Valencia
Ribó y PSOE han eliminado más de 10.000 plazas de aparcamiento en València
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Jéssica, expareja de Ábalos: «Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara»
Publicado
hace 3 añosen
El PP ha alertado que la ciudad de Valencia tiene hoy cerca de 12.000 vehículos más que cuando Ribó y PSOE llegaron al gobierno municipal, sin embargo el gobierno municipal inició desde el primer día una batalla contra el vehículo privado lo que ha supuesto la eliminación de más de 10.000 plazas de aparcamiento al tiempo que han colapsado el tráfico en toda la ciudad.
En el año 2015 en la ciudad había matriculados 317.373 vehículos, de ellos 25.006 de uso profesional. Mientras que el año pasado 2022 se cerró con 328.397 vehículos, de ellos 25.746 profesionales.
Por distritos, son Benicalap donde más vehículos se han comprado con un aumento del 56%, le sigue Benimaclet con un incremento del 38%, Pobles del Nord un aumento del 34%, Campanar en quinto lugar con un aumento del 19% y cierra el quinto lugar Rascanya con 16%. Donde han perdido vehículos son Poblats Maritims y Pobles de Sud, que tienen -16 % y -13 % menos.
La portavoz del PP, María José Catalá, ya ha anunciado un plan de recuperación de plazas de aparcamiento en la ciudad cuando sea alcaldesa de Valencia dentro unos meses pues asegura que “no tiene ningún sentido esa cruzada contra los vecinos que cada día tienen más dificultades para aparcar en su barrio y que el gobierno de Ribó y PSOE les obliga a tener que alquilar y pagar una plaza. No se pueden eliminar plazas que a quienes más perjudica es a los vecinos con menos recursos para poder pagar una plaza cuyo coste en muchos barrios supera los 1.200 euros al año, unos 100 euros al mes”.
La portavoz del PP, María José Catalá, ha anunciado que una de las primeras medidas que pondrá en marcha “será realizar un estudio para conocer todas las plazas eliminadas por el Gobierno de Ribó y PSOE en nuestros barrios para poder recuperarlas pues no tiene ningún sentido que se eliminen plazas que utilizan aquellas personas que tienen más dificultades para disponer de una plaza privada de aparcamiento”.
Catalá ha advertido que en el caso de la supermanzana de Petxina “una vez más se realiza una obra sin el consenso de los vecinos, que se encuentran con un espacio que les genera rechazo porque no es un espacio amable sino un lugar en el que reina el asfalto y además se han suprimido 350 plazas de aparcamiento para las que no se han dado alternativas”.
“No se pueden eliminar plazas de aparcamiento en nuestro barrios sin dar una solución o alternativa a los cientos de usuarios, la mayoría vecinos o clientes de comercios”, añade la portavoz del PP quien señala que “hay barrios que ya no tienen plazas de aparcamiento libre y sólo se dispone de pago, por lo que muchos vecinos tienen que ir a aparcar fuera de su barrio”.
Además, desde el PP también se critica que el gobierno de Ribó y PSOE está empeñado en seguir cargando con los vecinos de Valencia, “sigue haciendo caja a costa de cobrarnos por aparcar en toda Valencia, ahora no contentos con ampliar el pago de la ORA en horarios y zonas”.
Catalá ha explicado que con la nueva regulación de la zona azul que puso en marcha el gobierno de Ribó y PSPV hay 45 zonas de Valencia donde ahora se ve ampliada las horas de pago, bien porque se añaden las tardes o el sábado, con distritos afectados desde Eixample, Extramurs, Pla del Real, Patraix, Rascanya, Quatre Carreres, Camins al Grau, Algirós.
Publicado
hace 9 horasen
7 abril, 2026
MADRID, 7 Abr. 2026 (EUROPA PRESS) –
Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha asegurado ante el Tribunal Supremo que fue el propio dirigente quien le indicó que buscara vivienda y eligiera la que quisiera, en referencia al piso situado en la Plaza de España de Madrid donde residió durante su relación.
“Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara”, ha declarado este martes como testigo en el juicio por los presuntos amaños en contratos de mascarillas.
Rodríguez ha comparecido en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en el marco del procedimiento que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia.
Durante su testimonio, ha explicado que antes de trasladarse a ese inmueble compartía piso con compañeras de la universidad y mantenía una relación frecuente con Ábalos.
“Nos veíamos prácticamente todos los días y no teníamos un sitio donde vernos. Me dijo que con 30 años lo normal era tener mi propio espacio”, ha señalado.
A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Rodríguez ha reconocido que eligió la vivienda con la intención de compartir tiempo con el exministro, que entonces seguía residiendo en el domicilio oficial del Ministerio con su familia.
“La idea era tenerla para poder estar los dos”, ha afirmado.
