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El Ayuntamiento mantendrá el túnel de Pérez Galdós: así quedará finalmente la avenida

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túnel de Pérez Galdós València
Foto Valencia.es

El Ayuntamiento de València pospone la eliminación del túnel de la Avenida Pérez Galdós y, aunque no renuncia a suprimirlo en un futuro, «deberá enmarcarse en un proyecto viable».

Así lo han anunciado este miércoles los concejales de Urbanismo y Movilidad, los ‘populares’ Juan Giner y Jesús Carbonell, respectivamente, quienes han justificado la decisión por la «irresponsabilidad, incompetencia e insensatez mayúscula» del anterior equipo de gobierno municipal —integrado por Compromís y PSPV—, que solicitó fondos europeos solo con una idea, lo que ahora provocará «un sobrecoste» que «casi duplicará» el presupuesto. En concreto, a los 11,8 millones de euros previstos habrá que sumar otros 9,9 millones para actuaciones de urbanización.

Los ediles han insistido en la «imprudencia que supone vincular un concurso de ideas a una financiación europea, ya que, cuando se traslada esa idea a los estudios técnicos, es cuando puedes ver la envergadura, el presupuesto, el alcance y el valor».

Así quedará el túnel y la avenida Pérez Galdós de Valencia

En este caso, tras la adjudicación al equipo redactor y elaborado el proyecto, la empresa solicitó el asesoramiento especializado a ingenieros de la Universitat Politècnica de València, quienes advirtieron que había una falta de información y que era «necesario realizar una campaña intensa de ensayos para determinar unas conclusiones válidas en la intervención del conjunto de la estructura».

Fruto de ese estudio, se ha llegado a la conclusión de que existen dos vías para el túnel. La primera consistiría en llevar a cabo un estudio riguroso de soluciones para cubrirlo, lo que implicaría una serie de ensayos, análisis estructural, etc., que demoraría la obra en el tiempo y haría «inviable» cumplir con los plazos determinados por la Unión Europea para los fondos europeos. La segunda alternativa pasaría por establecer una solución estructural alternativa no condicionada por las características del terreno, valorada en 19 millones y que tampoco cumpliría con los plazos.

A la luz de estos datos, se ha decidido «posponer» la eliminación del túnel. «Es decir, no renunciamos a eliminarlo, pero debe enmarcarse en otro proyecto viable, al margen de la financiación de estos fondos Next Generation», ha apuntado Giner, señalando que este cambio lleva aparejadas una serie de modificaciones en la planta viaria.

En relación con el presupuesto, el edil ha detallado que los fondos Next Generation financiaban 8,8 millones del proyecto, a los cuales había que añadir un 10% de fondos propios del Ayuntamiento, más el IVA correspondiente, que también abonaba el consistorio. En total, 11,8 millones de euros era el importe vinculado al proyecto tal y como se concibió en su origen. Pero, de acuerdo a los informes de la UPV y del redactor del proyecto, hay una serie de «necesidades adicionales vinculadas a la seguridad, básicamente».

Entre ellas, la sustitución de la losa sobre el colector de cierre —con un coste de dos millones— o la actuación en el alcantarillado por importe de 2,6 millones, más el IVA correspondiente, alrededor de 1,7 millones, así como una «infraestimación» de los costes de urbanización de 3,6 millones. Todo ello suma en torno a 9,9 millones de euros que hay que añadir a los 11,8 millones de euros inicialmente contemplados.

Las expectativas de los vecinos

«En definitiva, casi se duplica el importe. Esa es la realidad, esa es la irresponsabilidad, la insensatez, la incompetencia, la improvisación del anterior gobierno, que contempló un proyecto que jugaba con las expectativas de los vecinos, porque contemplaba la posibilidad de enterrar un túnel que luego, a la postre, se ha podido comprobar que es imposible realizar. Porque cuando los informes de seguridad hablan, los políticos callan, o al menos los que son responsables y prudentes. Y eso es lo que el actual gobierno va a hacer: cumplir con todas aquellas actuaciones que en materia de seguridad recomiendan los expertos, lo cual va a suponer un sobrecoste elevadísimo respecto de la iniciativa», ha reprochado Carbonell.

El responsable de Movilidad ha recalcado que, a pesar de que no se cubra el túnel, se va a hacer «un esfuerzo importante por renaturalizar la vía, por lo que los vecinos se van a beneficiar de mejoras muy sustantivas que, además, cumplirán con la memoria presentada a Europa».

Dos carriles y carril bici

De este modo, se pasará a una nueva planta de exclusivamente dos carriles por sentido, lo que permitirá ampliar las aceras hasta llegar a un máximo de seis metros por donde no discurra el carril bici y algo menos por donde sí haya este paso para bicicletas. También se introducirán mejoras acústicas para minimizar el impacto sonoro que provoca el paso inferior.

