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València estudia ‘vallar’ la Lonja en Fallas para evitar que se repitan actos vandálicos

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suciedad valencia fallas

VALÈNCIA, 6 Nov. – El Ayuntamiento de València estudia proteger la Lonja durante la celebración de las Fallas de 2020 para evitar actos vandálicos, incidentes y escenas como los registrados en las fiestas del año pasado, durante las que hubo personas que orinaron en las paredes de su fachada y se produjeron botellones en su entorno.

Así lo ha avanzado este miércoles el concejal de Seguridad Ciudadana, Aarón Cano, que ha indicado que esta es una cuestión que ha tratado ya con el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, y un asunto en el que deberán implicarse otras delegaciones municipales.

Cano se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para hacer balance de los tres años de funcionamiento de la unidad Gama de la Policía Local, preguntado por la protección de edificios emblemáticos como la Lonja en Fallas.

El edil ha explicado que en reuniones mantenidas con el titular de Cultura Festiva ha hablado de este tema y que se ha dejado constancia de que «las imágenes que en Fallas pasadas vimos en la Lonja no pueden repetirse». «Un Patrimonio Inmaterial de la Humanidad como las Fallas no puede entrar en colisión con otro Patrimonio de la Humanidad como la Lonja. Ambos deben ser complementarios», ha afirmado.

Aarón Cano ha considerado que «intentar evitar las conductas incívicas en Fallas va a ser un poco difícil» pero ha apuntado la necesidad de «seguir trabajando para controlarlas. En esta línea, ha aseverado que se establecerán «medios y recursos que no solo afectarán a Seguridad Ciudadana sino a otras delegaciones para proteger el entorno de la Lonja» y ha insistido en la conveniencia de «evitar para la ciudad escenas como las vistas el año pasado».

ESTUDIANDO EL VALLADO
El concejal, que ha agregado que estos hechos no son nuevos de las pasadas Fallas sino que «vienen de años», ha señalado respecto a la posibilidad de que se monte un vallado alrededor de La Lonja que esto es algo que se está es estudiando.

«Es una cosa seria. La Lonja es un edificio protegido y es necesario ver cómo vamos a actuar», ha dicho, a la vez que ha expuesto que también se deben «estudiar vías de evacuación». «Estamos haciendo análisis para ver qué sería necesario hacer para llevar a cabo esto», ha añadido Cano.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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