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Valencia

PP: Francis Puig cobró 408.000 euros del Ayuntamiento de Morella sin contrato

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El empresario castellonense y hermano del president de la Generalitat Francis Puig, en una imagen de archivo. EFE/ Manuel Bruque

València, 3 abr (OFFICIAL PRESS- EFE).- El Partido Popular ha denunciado este lunes ante la Agencia Antifraude que el Ayuntamiento de Morella (Castellón) ha abonado algo más de 408.000 euros a las empresas de Francis Puig, hermano del president de la Generalitat, en 629 facturas sin que exista ningún tipo de contrato ni licitación en los últimos ocho años, es decir, coincidiendo con la presidencia de Ximo Puig.

El concepto de estas facturas está, en su mayoría, relacionado con publicidad, patrocinios, grabaciones de plenos u otros actos comunicativos y, según detalla el PP en su denuncia, «superan anualmente el umbral de los 15.000 euros -contrato menor-, por lo que se debería haber acudido al procedimiento de licitación».

La denuncia ha sido presentada por el portavoz del PP en Morella, Jesús Lecha, y por el diputado autonómico Miguel Barrachina.

Según ha detallado Lecha, «en el periodo en el que Ximo Puig -que fue alcalde de Morella entre 1995 y 2012- ha estado en València, las empresas del hermano han pasado de números rojos a triplicar sus ingresos, y la causa directa de ello es que el hermano estaba en el Palau de la Generalitat».

«Desde 2015 a 2023 el Ayuntamiento de Morella ha pagado más de 600 facturas al hermano de Ximo Puig sin ningún tipo de soporte legal, sin licitación pública. Y cuando hemos preguntado por este asunto la respuesta del alcalde siempre ha sido sincera, no quería que trabajase en Morella ninguna otra empresa», ha agregado.

Por su parte, Miguel Barrachina ha pedido a la Agencia Antifraude que se pronuncie sobre la legalidad de este tipo de contrataciones y ha apuntado que esta misma denuncia no se aporta a la Fiscalía porque no guarda relación, en principio, con la causa ya abierta contra Francis Puig por un supuesto delito de fraude de subvenciones, por las ayudas que recibieron sus empresas por parte de la Generalitat Valenciana, la Catalana y el Gobierno de Aragón.

Las empresas manejadas por Francis Puig (bien como director ejecutivo o consejero delegado) que han sido beneficiarias de los pagos por parte del Consistorio de Morella son las mismas que fueron receptoras de las referidas ayudas, y que están siendo objeto de investigación penal, es decir, Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions.

Estas firmas presentaron facturas al cobro tanto al Consistorio de Morella como a tres empresas públicas municipales: Societat de Promoció Económica, Iniciatives Turístiques y Carns de Morella.

Los hechos denunciados podrían ser, según el PP, «susceptibles de ser constitutivos de fraude y corrupción por parte del Ayuntamiento de Morella y de su alcalde Rhamsés Ripollés Puig (PSPV), así como también por parte de Francisco Javier Puig Ferrer».

La denuncia presentada a Antifraude expone, además, que «en las resoluciones del Ayuntamiento por medio de las cuales se aprueban las propuestas de gasto, éstas no se imputan a provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario, como sería el supuesto de los anticipos de caja fija, sino que se cargan al ejercicio correspondiente, bajo el concepto de gastos de caja fija, sin que encajen legalmente en este objeto».

Asimismo, se advierte que «del examen de las facturas se puede comprobar la posibilidad de que algunas de ellas aparezcan duplicadas, pues el concepto que aparecen en algunas de ellas se repite de manera idéntica en otras presentada al Ayuntamiento o a alguna de las empresas públicas».

 

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Valencia

La celebración del Festival de les Arts y BigSound, en peligro por una sentencia judicial en València

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Festival de les Arts 2026
Imagen de un concierto en la Ciudad de las Artes de València - EUROPA PRESS

El juez ordena medidas contra la contaminación acústica en la Ciudad de las Artes y reconoce indemnizaciones a vecinos

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia número 8 de València ha estimado la demanda presentada por vecinos de dos edificios y ha ordenado al Ayuntamiento de la capital adoptar medidas para evitar que el ruido de discotecas y conciertos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias vulnere derechos fundamentales.

La resolución judicial incluye la posibilidad de revocar autorizaciones o reubicar eventos y reconoce además el derecho de los vecinos a ser indemnizados por daño moral.

