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Valencia

Un juzgado cita como investigado al concejal de València Carlos Galiana por una denuncia de fraccionamiento de contratos

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VALÈNCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) – El Juzgado de Instrucción Número 19 de València ha citado en calidad de investigado al concejal de Comercio y Relaciones con los Medios del Ayuntamiento de València al estimar una denuncia por un presunto fraccionamiento de contratos relativos a la prestación del servicio de comunicación en redes sociales y gestión de la web de este área del consistorio.

En un auto fechado el pasado 4 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado acuerda citar como investigado al edil el próximo 10 de septiembre para que preste declaración sobre los hechos descritos en una denuncia presentada por el asesor del grupo municipal ‘popular’ Luis Salom y tras recibir el informe emitido por el Ministerio Fiscal al respecto.

En la denuncia que origina este procedimiento, consultada por Europa Press, se expone un posible fraccionamiento de contratos adjudicados por la Concejalía que dirige el concejal de Compromís Carlos Galiana. El denunciante explica que se adjudicó un contrato mediante procedimiento negociado sin publicidad a una empresa para que se encargara de la «asistencia técnica para la gestión, mantenimiento, actualización y seguimiento de los perfiles institucionales del Ayuntamiento de València».

En concreto, el escrito señala que el 29 de septiembre de 2016 el concejal de Relaciones con los Medios ofreció, mediante una moción, un contrato para este fin por un importe de licitación inicial de 29.500 euros más IVA (35.695€), una cifra que seis días después aumentó hasta los 32.900 euros más IVA (47.432€). El contrato ofertado era de un año, pero contemplaba una prórroga de seis meses por la que el valor estimado del contrato ascendía a 58.800 euros más IVA (71.148€).

A esta oferta se invitó a tres empresas, pero «no consta en el expediente administrativo el acuse de recibo de dos de las tres empresas invitadas, constando únicamente el de la firma que resultó ser finalmente la adjudicataria, según indica la denuncia, que puntualiza también que esta posible adjudicación sí se publicó en el anuncio en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento. Sin embargo, no se presentó ninguna otra mercantil.

Finalmente, el contrato se adjudicó el 23 de febrero de 2017 con una baja ofertada por la empresa del 10%, 35.280 euros más IVA (42.688€). Incluida la prórroga, el importe ascendía a 52.929 euros más IVA (64.033€).

OTRO CONTRATO MENOR
La denuncia también se refiere a otro contrato menor consistente en la prestación del servicio del Plan de comunicación de redes sociales y gestión de la web de la Concejalía de Comercio del consistorio valenciano, firmado el 13 de octubre de 2016 por un importe de 5.580 euros más IVA (6.751€). Además, también se pone en cuestión un segundo contrato menor a la misma persona adjudicataria del primero con el mismo fin, firmado el 26 de enero de 2017, con una duración desde ese mismo día hasta el 31 de diciembre de ese año y un importe de 17.500 euros más IVA (21.175€).

Tras la prestación de estos servicios, el denunciante apunta que el Servicio de Comercio no dispone de ningún contrato vigente para la prestación de estos servicios de comunicación, aunque «las redes sociales siguen funcionando con normalidad». Preguntado por este punto en pleno, Galiana afirmó que ahora gestiona él personalmente las redes de su Concejalía y que está estudiando la adjudicación de un nuevo contrato menor, según se indica en la denuncia.

En suma, el denunciante sostiene que el concejal Carlos Galiana ha adjudicado «cuatro contratos sin concurso público por importe global de 113.377 euros, incluida la prórroga de seis meses del contrato vigente de la Oficina de Publicidad». Asimismo, censura que se encadenaron dos contratos con la misma persona y con el mismo servicio prestado en dos años consecutivos, sin procedimiento abierto, por lo que considera que se habría producido un fraccionamiento al superar los 18.000 euros del contrato menor al mismo proveedor y objeto.

