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Eduardo Zaplana, detenido por blanqueo de capitales y delito fiscal

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Eduardo Zaplana ha sido detenido a las nueve de la mañana de este martes, en su domicilio de València, por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por orden del Juzgado de Instrucción número 8 de la misma ciudad, y será investigado por un delito de cohecho y por blanqueo de capitales. Su nombre apareció vinculado en la ‘operación Púnica’ y en conversaciones grabadas a Ignacio González durante la ‘operación Lezo’.

Se estudia ahora si el dinero negro que presuntamente el expresidente ha traído a España, procede de paraísos fiscales y fue obtenido por comisiones en adjudicaciones de contratos concedidos de forma irregular.

Además de Zaplana han sido detenidas hasta las 10.00 horas seis personas, entre ellas el exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, acusados de los delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, según confirman a Europa Press fuentes policiales y fiscales.

Otro de los detenidos es el empresario Vicente Cotino, según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de la operación, que señalan que la cifra de arrestados prevista es de entre siete y diez personas. La causa está abierta por amplios delitos contra la administración pública.

La operación, que incluye varios registros, continúa abierta y está coordinada por el Juzgado de instrucción número 8 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. La Guardia Civil ha detenido este martes a primera hora a Eduardo Zaplana, al que se investiga por presuntamente aflorar dinero negro proveniente de contratos irregulares de su etapa al frente de la Comunitat Valenciana.

Eduardo Zaplana ha sido detenido a la salida de su domicilio en Valencia. Zaplana fue presidente de la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002, cuando el presidente José María Aznar le confió el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

En el Ministerio estuvo hasta 2004, cuando pasó a ser portavoz del PP en el Congreso. Su salto a la primera línea política fue como alcalde de Benidorm entre 1991 y 1994. Zaplana abandonó la política en 2008 y fichó por Telefónica.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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