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València supera el límite de partículas contaminantes establecido por la OMS

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València prohibirá entrada vehículos contaminantes 2028

VALÈNCIA/MADRID, 29 Nov. – Barcelona, València, Sevilla, Albacete, Toledo, Valladolid, Bilbao, Huesca, Madrid, Oviedo, Palma de Mallorca y San Sebastián superan el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre concentración de partículas PM2.5, que está fijado en 10 microgramos/m3, según se desprende de un estudio publicado en la revista ‘The New England Journal of Medicine’.

De las 19 ciudades españolas donde se han estudiado sus niveles de PM2.5, solo León, Cáceres, Las Palmas, Salamanca, Vitoria, Tenerife y Burgos cumplen con los estándares establecidos por la OMS. En el caso de las partículas PM10, la mayoría de las 45 ciudades españolas analizadas superan los límites. Solo Teruel, Pontevedra, Alicante, Valladolid, Huesca y Ourense quedarían por debajo de los 20 microgramos/m3.

España establece en 25 microgramos/m3 el valor límite de concentración anual para las PM2.5 y en 40 microgramos/m3 para las PM10, siguiendo la línea de lo que fija la Unión Europea (UE). Sin embargo, la OMS establece unos límites mucho más bajos. PM10 y PM2.5 son los productos contaminantes de mayor impacto medioambiental. Cuanto más pequeñas son las partículas, más dañinas pueden ser.

Las PM2.5, que tienen menor diámetro, son más perjudiciales para la salud. Este tipo de partículas son las que se emiten, por ejemplo, en la combustión de los vehículos diésel, además de en la combustión fósil (petróleo, carbón, gas natural) y combustible de biomasa, en las temperaturas altas en procesos industriales, fundidoras, refinerías o acererías, entre otros.

«Lo que hacen estas partículas, al pasar por el torrente sanguíneo, es favorecer la trombosis y potenciar la aterosclerosis mediante inflamación vascular, estrés oxidativo y disfunción endotelial», explica el doctor Jordi Bañeras, cardiólogo de la unidad de críticos cardiovasculares del Hospital Vall d’Hebron, profesor asociado de la Universidad de Barcelona y miembro de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

Según este experto, por cada reducción de 10 microgramos/m3 en las concentraciones de PM2.5 se podrían prevenir el 2,1 por ciento de las arritmias ventriculares por infarto agudo de miocardio, lo que «los haría sin duda menos letales». Hasta un 0,88 por ciento de los infartos podrían atribuirse a la contaminación, pero lo «más preocupante es que la polución empeora el pronóstico de estos eventos cardiovasculares, convirtiéndolos en más arritmogénicos y, por tanto, más letales», advierte.

Con motivo de la Cumbre del Clima, que se celebra en Madrid entre el 2 y el 13 de diciembre, la Fundación Española del Corazón (FEC) recuerda que la contaminación atmosférica causa 8,8 millones de muertes al año en el mundo, 790.000 en Europa y unas 30.000 en España; siendo entre el 40 y el 80 por ciento de esas muertes de causa cardiovascular. Al respecto, el vicepresidente de la FEC, José Luis Palma, indica que «la contaminación ambiental es un factor de riesgo cardiovascular».

Fuente: (EUROPA PRESS)

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El Tribunal Supremo envía a juicio al fiscal general del Estado y le impone una fianza de 150.000 euros

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Álvaro García Ortiz
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

El Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. El magistrado instructor de la Sala Segunda, Ángel Hurtado, le ha impuesto una fianza de 150.000 euros para asegurar posibles responsabilidades civiles. Si no la abona en el plazo de cinco días, se procederá al embargo de bienes.

El caso se basa en la filtración, presuntamente autorizada o coordinada por García Ortiz, del contenido confidencial de un correo electrónico relacionado con la investigación fiscal sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, se acusa al fiscal general de haber facilitado esa información a un medio de comunicación, lo que constituiría un delito de revelación de secretos cometido por autoridad.


El proceso judicial

La decisión del magistrado llega semanas después de que la Sala de Apelación del propio Supremo confirmara el procesamiento de García Ortiz. El tribunal considera que existen indicios suficientes para sentarlo en el banquillo y juzgar si su actuación supuso una violación del deber de confidencialidad inherente a su cargo.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que actúa como acusación particular, solicita una condena de seis años de prisión para el fiscal general. Sin embargo, el magistrado ha rechazado su suspensión cautelar del cargo, aunque ha remitido el auto a la Inspección Fiscal para que determine si procede alguna medida administrativa.


Respaldo del Gobierno y críticas de la oposición

Pese a la apertura de juicio, el Gobierno ha reiterado su plena confianza en Álvaro García Ortiz y ha defendido su presunción de inocencia. Así lo ha afirmado la ministra portavoz, quien ha subrayado que el fiscal general «siempre ha defendido la verdad y ha perseguido el delito».

Por el contrario, la oposición ha exigido su dimisión inmediata. Desde el Partido Popular, se considera que la situación es insostenible desde el punto de vista ético y político. Su portavoz en el Congreso ha señalado que en un país democrático, el fiscal general debería haber renunciado ya al cargo.


La Fiscalía también recurre

En paralelo, la propia Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso contra el auto de apertura de juicio oral. La teniente fiscal sostiene que la instrucción ha vulnerado derechos fundamentales y no ha respetado las garantías procesales necesarias. Por ello, solicita el archivo del caso.

La causa se encuentra ahora en una fase clave: a la espera de que se determine la fecha del juicio y de que la Inspección Fiscal valore si es procedente adoptar medidas disciplinarias internas contra García Ortiz.


Claves del caso

  • Imputado: Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

  • Delito atribuido: Revelación de secretos

  • Fianza: 150.000 euros, a abonar en cinco días

  • Condena solicitada: 6 años de prisión (por parte de APIF)

  • Reacciones: Apoyo del Gobierno, duras críticas del PP y Compromís

  • Estado actual: Auto de apertura de juicio oral firme; pendiente de fecha


Este juicio marca un precedente inédito en la historia reciente del Ministerio Fiscal en España y pone bajo escrutinio público el papel institucional del fiscal general, su relación con el Gobierno y los límites legales de su actuación.

 

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