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Eduardo Zaplana, detenido por blanqueo de capitales y delito fiscal

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Eduardo Zaplana ha sido detenido a las nueve de la mañana de este martes, en su domicilio de València, por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por orden del Juzgado de Instrucción número 8 de la misma ciudad, y será investigado por un delito de cohecho y por blanqueo de capitales. Su nombre apareció vinculado en la ‘operación Púnica’ y en conversaciones grabadas a Ignacio González durante la ‘operación Lezo’.

Se estudia ahora si el dinero negro que presuntamente el expresidente ha traído a España, procede de paraísos fiscales y fue obtenido por comisiones en adjudicaciones de contratos concedidos de forma irregular.

Además de Zaplana han sido detenidas hasta las 10.00 horas seis personas, entre ellas el exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, acusados de los delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, según confirman a Europa Press fuentes policiales y fiscales.

Otro de los detenidos es el empresario Vicente Cotino, según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de la operación, que señalan que la cifra de arrestados prevista es de entre siete y diez personas. La causa está abierta por amplios delitos contra la administración pública.

La operación, que incluye varios registros, continúa abierta y está coordinada por el Juzgado de instrucción número 8 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. La Guardia Civil ha detenido este martes a primera hora a Eduardo Zaplana, al que se investiga por presuntamente aflorar dinero negro proveniente de contratos irregulares de su etapa al frente de la Comunitat Valenciana.

Eduardo Zaplana ha sido detenido a la salida de su domicilio en Valencia. Zaplana fue presidente de la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002, cuando el presidente José María Aznar le confió el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

En el Ministerio estuvo hasta 2004, cuando pasó a ser portavoz del PP en el Congreso. Su salto a la primera línea política fue como alcalde de Benidorm entre 1991 y 1994. Zaplana abandonó la política en 2008 y fichó por Telefónica.

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El Congreso rechaza la indemnización solicitada por Ábalos tras dejar su escaño y jubilarse

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José Luis Ábalos
El exministro de transporte José Luis Ábalos llega al Tribunal Supremo para declarar como investigado. - Eduardo Parra - Europa Press

Los servicios jurídicos concluyen que el exministro no tiene derecho a la compensación por estar suspendido de funciones y percibir ya una pensión de jubilación

El Congreso de los Diputados ha rechazado conceder la indemnización por cese solicitada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos tras renunciar a su escaño y acogerse a la jubilación. Los servicios jurídicos de la Cámara consideran que no cumple los requisitos para percibir esta compensación, ya que se encontraba suspendido de sus funciones y, además, ya recibe una pensión de jubilación.

Ábalos ingresó en noviembre en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real por su presunta implicación en el caso Koldo. Dos meses después presentó su renuncia como diputado y, al día siguiente, anunció su retirada de la vida política, alegando que había quedado “sin derechos, deberes ni funciones” y que había agotado todas las vías para defenderse.

La compensación solicitada superaba los 57.000 euros

Tras dejar su escaño, el exministro solicitó al Congreso la indemnización por cese, una prestación económica destinada a los diputados que abandonan la Cámara y no cuentan con otros ingresos. En su caso, la cuantía podría haber superado los 57.000 euros, al haber sido diputado de forma ininterrumpida desde 2009.

Sin embargo, los letrados del Congreso han desestimado la petición. En su informe, recuerdan que la suspensión de un diputado implica la pérdida total de derechos, prerrogativas y beneficios asociados al cargo, y subrayan que ninguno de los parlamentarios suspendidos en situaciones similares ha percibido esta compensación.

“No es razonable entender que la renuncia al acta suponga recuperar unos derechos que ya no existían”, concluye el documento jurídico elaborado por la Cámara.

Incompatibilidad con la pensión de jubilación

Además de la suspensión de funciones, el Congreso considera que la indemnización es incompatible con la pensión de jubilación a la que se ha acogido Ábalos. La normativa establece que esta prestación tiene como objetivo facilitar la transición a la vida laboral de los diputados que se quedan sin ingresos tras abandonar el cargo.

Según los servicios jurídicos, percibir simultáneamente una pensión de jubilación y la indemnización por cese sería contrario a la finalidad de la ayuda, que se interrumpe cuando el beneficiario obtiene otra fuente de ingresos, ya sea pública o privada.

Decisión definitiva de la Mesa del Congreso

La decisión será formalizada de manera definitiva este martes por la Mesa del Congreso, lo que dejará al exministro sin derecho a la compensación económica solicitada. Ábalos permanece en prisión preventiva a la espera de juicio por el caso Koldo.

En los próximos días, su escaño será ocupado por la siguiente candidata del PSOE por Valencia, Ana María González Herdaro, poniendo fin a una trayectoria parlamentaria de casi 15 años en la Cámara Baja.

 

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