RESPUESTA DE GALIANA
Tras conocer la decisión del titular del Juzgado de Instrucción 19 de València, desde la Concejalía de Carlos Galiana se ha criticado que «esta es una más de las al menos 15 denuncias que, a destajo, ha interpuesto el asesor imputado del grupo municipal ‘popular’ Luis Salom contra los concejales del equipo de gobierno». «Además de esta quincena de denuncias, ha interpuesto otras contra varios consellers e incluso las ha hecho extensivas, además de a la Fiscalía, a otras instancias como la Oficina Antifraude, el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo…», han agregado.

En este sentido, han sostenido que estas denuncias, «en sede judicial, se han ido archivando una detrás de otra, y solo persiguen continuar ensuciando la imagen de València, instrumentalizando la justicia por puro interés partidista».

Desde el departamento de Galiana han recordado que el juzgado «ya ha archivado recientemente» denuncias interpuestas contra él, «en el archivo de las cuales se destacaba una temeraria utilización del procedimiento penal para fines no acordes a la tutela judicial efectiva». Esta denuncia, han continuado, «entra en esta dinámica de intentar ensuciar la tarea de un concejal a través de titulares que luego quedan en nada».

Asimismo, han puesto de relieve que el grupo ‘popular’ tiene «nueve de sus diez concejales imputados por corrupción, así como gran parte de sus asesores e incluso el mismo partido en el marco del caso Taula», por lo que ha acusado al PP de «intentar hacer ver que todos son iguales».

«El concejal Galiana no está investigado por corrupción, como sí lo están estos concejales y asesores, hasta llegar a más de 50 personas vinculadas con el grupo municipal ‘popular’. Esta denuncia contra el concejal llega después de las sentencias condenatorias al PP por la Gürtel valenciana, por Emarsa, de las investigaciones de Taula, etc. No es casualidad», han denunciado.

Además, han señalado que «el asunto administrativo por el que el PP interpone una denuncia considera una misma unidad administrativa a dos concejalías completamente diferentes», la de Comercio y la de Relación con los Medios de Comunicación, por lo que consideran que «tiene un error de concepción de fondo».

Sobre el asesor del PP que ha denunciado estos hechos, han destacado que «ya presentó la misma denuncia interna, que fue contestada en tiempo y forma por los servicios municipales». Igualmente, han resaltado que los trámites administrativos a los que se refiere la denuncia «fueron avalados por la firma de hasta dos secretarios municipales, que como habilitados nacionales son quienes indican qué pasos se deben dar, así como también están avalados por los dos jefes de servicio y una jefa de oficina de las áreas en cuestión».

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Sucesos

Alta hospitalaria para la niña de cuatro años tras el incidente en la clínica dental de Alzira

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Muere una niña de 6 años tras tratamiento dental Alzira
Cartel en la clínica dental donde fue tratada la menor - EUROPA PRESS

València, 2 de diciembre de 2025 – La niña de cuatro años que permanecía ingresada en el Hospital Clínico de València tras ser atendida en una clínica dental privada de Alzira ha recibido el alta hospitalaria, según han informado fuentes sanitarias a Europa Press. La menor había sido ingresada en la UCI pediátrica tras presentar fiebre, vómitos y somnolencia el pasado 20 de noviembre, y su evolución fue favorable hasta su traslado a planta el 24 de noviembre.

Contexto del incidente en Alzira

El caso ocurre días después del fallecimiento de otra menor, de seis años, que también fue atendida en la misma clínica dental de Alzira. La niña ingresó en el Hospital de La Ribera en parada cardiorrespiratoria, y pese a los esfuerzos del personal sanitario, no pudo ser reanimada.

Investigación y medidas cautelares

La Conselleria de Sanidad ha abierto un expediente informativo para esclarecer las circunstancias del incidente y ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica dental. Asimismo, un juzgado de Alzira mantiene diligencias previas y la Policía realizó un registro acompañado de los servicios de inspección sanitaria.

La propietaria del centro indicó que la niña fallecida salió del consultorio “aparentemente bien” y que el anestesista no sabe qué pudo haber ocurrido. La menor había recibido una sedación para la extracción de dientes de leche y empastes, sin anestesia general, y empezó a encontrarse mal después del procedimiento. Las autoridades sanitarias investigan actualmente el lote de anestesia utilizado.