El Ayuntamiento vulneró derechos fundamentales, según la sentencia

Así lo señala el fallo, fechado el 24 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press. El magistrado declara que el Ayuntamiento de València ha vulnerado el derecho fundamental a la intimidad y a la integridad moral de los vecinos demandantes.

Los afectados residen en dos edificios de la avenida Profesor López Piñero, en las inmediaciones del recinto de CACSA, donde se celebran conciertos y eventos. El origen del proceso se remonta a una reclamación presentada en 2022.

Indemnización de 3.000 euros por daños morales

En la resolución, contra la que cabe recurso, el juez condena al consistorio a indemnizar con 3.000 euros a cada vecino demandante. Considera esta cantidad “proporcional” teniendo en cuenta el tiempo durante el que han sufrido las molestias.

El magistrado subraya que no es necesario aportar pruebas médicas para acreditar el daño moral, apoyándose en jurisprudencia consolidada:

  • La exposición continuada a ruido intenso genera daño moral
  • Provoca desasosiego, sufrimiento e incomodidad
  • Supone una merma en la calidad de vida

“El simple hecho de estar sometido de forma continuada a ruidos de ciertas características constituye un daño moral”, recoge la sentencia.

El control del ruido es competencia municipal

El fallo recuerda que corresponde al Ayuntamiento ejercer las inspecciones necesarias para garantizar que las actividades cumplen la normativa, en base a la Ley 7/2002 de la Generalitat sobre contaminación acústica.

Además, aclara que aunque ciertas actividades no requieran licencia previa, esto no elimina el control posterior:

  • El Ayuntamiento debe inspeccionar
  • Puede sancionar incumplimientos
  • Debe garantizar el respeto a la normativa acústica

“El hecho de que las actividades se desarrollen en ese entorno no implica que gocen de patente de corso en materia de contaminación acústica”, señala el magistrado.

“Ruidos insoportables” por conciertos y discotecas

Los vecinos denunciaron que los eventos celebrados en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, como conciertos o la actividad de la terraza del Umbracle, generan niveles de ruido “insoportables”.

Según informes periciales:

  • Se registraron niveles de hasta 80 dBA
  • Se superaron los límites legales de 45 dBA nocturnos y 55 diurnos
  • Se detectaron molestias en festivales como Big Sound, Love the 90’s o Festival de les Arts

Estas mediciones evidencian, según los demandantes, una vulneración de los límites acústicos establecidos en la ordenanza municipal.

Falta de control municipal en la zona

El magistrado también critica la actuación del Ayuntamiento, señalando que los controles han sido “escasísimos”, deficientes e ineficaces.

Según recoge la sentencia:

  • No se han realizado mediciones adecuadas en viviendas
  • Se han ignorado numerosas quejas vecinales
  • La mayoría de actas se centran en el Umbracle, sin control sobre conciertos

Además, considera que el consistorio no ha demostrado haber adoptado medidas eficaces para proteger los derechos de los vecinos tras la reclamación.

Postura del Ayuntamiento y de la Generalitat

El Ayuntamiento defendió que no tenía competencia directa, alegando que la Generalitat declaró en 2006 de interés general la Ciudad de las Artes y las Ciencias, excluyendo ciertas actividades de licencia municipal.

También cuestionó los informes periciales al considerar que no medían el ruido de fondo sin actividad.

Por su parte, desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias se ha indicado que la resolución corresponde al Ayuntamiento, mientras que el fiscal se opuso inicialmente a la demanda al no apreciar inactividad municipal suficiente.

El Ayuntamiento estudiará la sentencia

Fuentes municipales han confirmado que los servicios jurídicos del consistorio analizarán el fallo, que no es firme y puede ser recurrido.

Además, recuerdan que los hechos denunciados se remontan a 2018 y que la demanda se presentó en mayo de 2023, antes de la llegada de la actual corporación municipal.

Desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias también han señalado que su departamento jurídico está valorando la sentencia.

Un fallo con impacto en el modelo de eventos en València

Esta sentencia puede tener consecuencias importantes en la celebración de conciertos, festivales y actividades en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El fallo reabre el debate sobre:

  • La convivencia entre ocio y vecinos
  • El control del ruido en grandes eventos
  • El modelo de festivales urbanos en València

La posible reubicación o limitación de eventos marca un punto de inflexión en la gestión de la actividad cultural en la ciudad.

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