de televisión.

En este sentido, la jueza recuerda que cualquier declaración de un investigado, para que pueda tener «efecto en el proceso», ha de efectuarse con la «oportuna asistencia letrada y en el seno de este procedimiento», pues se trata de «una garantía para la propia investigada».

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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