Autopsia y análisis forenses

La autopsia inicial practicada a la niña de 6 años no detectó ninguna enfermedad previa ni anomalías en los órganos que expliquen el fallecimiento. Los investigadores esperan los resultados de los análisis de sangre, orina y tejidos, así como de las ampollas y viales utilizados durante el tratamiento, para determinar qué desencadenó la muerte de la menor y la intoxicación de la niña de 4 años.

Los estudios preliminares también descartaron problemas congénitos o malformaciones que pudieran haber dificultado la respiración durante la sedación y la anestesia local, administradas siguiendo los protocolos habituales de odontopediatría.

Sedación consciente y anestesia local

Ambas menores recibieron sedación consciente por el anestesista y anestesia local por la odontopediatra. Según las declaraciones de los profesionales ante la Policía Nacional y la Inspección de Servicios Sanitarios, se emplearon dosis estándar ajustadas al peso y tiempo de relajación recomendado por los laboratorios. Los viales utilizados fueron requisados por la Policía Científica para su análisis.

Investigación en curso

El registro de la clínica se realiza tras la toma de declaración de todo el personal implicado en los tratamientos, incluidos la dueña del centro, la higienista, el anestesista, la odontopediatra y los padres de las menores. La investigación está siendo coordinada por el Juzgado de Instrucción 5 de Alzira, y busca esclarecer las causas que provocaron la reacción adversa que derivó en la muerte de la niña de 6 años.

 


Qué ocurrió dentro de la clínica: sedaciones, complicaciones y ausencia de infraestructura adecuada

La odontopediatra confirma que no había sala de recuperación

En su comparecencia, la profesional reconoció que la clínica carecía de un espacio acondicionado para la recuperación tras la sedación. Ambas niñas permanecieron en gabinetes dentales, uno de ellos contiguo a la sala donde se realizaron las intervenciones. Allí permanecieron acompañadas por sus familiares y bajo observación.

La odontopediatra insistió en que no se empleó anestesia general, sino sedación, un procedimiento que exige supervisión constante, equipos de reanimación y salas preparadas para la estabilización del paciente.

La menor que falleció estuvo horas en observación

Los padres de la niña fallecida detallaron que su hija permaneció varias horas en observación antes de ser trasladada al Hospital de la Ribera, donde ingresó ya en parada cardiorrespiratoria. Los esfuerzos de los equipos médicos resultaron infructuosos.

La otra menor presentó somnolencia, fiebre, vómitos y dificultad respiratoria, síntomas compatibles con reacciones adversas por sedación, según fuentes sanitarias.


¿Tenía la clínica permiso para realizar sedaciones? Sanidad confirma que no

El lunes, fuentes de la Conselleria de Sanidad confirmaron que la clínica dental no disponía de autorización sanitaria para realizar técnicas de actividad de anestesia, incluidas las sedaciones intravenosas en menores.

La autorización del centro se limitaba a la práctica de odontología y estomatología, lo que permite administrar anestesia local, pero no sedaciones con fármacos intravenosos, que requieren licencia específica, formación acreditada y equipamiento avanzado.

Sanidad ha ordenado el cierre cautelar de la clínica y continúa investigando.


¿Quién realizó las sedaciones? El Colegio de Odontólogos aporta más datos

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (ICOEV) ha emitido un comunicado en el que:

  • Confirma que los tratamientos fueron realizados por profesionales colegiados.

  • Indica que las sedaciones fueron administradas por un médico especialista en anestesia.

  • Traslada sus condolencias a la familia de la niña fallecida.

  • Muestra su deseo de recuperación para la menor de cuatro años, ya fuera de la UCI.

Pese a ello, los expertos subrayan que la presencia de un anestesista no sustituye las obligaciones estructurales del centro: permisos, sala de recuperación, monitorización y equipamiento de emergencia.


