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Eduardo Zaplana, detenido por blanqueo de capitales y delito fiscal

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Eduardo Zaplana ha sido detenido a las nueve de la mañana de este martes, en su domicilio de València, por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por orden del Juzgado de Instrucción número 8 de la misma ciudad, y será investigado por un delito de cohecho y por blanqueo de capitales. Su nombre apareció vinculado en la ‘operación Púnica’ y en conversaciones grabadas a Ignacio González durante la ‘operación Lezo’.

Se estudia ahora si el dinero negro que presuntamente el expresidente ha traído a España, procede de paraísos fiscales y fue obtenido por comisiones en adjudicaciones de contratos concedidos de forma irregular.

Además de Zaplana han sido detenidas hasta las 10.00 horas seis personas, entre ellas el exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, acusados de los delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, según confirman a Europa Press fuentes policiales y fiscales.

Otro de los detenidos es el empresario Vicente Cotino, según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de la operación, que señalan que la cifra de arrestados prevista es de entre siete y diez personas. La causa está abierta por amplios delitos contra la administración pública.

La operación, que incluye varios registros, continúa abierta y está coordinada por el Juzgado de instrucción número 8 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. La Guardia Civil ha detenido este martes a primera hora a Eduardo Zaplana, al que se investiga por presuntamente aflorar dinero negro proveniente de contratos irregulares de su etapa al frente de la Comunitat Valenciana.

Eduardo Zaplana ha sido detenido a la salida de su domicilio en Valencia. Zaplana fue presidente de la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002, cuando el presidente José María Aznar le confió el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

En el Ministerio estuvo hasta 2004, cuando pasó a ser portavoz del PP en el Congreso. Su salto a la primera línea política fue como alcalde de Benidorm entre 1991 y 1994. Zaplana abandonó la política en 2008 y fichó por Telefónica.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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