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Valencia hará una escollera para proteger a las viviendas de La Casbah en El Saler

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El Ayuntamiento acometerá “cuanto antes, en el momento en que la Demarcación de Costas conceda los permisos”, la construcción de una escollera artificial que favorezca la protección del litoral sur en la zona de la urbanización de la Casbah, con cuyos vecinos se han reunido este viernes el alcalde Joan Ribó y los concejales Vicent Sarrià, Sergio Campillo y Consol Castillo. Se calcula que el coste de esta infraestructura de defensa ante futuro temporales podría superar los 600.000 euros que el Ayuntamiento reclamará a Costas, al tiempo que exige un plan de regeneración integral que calendarice todas las actuaciones.

“Hemos estado analizando una situación que es muy gráfica, con una reducción muy importante de la playa durante los últimos años como consecuencia de un efecto provocado por el Puerto y por los pantanos que están impidiendo que lleguen los sedimentos, pero la realidad es que hay unas viviendas que tienen unos derechos adquiridos y que hemos de defender”, ha señalado Joan Ribó tras esta reunión con los vecinos de la Casbah.

El alcalde ha recordado que “ayer aprobamos en el Pleno una moción para pedir la declaración de zona gravemente afectada, que exigimos que el Consejo de Ministros atienda, igual que esperamos que la Generalitat la contemple, pero por nuestra parte vamos a establecer una defensa sólida en esa parte del literal sur”. Ribó ha insistido en que “ha de ser un mecanismo que no se pierda en dos o tres años, como por desgracia ha pasado con la protección que se hizo en 2010”. Según ha explicado, “la idea es avanzar en esa línea desde la colaboración con el resto de administraciones y entidades”, y en ese sentido ha dicho que “sabemos que el Puerto está dispuesto a aportar recursos para esa regeneración y costas ha de definir los proyectos de una vez por todas para establecer medidas más estables y que consoliden esta zona de playa”.

Ribó se ha referido a la ejecución de “una escollera artificial que favorezca la protección ante los temporales. Lo que me preocupa es que lo que hagamos se lo vuelva a llevar el mar dentro de muy poco tiempo. Tiene que ser algo definitivo para que los vecinos puedan estar tranquilos en unas casas por las que pagan impuestos y que tienen unos problemas de ordenación que a nosotros no nos corresponden porque dependen de Costas”.

El concejal de urbanismo Vicent Sarrià ha detallado ese sistema de escollera frente a la posibilidad de volver a dejar el paseo tal como estaba “que es la solución menos recomendada por los técnicos porque se hubiera reproducido la misma situación tras otro temporal. Lo que vamos a hacer es desmontar el actual Paseo y sustituirlo por una obra de defensa con piedra de escollera grande que evite que la urbanización se convierta en el muro pantalla contra el cual pega el oleaje en un temporal”.

El responsable de Desarrollo Urbano ha añadido que “se sustituye un paseo por una obra de defensa mucho más sólida que obviamente, como ha señalado el alcalde, tiene que complementarse con acciones de regeneración de la playa que resistan mejor. Lo que vamos a hacer ha de ser compatible con una futura regeneración de la playa por acumulación de arena: una escollera que evite la erosión por bajo y que acometeremos en cuanto tengamos los permisos necesarios de la Demarcación de Costas”.

El concejal Sergi Campillo, por su parte, ha vuelto a insistir en la necesidad de una regeneración integral. ”Queremos saber cuándo se va a hacer, queremos que la Demarcación de Costas tenga el plan de regeneración integral, con plazos, proyectos y presupuestos. No podemos continuar poniendo parches. Necesitamos un proyecto integral que calendarice todas las actuaciones.”

El portavoz de los vecinos de la Casbah, Guillermo Casanova ha dicho que los vecinos “estamos sintiéndonos arropados por el Ayuntamiento, y a partir de ahí nos enfrentamos a un problema muy complejo. El paseo marítimo que existía quizás ahora hay que adaptarlo a las nuevas exigencias técnicas y de defensa, pero nos sentimos satisfechos de que haya una voluntad muy buena de coordinarnos y acometer el proyecto integral”.

Sarrià ha calificado de “muy importante” la obra cuyo coste podría superar los 600.000 euros, pero no podemos saberlo ciertamente porque es una “obra de emergencia”, y que el Ayuntamiento va a acometer en cuanto tenga los permisos de Costas. “Vamos a empezar cuanto antes una obra que debería asumir la Demarcación de Costas. En 2010 ya se hizo una reparación de urgencia que en aquel momento costó 200.000 euros y que el Ayuntamiento comunicó al ministerio sin que este se diera por aludido. Reclamaremos esa cantidad, y además está la moción de ayer en la que exigimos una compensación por todos los daños en el litoral. Por eso también se repercutirán los daños en otras playas, que se están evaluando y que son importantes en las Norte”.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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