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Valencia crea una comisión para analizar el cierre de playas mientras piden la comparecencia de Mollà

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El concejal del Ayuntamiento de València, Sergi Campillo, ha participado este jueves en la reunión convocada por la secretaria autonómica de Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Paula Tuzón, para abordar el estado de las playas y los recientes episodios de cierre de alguna de ellas. En esta reunión, a la que han asistido responsables políticos y técnicos no solo de València sino también de otros municipios como Alboraia o El Puig, se ha acordado la creación de una comisión técnica permanente que analice las causas y encuentre soluciones.

Al finalizar la reunión, celebrada en la Ciutat Administrativa Nou d’Octubre, Campillo ha puesto en valor la cooperación interadministrativa y ha agradecido a la secretaria autonómica «su voluntad de convocarnos a las diferentes administraciones con competencias en la materia para intentar coordinarnos todavía mejor de lo que estábamos haciéndolo hasta ahora, que ya nos estábamos coordinando». El concejal ha recordado que el saneamiento es competencia de los ayuntamientos y el control ambiental es de la Consellería de Medio Ambiente.

«El momento requería una reunión a nivel político y técnico para hacer este seguimiento de cómo va evolucionando la salud de nuestras playas y seguir poniendo la salud ambiental y de las personas por encima de todo lo demás», ha señalado Sergi Campillo, quien, al igual que Paula Tuzón, secretaria autonómica, ha descartado las depuradoras como causa y origen de estos incidentes. «Desde luego hay algunas hipótesis que parecen estar descartadas. Los técnicos nos confirman que no hay ningún alivio extraordinario de las depuradoras, que están funcionando correctamente. La hipótesis más probable puede estar relacionada con la extensa red de acequias que tenemos en la parte norte de la ciudad de València y los municipios de l’Horta Nord».

Aun así – ha añadido Campillo- «se va a intensificar una inspección por si en los últimos meses hubiese habido algún problema con el emisario submarino de la Malva-rosa, pero prácticamente también descartamos esta posibilidad».

TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD

La secretaria autonómica de Emergencia Climática, Paula Tuzón, ha insistido en la prioridad de la salud pública tanto para el gobierno autonómico como para los gobiernos locales, y ha calificado la reunión como «un ejercicio de transparencia, de responsabilidad y de garantía«, a la vez que ha recordado que «las distintas administraciones llevan colaborando desde que se dieron los primeros cierres. Hoy se ha querido focalizar más esa colaboración y aprovechar esta reunión para crear una comisión técnica permanente que acometa una inspección exhaustiva que nos permita conocer las causas y solucionar el problema».

Piden la comparecencia de Mollà
Por su parte, el PP volverá a solicitar la comparecencia en Les Corts de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, para que explique los motivos del cierre de playas por la presencia de bacterias y qué soluciones se plantean. Esta petición ya fue rechazada esta misma semana en la Junta de Portavoces.

«Abrimos los telediarios de toda España diciendo que en Valencia las playas se cerraban al baño por problemas de contaminación del agua, estamos dando una imagen pésima», ha dicho Bonig en declaraciones a los medios.

La dirigente ‘popular’ ha recordado que se empezó cerrando las playas de La Devesa, Cabanyal y Malvarrosa, en València, y después las de la Patacona (Alboraia), la Pobla de Farnals, El Puig y Massamagrell, con lo que «es evidente que hay un problema de contaminación de las aguas consecuencia de esa dejación en la gestión del gobierno del pacto de los sillones». «Ellos están en condonar deudas y repartirse los sillones, pero no en lo que tienen que estar».

Esto, ha proseguido, «en diciembre no es un problema, es un problema ahora» en plena temporada estival, y por ello quieren que Mollà comparezca en la diputación permanente de Les Corts: «¿Cuándo va a comparecer, en diciembre cuando ya no haya turismo?¿Y vamos a tener todo el litoral valenciano con problemas de contaminación sin saber de dónde viene o qué medidas hay que tomar?».

«Queremos saber qué está sucediendo. Hemos pedido la comparecencia de la consellera en diputación permanente y nos la denegaron. Ante los nuevos cierres de playas vamos a reiterar esa petición de que comparezca porque los ciudadanos necesitan saber qué está pasando en una zona tan turística como es esta», ha dicho.

