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Las eléctricas acusan a Red Eléctrica de ser la única responsable del apagón del 28 de abril

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Las principales compañías eléctricas de España, agrupadas en la patronal Aelec (que representa a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP), han señalado a Red Eléctrica de España (REE) como la única responsable del apagón masivo que afectó a gran parte del país el pasado 28 de abril. Según su informe técnico, el colapso del sistema eléctrico se debió a una mala gestión del control de tensión por parte del operador del sistema, y aseguran que si ese día se hubiera acoplado más generación convencional, el incidente se habría evitado.

El cero energético: un fallo en cadena

El llamado «cero energético» del 28 de abril provocó la pérdida repentina de suministro en buena parte de la red peninsular durante varios minutos. El informe oficial del Gobierno lo calificó como un fallo de origen multifactorial, debido a una cadena de errores técnicos, operativos y de supervisión. Sin embargo, Aelec rechaza esa explicación y acusa directamente a REE de no cumplir con su responsabilidad como operador del sistema eléctrico.

Acusaciones de las eléctricas: falta de previsión y mala gestión

Las eléctricas sostienen que el colapso fue evitable. En su informe, afirman que Red Eléctrica tenía información suficiente sobre los riesgos de sobrecarga de tensión durante la mañana del 28 de abril, especialmente en zonas críticas como Andalucía. Según Aelec, solo una de las diez centrales térmicas previstas estaba operativa en la zona sur, lo que dejó al sistema sin capacidad de respuesta.

Además, denuncian que REE apostó por gestionar la tensión con medios asíncronos, como la energía eólica y solar, que no aportan inercia al sistema, en lugar de recurrir a generación síncrona convencional, que habría estabilizado la red. Esta decisión, según la patronal, supuso un riesgo innecesario que terminó por materializarse.

La versión oficial del Gobierno

El informe publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reconoce que el apagón fue provocado por un cúmulo de factores: la pérdida de una planta térmica, oscilaciones de tensión, desconexiones automáticas y una respuesta inadecuada del sistema. Aunque se mencionan deficiencias en la coordinación entre el operador y las centrales generadoras, el documento no señala a un único responsable.

Respuesta de Red Eléctrica

Por su parte, Red Eléctrica defiende que actuó correctamente y que siguió los protocolos establecidos. La compañía asegura que el problema se originó por la falta de respuesta de varias instalaciones de generación eléctrica, y niega que hubiera una mala planificación. También acusa a algunas eléctricas de facilitar datos incompletos o inexactos en sus propios informes.

Endesa e Iberdrola señalan directamente a REE

José Bogas, consejero delegado de Endesa, ha afirmado públicamente que la tensión ya era elevada desde las primeras horas del día y que Red Eléctrica optó por operar con un margen de seguridad reducido. Desde Iberdrola, también se señala que el sistema estaba funcionando con muy poca inercia y que la situación podría haberse evitado si se hubieran activado más centrales convencionales.

Próximos pasos: batalla legal y política

Aelec ha anunciado que remitirá su informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y no descarta llevar el caso a los tribunales. Paralelamente, el Partido Popular ha solicitado la comparecencia de altos cargos del Gobierno, incluida la vicepresidenta Teresa Ribera, así como de responsables de REE y representantes de las principales eléctricas, para esclarecer lo ocurrido.

 

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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