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València habilita albergues y una ayuda de 200.000 € para acoger a refugiados ucranianos

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guerra ucrania rusia

València, 28 feb (OP/EFE).- El alcalde de València, Joan Ribó, ha informado este lunes de que el Consistorio ha aprobado una ayuda extraordinaria y urgente de 200.000 euros y prepara albergues y otras instalaciones municipales para la acogida de refugiados ucranianos.

“València es una ciudad refugio y continuará siéndolo”, ha asegurado Ribó en un comunicado, y ha informado de que, “además de la partida ordinaria” de la Concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migración, está prevista “una ayuda extraordinaria de 200.000 euros más, porque esto evidentemente nadie lo había previsto ni se imaginaba que iba a pasar”.

Junto con el apoyo económico, Ribó ha destacado la habilitación otros recursos, como la ampliación del casal de acogida que el Ayuntamiento dispone en Rocafort, que se puso en marcha en 2013 para ofrecer alojamiento y manutención a la población migrante que, por diversas circunstancias, se encuentran en la ciudad y no tienen un domicilio estable.

Sobre el número de personas que acogerá València, el alcalde ha aclarado: “Esto es imposible de predecir, porque depende mucho de la duración del conflicto, que yo querría que se acabara ya, a ser posible hoy”.

En ese sentido, se ha referido a las distintas situaciones que se producen; por ejemplo, “un grupo de alumnos ucranianos que estaban de viaje por España y no pueden volver” a su país y a quienes se les va a buscar un lugar de acogida.

«Queremos hacer las cosas de una forma articulada con la Comunidad Autónoma y el Estado, con normalidad y siguiendo las normas”, ha añadido Ribó, quien ha recordado que “la entrada de estas personas está controlada por el Estado» y el Ayuntamiento, «evidentemente», será «riguroso con esto, pero con una voluntad de refugio”.

Finalmente, el alcalde ha incidido en el “no en la guerra, no a ninguna guerra, no a la guerra de Ucrania”.

València acoge a 90 ucranianos que huyen de la guerra

 La responsable municipal de Migración ha detallado cómo se ha ido produciendo la llegada de ciudadanos ucranianos en las últimas semanas. “Han llegado progresivamente por avión y en las últimas semanas hemos recibido varias familias. Tras el cierre del espacio aéreo están desplazándose también en coche. Casi todos los ucranianos que vienen están huyendo de la situación, aumentando el número de familias de acogida. Desde las últimas semanas, de 150 personas con ese perfil de acogida, 90 son de Ucrania”.

Pero hay diversas situaciones: “Hay otro tipo de perfiles, como el grupo de jóvenes que estaban haciendo una ruta por España, se quedaron en València y las familias les han dicho que no vuelvan. Llegaron el viernes. Ha sido complicado conseguir que contacten con sus familias porque en algunas zonas no había red o estaban encerrados en búnkeres, pero es importante que hayan podido localizarles para saber que están bien. Aunque la situación es de una enorme incertidumbre”.

También hay refugiados rusos que han salido de su país por la ausencia de libertad sexual. Ibáñez ha explicado: “Hace unos meses vinieron de Rusia una pareja de mujeres y recientemente hemos acogido a una chica perseguida por pertenecer al colectivo LGTBI. Ese perfil de rusos que defiende sus derechos sociales también está llegando y todos dicen que Putin no les representa. Además, están preocupados porque no se genere odio hacia la población rusa, porque consideran que lo que está pasando es una locura. Me gustaría subrayar que se ha generado una gran solidaridad entre las personas ucranianas y rusas acogidas”.

La concejala desconoce una estimación en torno al número de personas que puedan llegar en las próximas semanas, pero ha señalado: “Salvo estos chicos que les pilló aquí, el resto viene consciente de la necesidad de huir de la situación en su país. Estamos intentando dar respuesta a todos y pensando en ampliar nuevos espacios y recursos porque sabemos que en las próximas semanas es muy probable que lleguen más”.

La concejala Maite Ibáñez ha destacado  la coordinación con la Generalitat y el gobierno de España, “aunque somos conscientes de que la primera puerta de acceso a la ciudad es el Centro de Acogida de Inmigración”, y también ha puesto de relieve la coordinación con otras entidades como Cruz Roja.

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La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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