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València estudia ‘vallar’ la Lonja en Fallas para evitar que se repitan actos vandálicos

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suciedad valencia fallas

VALÈNCIA, 6 Nov. – El Ayuntamiento de València estudia proteger la Lonja durante la celebración de las Fallas de 2020 para evitar actos vandálicos, incidentes y escenas como los registrados en las fiestas del año pasado, durante las que hubo personas que orinaron en las paredes de su fachada y se produjeron botellones en su entorno.

Así lo ha avanzado este miércoles el concejal de Seguridad Ciudadana, Aarón Cano, que ha indicado que esta es una cuestión que ha tratado ya con el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, y un asunto en el que deberán implicarse otras delegaciones municipales.

Cano se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para hacer balance de los tres años de funcionamiento de la unidad Gama de la Policía Local, preguntado por la protección de edificios emblemáticos como la Lonja en Fallas.

El edil ha explicado que en reuniones mantenidas con el titular de Cultura Festiva ha hablado de este tema y que se ha dejado constancia de que «las imágenes que en Fallas pasadas vimos en la Lonja no pueden repetirse». «Un Patrimonio Inmaterial de la Humanidad como las Fallas no puede entrar en colisión con otro Patrimonio de la Humanidad como la Lonja. Ambos deben ser complementarios», ha afirmado.

Aarón Cano ha considerado que «intentar evitar las conductas incívicas en Fallas va a ser un poco difícil» pero ha apuntado la necesidad de «seguir trabajando para controlarlas. En esta línea, ha aseverado que se establecerán «medios y recursos que no solo afectarán a Seguridad Ciudadana sino a otras delegaciones para proteger el entorno de la Lonja» y ha insistido en la conveniencia de «evitar para la ciudad escenas como las vistas el año pasado».

ESTUDIANDO EL VALLADO
El concejal, que ha agregado que estos hechos no son nuevos de las pasadas Fallas sino que «vienen de años», ha señalado respecto a la posibilidad de que se monte un vallado alrededor de La Lonja que esto es algo que se está es estudiando.

«Es una cosa seria. La Lonja es un edificio protegido y es necesario ver cómo vamos a actuar», ha dicho, a la vez que ha expuesto que también se deben «estudiar vías de evacuación». «Estamos haciendo análisis para ver qué sería necesario hacer para llevar a cabo esto», ha añadido Cano.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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