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El Ayuntamiento mantendrá el túnel de Pérez Galdós: así quedará finalmente la avenida

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túnel de Pérez Galdós València
Foto Valencia.es

El Ayuntamiento de València pospone la eliminación del túnel de la Avenida Pérez Galdós y, aunque no renuncia a suprimirlo en un futuro, «deberá enmarcarse en un proyecto viable».

Así lo han anunciado este miércoles los concejales de Urbanismo y Movilidad, los ‘populares’ Juan Giner y Jesús Carbonell, respectivamente, quienes han justificado la decisión por la «irresponsabilidad, incompetencia e insensatez mayúscula» del anterior equipo de gobierno municipal —integrado por Compromís y PSPV—, que solicitó fondos europeos solo con una idea, lo que ahora provocará «un sobrecoste» que «casi duplicará» el presupuesto. En concreto, a los 11,8 millones de euros previstos habrá que sumar otros 9,9 millones para actuaciones de urbanización.

Los ediles han insistido en la «imprudencia que supone vincular un concurso de ideas a una financiación europea, ya que, cuando se traslada esa idea a los estudios técnicos, es cuando puedes ver la envergadura, el presupuesto, el alcance y el valor».

Así quedará el túnel y la avenida Pérez Galdós de Valencia

En este caso, tras la adjudicación al equipo redactor y elaborado el proyecto, la empresa solicitó el asesoramiento especializado a ingenieros de la Universitat Politècnica de València, quienes advirtieron que había una falta de información y que era «necesario realizar una campaña intensa de ensayos para determinar unas conclusiones válidas en la intervención del conjunto de la estructura».

Fruto de ese estudio, se ha llegado a la conclusión de que existen dos vías para el túnel. La primera consistiría en llevar a cabo un estudio riguroso de soluciones para cubrirlo, lo que implicaría una serie de ensayos, análisis estructural, etc., que demoraría la obra en el tiempo y haría «inviable» cumplir con los plazos determinados por la Unión Europea para los fondos europeos. La segunda alternativa pasaría por establecer una solución estructural alternativa no condicionada por las características del terreno, valorada en 19 millones y que tampoco cumpliría con los plazos.

A la luz de estos datos, se ha decidido «posponer» la eliminación del túnel. «Es decir, no renunciamos a eliminarlo, pero debe enmarcarse en otro proyecto viable, al margen de la financiación de estos fondos Next Generation», ha apuntado Giner, señalando que este cambio lleva aparejadas una serie de modificaciones en la planta viaria.

En relación con el presupuesto, el edil ha detallado que los fondos Next Generation financiaban 8,8 millones del proyecto, a los cuales había que añadir un 10% de fondos propios del Ayuntamiento, más el IVA correspondiente, que también abonaba el consistorio. En total, 11,8 millones de euros era el importe vinculado al proyecto tal y como se concibió en su origen. Pero, de acuerdo a los informes de la UPV y del redactor del proyecto, hay una serie de «necesidades adicionales vinculadas a la seguridad, básicamente».

Entre ellas, la sustitución de la losa sobre el colector de cierre —con un coste de dos millones— o la actuación en el alcantarillado por importe de 2,6 millones, más el IVA correspondiente, alrededor de 1,7 millones, así como una «infraestimación» de los costes de urbanización de 3,6 millones. Todo ello suma en torno a 9,9 millones de euros que hay que añadir a los 11,8 millones de euros inicialmente contemplados.

Las expectativas de los vecinos

«En definitiva, casi se duplica el importe. Esa es la realidad, esa es la irresponsabilidad, la insensatez, la incompetencia, la improvisación del anterior gobierno, que contempló un proyecto que jugaba con las expectativas de los vecinos, porque contemplaba la posibilidad de enterrar un túnel que luego, a la postre, se ha podido comprobar que es imposible realizar. Porque cuando los informes de seguridad hablan, los políticos callan, o al menos los que son responsables y prudentes. Y eso es lo que el actual gobierno va a hacer: cumplir con todas aquellas actuaciones que en materia de seguridad recomiendan los expertos, lo cual va a suponer un sobrecoste elevadísimo respecto de la iniciativa», ha reprochado Carbonell.

El responsable de Movilidad ha recalcado que, a pesar de que no se cubra el túnel, se va a hacer «un esfuerzo importante por renaturalizar la vía, por lo que los vecinos se van a beneficiar de mejoras muy sustantivas que, además, cumplirán con la memoria presentada a Europa».

Dos carriles y carril bici

De este modo, se pasará a una nueva planta de exclusivamente dos carriles por sentido, lo que permitirá ampliar las aceras hasta llegar a un máximo de seis metros por donde no discurra el carril bici y algo menos por donde sí haya este paso para bicicletas. También se introducirán mejoras acústicas para minimizar el impacto sonoro que provoca el paso inferior.

«Entendemos que con todas estas mejoras se cubren las expectativas de los vecinos, a excepción, claro está, de la cubrición del túnel que ya hemos dicho que es inviable, por lo menos en el momento actual», ha defendido Carbonell.

El concejal ha reconocido que, puesto que la vía tiene en torno a 2.000 metros de longitud y el paso inferior unos 700 metros, «habrá vecinos que efectivamente se vean perjudicados por la no eliminación del túnel, pero hay muchos otros, todos aquellos que vivan a lo largo de los restantes 1.300 metros que se van a beneficiar con una reurbanización y renaturalización de la vía muy importante que va a cubrir las expectativas de todos ellos».

Los concejales han aseverado que estas modificaciones no ponen en peligro la llegada de los fondos europeos porque están «absolutamente justificadas desde el punto de vista técnico». Y han avanzado que para llevar adelante la actuación en Pérez Galdós se están ultimando los trabajos del equipo redactor y, posteriormente, se sacará a licitación la ejecución material de las obras.

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La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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