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Eduardo Zaplana, detenido por blanqueo de capitales y delito fiscal

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Eduardo Zaplana ha sido detenido a las nueve de la mañana de este martes, en su domicilio de València, por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por orden del Juzgado de Instrucción número 8 de la misma ciudad, y será investigado por un delito de cohecho y por blanqueo de capitales. Su nombre apareció vinculado en la ‘operación Púnica’ y en conversaciones grabadas a Ignacio González durante la ‘operación Lezo’.

Se estudia ahora si el dinero negro que presuntamente el expresidente ha traído a España, procede de paraísos fiscales y fue obtenido por comisiones en adjudicaciones de contratos concedidos de forma irregular.

Además de Zaplana han sido detenidas hasta las 10.00 horas seis personas, entre ellas el exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, acusados de los delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, según confirman a Europa Press fuentes policiales y fiscales.

Otro de los detenidos es el empresario Vicente Cotino, según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de la operación, que señalan que la cifra de arrestados prevista es de entre siete y diez personas. La causa está abierta por amplios delitos contra la administración pública.

La operación, que incluye varios registros, continúa abierta y está coordinada por el Juzgado de instrucción número 8 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. La Guardia Civil ha detenido este martes a primera hora a Eduardo Zaplana, al que se investiga por presuntamente aflorar dinero negro proveniente de contratos irregulares de su etapa al frente de la Comunitat Valenciana.

Eduardo Zaplana ha sido detenido a la salida de su domicilio en Valencia. Zaplana fue presidente de la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002, cuando el presidente José María Aznar le confió el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

En el Ministerio estuvo hasta 2004, cuando pasó a ser portavoz del PP en el Congreso. Su salto a la primera línea política fue como alcalde de Benidorm entre 1991 y 1994. Zaplana abandonó la política en 2008 y fichó por Telefónica.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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