En cuanto al pago del alquiler, ha admitido que pensaba que lo asumía Ábalos, pese a que los investigadores apuntan a que el coste habría sido cubierto por la presunta trama.
“Nunca he sido una persona que haga ese tipo de preguntas”, ha añadido.
Uno de los puntos clave de su declaración ha sido su relación laboral con empresas públicas como Ineco, donde, según ha reconocido, percibió ingresos sin desempeñar funciones.
Rodríguez ha asegurado que desconocía que se tratara de una empresa pública:
“No sabía ni siquiera que fuera una empresa pública”.
Según su relato, acudió a una entrevista acompañada por Koldo García y consideraba que el puesto se ajustaba a su perfil: “Estaba sobrada de cualificación”.
Sin embargo, ha confirmado que no llegó a trabajar. Ha explicado que mantuvo una reunión con Joseba García, hermano de Koldo, quien le enseñó las instalaciones, tras lo cual regresó a casa sin realizar ninguna tarea.
Rodríguez ha detallado que conoció a Ábalos en octubre de 2018 y que la relación se intensificó semanas después, con encuentros frecuentes, viajes y actividades juntos.
No obstante, ha señalado que el entonces ministro no tenía intención de divorciarse mientras permaneciera en el cargo, lo que marcó el final de la relación en noviembre de 2019.
“Cuando vimos que el Gobierno iba a continuar cuatro años, decidí no seguir en esa situación”, ha explicado.
La testigo ha subrayado que la ruptura no fue conflictiva, sino consecuencia de la situación personal del exministro.
Según ha indicado, Ábalos le permitió continuar en el piso mientras finalizaba sus estudios, ya que su situación económica complicaba encontrar otra vivienda en Madrid.
“Se sentía en deuda conmigo porque cambié mi estilo de vida”, ha señalado, insistiendo en que la relación y sus circunstancias “solo las conocemos él y yo”.
Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Durante su declaración, negó categóricamente haber sido “custodio” del dinero de su padre y aclaró el polémico uso de la palabra “café” que había detectado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Víctor Ábalos aseguró ante el tribunal que todo el dinero que ha entregado a su padre proviene de sus propios ingresos: “Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que le he dado a mi padre es de mi cuenta bancaria, sin más”, declaró.
Reconoció haber prestado unos 20.000 euros a su padre tras su divorcio, pero negó que el dinero provenga de empresas de Colombia, país donde su padre “trabaja más”. “En el caso de que tuviera que prestarle algo, es mi dinero, no viene de ninguna empresa”, precisó.
Respecto a Koldo García, exasesor ministerial, Víctor Ábalos negó haberle dado dinero o haber tenido negocios con él: “Contraté los servicios de una empresa administrada por su pareja, pero solo duró dos meses”. También afirmó que nunca ha utilizado teléfonos encriptados ni habla en clave con nadie, incluido su padre.
Sobre el término “café”, detectado por la UCO como supuesto lenguaje cifrado, aclaró que simplemente hace referencia a la afición de Koldo al café y a sus viajes frecuentes a Colombia: “Ni hablo en clave, ni tengo costumbre ni sé hablar en clave”.
Víctor Ábalos calificó la situación económica de su padre como “lamentable” y detalló que su familia ha sufrido una “campaña reputacional brutal”, que afectó sus ingresos. Admitió que sus intervenciones televisivas estaban motivadas por la necesidad de mantener a su familia y apoyar a su padre: “Estamos ahí para lo que necesite, con ingresos de peculio, de teléfono o de los gastos del día a día”.
El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se celebra entre el 7 y el 30 de abril en el Tribunal Supremo, en relación con presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para Koldo García, mientras que Aldama afronta 7 años de cárcel.
El juicio, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, juzga supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis de la COVID-19 en 2020.
Junto a Ábalos también están acusados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.
La Fiscalía solicita:
Las acusaciones populares elevan incluso la petición de pena hasta los 30 años para algunos de los implicados.
Según la acusación, los implicados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos como ministro y dirigente político con el objetivo de favorecer a determinadas empresas en contratos públicos.
A cambio, habrían recibido presuntas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.
La primera jornada del juicio contará con la declaración de once testigos, entre ellos familiares y personas del entorno del exministro.
También se analizarán supuestas contrataciones irregulares en empresas públicas y pagos relacionados con alquileres que, según la investigación, podrían formar parte de las comisiones investigadas.
Más de 50 medios de comunicación están acreditados para cubrir este proceso judicial, considerado el primer gran juicio del denominado caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas en la Audiencia Nacional.
El juicio marcará un punto de inflexión en la investigación sobre la gestión de contratos durante la pandemia, poniendo el foco en la transparencia y el uso de fondos públicos en situaciones de emergencia.
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