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Valencia

La UCO requiere al Ayuntamiento y Valencia Activa información de contratos de Badenas (Vox)

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Badenas VOX contratos
El concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de València, Juan Manuel Badenas (Vox) a la salida del pleno el 30 de abril de 2025 - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha requerido al Ayuntamiento de València y a la Fundación València Activa información sobre contratos firmados por Juan Manuel Badenas, actual concejal de Patrimonio, exsegundo teniente de alcalde y exedil de Empleo, Parques y Jardines por Vox.

Según ha avanzado eldiario.es y han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press, los agentes actuaron en cumplimiento de un requerimiento de la Fiscalía Provincial de Valencia, que afecta a la Intervención municipal y a la entidad pública dependiente del consistorio.


Fiscalía investiga contratos de patrocinio por más de 17.500 euros

Precisamente, este mismo miércoles se ha conocido que la Fiscalía Provincial de Valencia ha incoado diligencias por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. El foco está en un contrato de patrocinio de 14.500 euros más IVA (17.545 euros en total), adjudicado por Badenas a una entidad editorial.

El contrato tenía como objeto la celebración de unas jornadas en un acto único celebrado en Madrid, supuestamente sin vinculación directa con València, lo que ha generado dudas sobre su interés público. Además, el importe total fue tan solo 500 euros por debajo del límite legal para evitar un procedimiento de concurrencia competitiva.


Denuncias de Compromís y PSPV por supuestas irregularidades en València Activa

La investigación de Fiscalía se inició tras denuncias presentadas por Compromís (28 de febrero) y el PSPV-PSOE (4 de marzo), que aportaron audios y documentos en los que se denunciaba la posible manipulación de contratos públicos y un supuesto espionaje político desde València Activa, cuando Badenas era responsable del área de Empleo.

En el documento de incoación de diligencias, fechado el 12 de marzo, Fiscalía considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de:

  • Prevaricación

  • Malversación

  • Negociaciones prohibidas a funcionarios

  • Falsedad documental


El contrato bajo sospecha: 4.500 euros por una entrevista a Badenas

Según la denuncia del PSPV, el contrato incluía 4.500 euros más IVA por la grabación de una entrevista a Juan Manuel Badenas, actuación que, subrayan, está expresamente prohibida por la Ley 12/2018, de 24 de mayo, sobre publicidad institucional en la Comunitat Valenciana.

“Esta ley impide el uso de fondos públicos para fines que no respondan al interés ciudadano ni a la promoción colectiva de infraestructuras públicas”, señalan los socialistas.

Además, la entidad editorial justificó el patrocinio en un supuesto “retorno de imagen del área de parques, jardines y espacios naturales”, aunque, según el PSPV, las jornadas anteriores apenas alcanzaron 5.000 visualizaciones.


Vox, el Ayuntamiento y la reconfiguración del equipo de gobierno

Tanto Juanma Badenas como Cecilia Herrero, ediles del equipo de gobierno de María José Catalá, abandonaron Vox en marzo, pasando a ser concejales no adscritos. Posteriormente, Vox los readmitió en el partido y en su grupo municipal.

Actualmente, el gobierno local mantiene una nueva estructura en la que Badenas dirige el área de Patrimonio y Herrero la de Responsabilidad Patrimonial.


Reacciones políticas tras el registro

El portavoz de Vox en el consistorio, José Gosálbez, ha expresado su «respeto por la actuación judicial» y ha defendido la presunción de inocencia de su compañero de partido. Asimismo, ha asegurado que existe un informe de asesoría jurídica que avala los contratos firmados.

Por su parte, desde el Partido Popular, el portavoz Juan Carlos Caballero ha afirmado que esperarán las resoluciones judiciales y que siguen confiando en sus socios de gobierno.

En el lado contrario, el socialista Borja Sanjuan ha advertido que su grupo municipal no descarta personarse como acusación particular. Según Sanjuan, «cada expediente revisado de Badenas podría acabar en Fiscalía».


Claves del caso:

  • ¿Qué se investiga? Presunto delito de prevaricación, malversación y falsedad documental.

  • ¿Quién está implicado? Juan Manuel Badenas (Vox), exvicepresidente de Valencia Activa.

  • ¿Qué contrato se cuestiona? Un patrocinio por 14.500€ adjudicado a OK Diario.

  • ¿Qué instituciones se han registrado? Ayuntamiento de València y sede de Valencia Activa.


 

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Valencia

Muere de un infarto el técnico del 112 que validó el ES-Alert el día de la DANA

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Miguel Moya,

Miguel Moya certificó el envío del SMS masivo de alerta desde su domicilio durante la emergencia

Miguel Moya, técnico del servicio 112 Comunitat Valenciana y responsable de validar el envío del sistema ES-Alert el día de la DANA en Valencia, ha fallecido a causa de un infarto en la noche del martes, según fuentes conocedoras de lo ocurrido.

Moya desempeñó un papel clave en la gestión de la emergencia provocada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a la provincia de Valencia. Fue el profesional encargado de certificar el envío del mensaje de alerta masiva a la población, un proceso que realizó desde su propio domicilio.

Un papel clave en el envío del ES-Alert

El técnico trabajó en coordinación con el entonces subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, el funcionario de mayor rango al frente del operativo en aquel momento. El envío del mensaje ES-Alert se produjo a las 20:11 horas, tras momentos de elevada tensión en la Sala de Emergencias ubicada en l’Eliana.

Durante la gestión se rechazó un primer mensaje redactado en castellano e inglés. Posteriormente, se aprobó un segundo texto —conocido como “708”— redactado en castellano y valenciano. En un audio incorporado a la causa judicial se escucha a Moya preguntar: “¿Lo apruebo?”, a lo que Suárez responde: “Sí, sí, adelante”.

La investigación judicial sobre la DANA

El envío del SMS fue posteriormente objeto de análisis judicial. La jueza instructora sostiene que la alerta pudo ser tardía y que el contenido no fue el más adecuado, lo que habría dificultado que parte de la ciudadanía adoptara medidas de autoprotección.

Miguel Moya declaró como testigo en la causa abierta por la gestión de la DANA en Valencia, un episodio que generó un intenso debate político e institucional en la Comunitat Valenciana.

Su fallecimiento se produce mientras continúa el procedimiento judicial relacionado con aquella jornada de emergencia.

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