También ha pedido al presidente, Ximo Puig, que dé cuenta de las inversiones realizadas en depuración de aguas en los últimos cuatro años porque les ha llegado «que hay problemas serios en muchos municipios con la depuración de las aguas y eso es responsabilidad de la Generalitat».

PIDEN SOLUCIONES
Por su parte, los portavoces del Partido Popular de los ayuntamientos afectados por la presencia de la bacteria Escherichia coli –presente en el intestino, las heces y la orina– han denunciado la «pasividad de las administraciones locales y también de la autonómica a la hora de afrontar el problema» y han reclamado soluciones urgentes.

La portavoz del PP en Alboraia, Virginia Garrigues, ha criticado que hasta ahora la explicación que da el gobierno municipal, en manos del PSPV, «es que no tienen ni idea del origen del problema y que en la Conselleria también lo desconocen». «Parece difícil solucionar algo que no controlan y esta actitud puede arruinarnos la campaña estival porque ya son varios días en los que se han cerrado las playas del término».

También el portavoz del PP de Massamagrell, Enrique Senent, ha señalado que durante la pasada legislatura trataron de averiguar, sin éxito, si la acequia que recoge agua de riego sobrante de la acequia de Moncada soporta algún tipo de vertido. «Sin ese control o sin saber si alguna de las viviendas de playa de la zona limítrofe con Pobla de Farnals vierte directamente a la acequia es difícil solventar el problema», ha advertido.

Esta situación que se repite también en la playa de El Puig de Santa Maria y en las citadas playas de la ciudad de València resulta «inadmisible» para los portavoces del PP, que piden «soluciones urgentes y la asunción de responsabilidades» porque está en juego la campaña de verano para muchas actividades que se generan en el entorno del litoral valencian

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Hoy se decide si Ábalos y Koldo entran en prisión antes del juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha acudido este miércoles al Tribunal Supremo para participar en la vista en la que el magistrado Leopoldo Puente evaluará si debe decretar su ingreso en prisión provisional, tal y como reclaman las acusaciones populares personadas en la causa, lideradas por el Partido Popular. Se trata de un momento determinante en la investigación de las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.

Una llegada discreta ante una fuerte expectación mediática

Ábalos ha accedido al alto tribunal a primera hora de la mañana, sin hacer declaraciones, en medio de una gran presencia de medios desplazados ante la relevancia de la cita. Su comparecencia coincide con el avance de la causa hacia la fase final previa al juicio.

La vista ha sido convocada después de que tanto Fiscalía Anticorrupción como varias acusaciones solicitaran una revisión de las medidas cautelares que mantienen actualmente Ábalos y su exasesor Koldo García, quienes permanecen en libertad con obligación de comparecer periódicamente ante la Justicia, prohibición de salida del país y retirada del pasaporte.

Las acusaciones piden prisión provisional para evitar riesgo de fuga

Las acusaciones populares sostienen que la gravedad de los hechos atribuidos —y las altas penas solicitadas— justifican el ingreso inmediato en prisión de ambos investigados. Argumentan que existen “indicios sólidos de criminalidad” y un riesgo de fuga ante la cercanía del juicio por la llamada trama de mascarillas.

La Fiscalía, por su parte, solicita para Ábalos 24 años de prisión, y para Koldo 19 años y medio, por delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Además, reclama multas millonarias derivadas del presunto perjuicio causado a la Administración.

Las acusaciones populares elevan las penas a 30 años, añadiendo también prevaricación y falsedad documental.

El Supremo decidirá si endurece las medidas cautelares

El magistrado Puente deberá valorar si las circunstancias actuales justifican un cambio en la situación personal de los acusados. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite modificar las medidas cautelares cuando lo piden las partes y tras oír a todas ellas en audiencia pública, como ocurre en esta vista.

El juez solo puede adoptar nuevas medidas —incluida la prisión provisional— si así lo solicita alguna acusación, nunca de oficio. La decisión, que podría conocerse en las próximas horas, marcará el rumbo inmediato del caso.

Una vista decisiva en un caso con fuerte impacto político

La trama de mascarillas ha tenido un enorme eco institucional al implicar a un exministro y a altos cargos cercanos. El avance hacia un posible juicio oral y la elevada petición de penas han intensificado la presión sobre Ábalos, cuya situación judicial y política se encuentra en uno de sus momentos más delicados.

 

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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