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Valencia

Toni Gaspar anuncia el «cierre ordenado y definitivo» de Divalterra

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València, 23 mar (EFE).- El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, ha anunciado este martes el «cierre ordenado y definitivo» de Divalterra y ha avanzado que convocará «cuanto antes» una Junta General en la que se destituirá a los miembros del Consejo y se nombrará a los liquidadores, paso previo a la disolución, liquidación y extinción de la empresa pública.

«Se ha acabado Divalterra», ha afirmado Gaspar durante la celebración de la Junta General extraordinaria convocada para debatir sobre el estado de la empresa dependiente de la Diputación, según un comunicado de la corporación provincial.

Gaspar, que ha cerrado el debate solicitado por los grupos de la oposición, ha dicho que esta medida «permitirá la única obsesión que mueve mis decisiones desde Presidencia y la del resto del equipo de gobierno de la Diputación, que no es otra que asegurar el trabajo digno de las casi 600 personas que integran la actual Divalterra».

Con la disolución de Divalterra, el Consorcio Provincial de Bomberos absorberá a los brigadistas, la mayor parte de los trabajadores de la empresa, mientras que la propia corporación asumirá y reubicará al resto de la plantilla, como ha sucedido con el Patronat de Turisme.

«Las personas siguen siendo la máxima prioridad», ha asegurado el presidente, quien ha informado a los trabajadores de la empresa de la decisión tomada al tiempo que se hacía pública en la Junta General.

El máximo responsable provincial ha situado Divalterra como «exponente de esa enfermedad que sufre la política en estos tiempos inciertos, que no es otra que insistir en lo mal que lo hacen los demás y justificar lo bien que lo han hecho los nuestros».

Frente a ello, según las fuentes, Gaspar prefiere «dar respuesta a los problemas históricos que perduran en esta institución tratando de darles solución, sin contribuir al molesto ruido que solo aporta descrédito».

«Los errores cometidos en Imelsa y después en Divalterra impulsaron la voluntad de este equipo de gobierno de dar estabilidad y viabilidad a la empresa», ha añadido el presidente.

Según ha indicado, «la letra pequeña la iremos definiendo de forma conjunta; mañana mismo he convocado a los representantes de los trabajadores para empezar a escribirla».

El presidente de la Diputación ha dicho que espera tener «la colaboración de todos en este histórico paso», ya que «el único beneficio al que aspiramos en este último capítulo de la empresa es el futuro laboral de quienes la integran y el servicio que prestan a los municipios valencianos».

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación y responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, María Josep Amigó, ha considerado que ha sido «una decisión muy meditada, desde que en julio de 2018 avanzamos el cierre ordenado de Divalterra, que después de casi tres años y los informes pertinentes ha llegado el momento de anunciar».

Según Amigó, esta decisión «se toma para preservar los derechos de las trabajadoras y trabajadores, que no son responsables de las cosas que históricamente han pasado en la empresa».

Tras la intervención de Gaspar, Ciudadanos y PP han pedido nombrar a un nuevo presidente del Consejo, de perfil técnico, y un nuevo responsable jurídico en sustitución de Ramiro Rivera y José Luis Vera, respectivamente, para «terminar con la incertidumbre entre los trabajadores y la vergüenza en los medios».

El portavoz de Vox, Joaquín Alés, uno de los once diputados de la oposición que solicitaron esta junta, ha mostrado su preocupación y «honda desconfianza» por la situación de Divalterra y ha dicho estar pendiente del informe definitivo de la Agencia Valenciana Antifraude en referencia al proceso de selección de la jefa de Recursos Humanos de la empresa.

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Valencia

El Gobierno regulariza a más de 27.600 migrantes afectados por la DANA en Valencia

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Feijóo con las víctimas de la Dana

El Gobierno de España ha regularizado la situación administrativa de más de 27.600 migrantes afectados por la DANA que golpeó la provincia de Valencia en octubre de 2024, dentro de una medida extraordinaria aprobada tras el temporal.

En concreto, un total de 27.525 personas extranjeras han obtenido una resolución favorable, según datos oficiales actualizados a 31 de diciembre de 2025.


Más de 29.000 expedientes tramitados

De acuerdo con la información facilitada en respuesta parlamentaria:

  • 29.684 solicitudes fueron registradas en la provincia de Valencia
  • 27.525 resoluciones favorables
  • 2.159 resoluciones desfavorables

Estas cifras reflejan el alcance de una medida que buscaba dar cobertura a personas afectadas por circunstancias sobrevenidas tras el desastre natural.


Una medida tras la DANA de 2024

La iniciativa se enmarca en las consecuencias de la DANA de Valencia de 2024, que causó graves daños materiales y dejó a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

El proceso de regularización fue aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2025 con el objetivo de:

  • Evitar situaciones de irregularidad administrativa sobrevenida
  • Proteger a colectivos vulnerables
  • Garantizar derechos básicos tras el impacto del temporal

Impulso desde el Gobierno

La medida fue impulsada por varios departamentos del Ejecutivo, entre ellos el Ministerio de Inclusión, liderado por Elma Saiz, junto a otros miembros del Gobierno como Fernando Grande-Marlaska y Carlos Cuerpo.


Protección frente a la vulnerabilidad

El objetivo principal de esta regularización extraordinaria ha sido proteger a personas extranjeras afectadas por una situación de emergencia, evitando que quedaran en un limbo administrativo tras perder empleo, vivienda u otras condiciones básicas debido al temporal.


Una de las mayores regularizaciones recientes

Con más de 27.500 resoluciones favorables, esta actuación se sitúa como una de las mayores regularizaciones vinculadas a una emergencia climática en España, evidenciando el impacto social de la DANA y la respuesta institucional.


Contexto: migración y emergencias climáticas

La regularización abre también el debate sobre la necesidad de adaptar las políticas migratorias a fenómenos extremos como la DANA, cada vez más frecuentes.


Este proceso marca un precedente en la gestión de crisis humanitarias vinculadas a desastres naturales, especialmente en territorios como la Comunitat Valenciana, donde estos episodios tienen un fuerte impacto social y económico.

 

 


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