«Entendemos que con todas estas mejoras se cubren las expectativas de los vecinos, a excepción, claro está, de la cubrición del túnel que ya hemos dicho que es inviable, por lo menos en el momento actual», ha defendido Carbonell.

El concejal ha reconocido que, puesto que la vía tiene en torno a 2.000 metros de longitud y el paso inferior unos 700 metros, «habrá vecinos que efectivamente se vean perjudicados por la no eliminación del túnel, pero hay muchos otros, todos aquellos que vivan a lo largo de los restantes 1.300 metros que se van a beneficiar con una reurbanización y renaturalización de la vía muy importante que va a cubrir las expectativas de todos ellos».

Los concejales han aseverado que estas modificaciones no ponen en peligro la llegada de los fondos europeos porque están «absolutamente justificadas desde el punto de vista técnico». Y han avanzado que para llevar adelante la actuación en Pérez Galdós se están ultimando los trabajos del equipo redactor y, posteriormente, se sacará a licitación la ejecución material de las obras.

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Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia

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Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia-GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Zubar’, ha investigado a una mujer de 36 años por realizar cientos de tratamientos estéticos sin estar habilitada para ello, en distintos centros de la provincia de Valencia y, en algunos casos, en su propio domicilio.

Investigación iniciada tras una denuncia en Sueca

Tras una denuncia presentada en marzo por parte de una profesional de la rama sanitaria en la que exponía que una persona estaba realizando tratamientos con fines estéticos en una peluquería de la localidad de Sueca (Valencia), sin ningún tipo de control sanitario y no estando habilitada para ello, la Guardia Civil dio comienzo a la investigación, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Continuando con la investigación, los agentes comprobaron cómo esta persona estaba actuando en múltiples establecimientos de la provincia, donde se presentaba como doctora y realizaba numerosos tratamientos estéticos como aumento de labios y pómulos, rinomodelación o infiltraciones de toxina botulínica, entre otros. Asimismo, a través de sus redes sociales, la investigada difundía los tratamientos realizados.

Titulación en odontología pero sin autorización para medicina estética

De ese modo, los agentes localizaron los centros donde desarrollaba estas actividades y averiguaron que la supuesta doctora estaba graduada en odontología por una universidad privada. Una vez que los agentes contactaron con las autoridades sanitarias competentes en materia de estética y en competencia profesional, para solicitar información acerca de la potestad de la citada facultativa para realizar este tipo de tratamientos, se comprobó que solo están reservados en exclusividad a los médicos especialistas en medicina estética, existiendo conformidad por parte del Colegio de Médicos con el Colegio de Estomatología y Odontología.

De los testimonios recogidos por los agentes, tanto de los centros donde había desarrollado la actividad la investigada, como de varias clientas que se habían realizado tratamientos estéticos, se comprobó que esta persona había realizado cientos de tratamientos.

Más de 80 clientas y 180 tratamientos documentados

80 clientas registradas y más de 180 tratamientos

Contaba, al menos, con 80 clientas registradas en los centros, y con más de 180 tratamientos de toxina botulínica en tercio superior y ácido hialurónico, documentados y firmados por la presunta doctora. Algunas de las clientes manifestaron haberse realizado tratamientos en el propio domicilio particular de la supuesta doctora.

Igualmente, se comprobó que la mayoría de los centros, donde la supuesta doctora había realizado los tratamientos estéticos, no presentaban la licencia administrativa correspondiente, autorizada y emitida por la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana, para ofertar y realizar estos tratamientos (Permiso U48).

Además, muchos de estos centros no disponían de ningún tipo sistema de refrigeración para mantener los productos, medios para la correcta gestión de los residuos biológicos generados, así como de las condiciones legalmente exigidas para poder ofertar dichos tratamientos.

Delitos investigados y posible riesgo para la salud pública

Por tal motivo, se procedió a investigar a la supuesta doctora, una mujer de 36 años, por un delito de intrusismo profesional, un delito contra la salud pública mediante suministración de medicamentos (toxina botulínica), así como un delito de falsedad documental.

Cabe destacar que no se ha podido constatar la legalidad y trazabilidad de los productos sanitarios suministrados, por lo que se presupone que fueron adquiridos por la supuesta doctora de una manera ilegal no siguiendo los cauces legales, tanto para su obtención como para su manipulación.

Recomendaciones de la Guardia Civil antes de someterse a tratamientos estéticos

Por ello, la Guardia Civil aconseja a los usuarios interesados en este tipo de tratamientos que, antes de realizarlos, procedan a asesorarse por profesionales cualificados, evitando de este modo poner en riesgo su salud. La mala aplicación de un tratamiento estético por parte de una persona no autorizada para ello y sin garantías de que el producto esté bien conservado, recuerda, puede llegar a costarle la vida.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Sueca y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca.

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