Qué investiga ahora Sanidad: puntos clave del caso

1. La legalidad de la sedación administrada

Se analiza si el tipo de sedación empleada estaba autorizado y si se ajustó a los protocolos vigentes en pediatría.

2. El estado y origen de los fármacos

Sanidad investiga si la anestesia estaba alterada, contaminada o mal fabricada, una línea abierta tras las primeras diligencias.

3. La infraestructura del centro

El hecho de que no existiera una sala de recuperación podría constituir un incumplimiento grave de la normativa sanitaria.

4. El tiempo que pasó entre la sedación y el traslado

Se intenta determinar si el retraso en trasladar a la menor a un hospital contribuyó al fatal desenlace.


La segunda niña evoluciona favorablemente

La menor de cuatro años recibió atención urgente en el Hospital de la Ribera y posteriormente fue derivada en SAMU al Clínico de València, donde permaneció varios días en la UCI pediátrica. Su evolución ha sido positiva y ya se encuentra en planta.


Cronología sanitaria: dos niñas atendidas en una hora y un desenlace trágico

La menor fallecida, de seis años

  • 16:52 h, jueves 20 de noviembre: llega en parada cardiorrespiratoria al Hospital de la Ribera.

  • Los equipos sanitarios intentan reanimarla sin éxito y se declara su fallecimiento.

La niña de cuatro años

  • 12:00 h: acude a la misma clínica dental para un tratamiento con sedación intravenosa.

  • 15:11 h: ingresa en Urgencias del Hospital de la Ribera con fiebre, vómitos y somnolencia.

  • Tras estabilizarla, es trasladada en SAMU al Clínico de València y permanece en la UCI hasta este lunes, donde su estado ya es estable y en planta.

Ambos tratamientos fueron realizados en la misma mañana y por el mismo anestesista.


Líneas clave de la investigación: fármacos, trazabilidad y procedimientos

Sanidad investiga:

  • El lote del anestésico utilizado.

  • La trazabilidad del fármaco y la cadena de suministro.

  • Las condiciones de conservación del medicamento.

  • La legalidad de los procedimientos aplicados.

  • El cumplimiento de protocolos de sedación en menores.

  • La documentación clínica de ambas pacientes.

Además, la Policía Nacional ha trasladado el caso al grupo de Homicidios para determinar posibles responsabilidades penales. La autopsia de la niña fallecida será determinante.


La versión de la clínica: “La niña salió aparentemente bien”

La dirección del centro ha declarado que no se empleó anestesia general, sino una sedación intravenosa leve para extraer dientes de leche y colocar empastes. Afirman que la niña “salió del centro dental aparentemente bien” y que desconocen qué pudo ocurrir después. Añaden que “se está investigando el lote de la anestesia”.

Estas afirmaciones deberán contrastarse con los informes toxicológicos y la pericia médica.


Los padres denuncian que la niña estuvo cuatro horas con síntomas antes del alta

La familia de la menor fallecida sostiene que la niña presentó síntomas graves —somnolencia, vómitos, dificultad respiratoria y falta de respuesta a estímulos— durante cuatro horas dentro de la clínica antes de que le dieran el alta.

Al no mejorar en casa, decidieron trasladarla por su cuenta al Hospital de la Ribera, donde llegó en parada cardiorrespiratoria.


Investigación judicial en marcha

El juzgado de Alzira ha abierto diligencias previas para esclarecer el fallecimiento, mientras Sanidad desarrolla un expediente informativo completo. La jueza de guardia estudia ahora toda la documentación para determinar si existieron irregularidades o mala praxis en la sedación.


Un caso que sacude a la ciudadanía y refuerza el debate sobre la sedación en odontología infantil

La gravedad de los hechos y la implicación de menores han generado enorme preocupación social. El caso reabre el debate sobre los protocolos de seguridad en la sedación odontológica, la necesidad de centros acreditados y el control exhaustivo de medicamentos anestésicos.

Sanidad insiste en que la suspensión cautelar de la clínica busca garantizar la seguridad de otros pacientes mientras avanzan las investigaciones.

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