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València ya tiene papeleras verdes con dispensador de bolsas para los excrementos caninos

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VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) –

La concejala de Gestión de Residuos Sólidos del Ayuntamiento de València, Pilar Soriano, ha anunciado la instalación de 177 nuevas unidades de papeleras verdes, uno de cuyos rasgos distintivos es que dispensan bolsas para recoger los excrementos caninos. Con esta actuación todos los barrios de la ciudad contarán al menos con dos unidades de este tipo de papeleras.

Soriano ha explicado mediante un comunicado que la instalación de estas papeleras con dispensador de bolsas empezó «a petición de la ciudadanía, a través de los presupuestos participativos de 2016, en determinados barrios y distritos de la ciudad». En total, hubo una primera fase con la instalación en 2016 de 50 unidades y una segunda fase con 389 nuevas papeleras en 2017. Ahora, se sumarán 177 más.

La concejala ha valorado la utilidad de estas papeleras, de 50 litros de capacidad, con cenicero y dispensador de bolsas, «para facilitar la colaboración y el civismo de las personas que cuidan mascotas» y el hecho de que todos los barrios de la ciudad, incluidos los Pueblos de València, cuenten a partir de ahora con papeleras de estas características.

La instalación de estas papeleras en el barrio de Patraix permitió reducir en más de un 30 por ciento las deposiciones caninas no recogidas, según pudieron comprobar los servicios de limpieza municipales.

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Ábalos tras el registro de la UCO en su casa de València: «Lo único que les interesaba era el teléfono»

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El exministro José Luis Ábalos. EFE/Archivo

València, 10 de junio de 2025 – El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha manifestado su tranquilidad tras el registro realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su domicilio de València, en el marco de las diligencias judiciales relacionadas con el ‘caso Koldo’ y supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

El teléfono móvil, principal objetivo del registro

En declaraciones a los medios, Ábalos ha confirmado que el registro —que se prolongó durante más de nueve horas— tuvo como principal objetivo acceder al contenido de su teléfono móvil. “Lo único que les interesaba era el teléfono”, ha asegurado el exministro, quien también ha explicado que los agentes se llevaron memorias digitales que no pudieron copiar completamente en el momento y que podrá recuperar en los próximos días.

Ábalos ha añadido que no se siente inquieto por el procedimiento judicial:

«Más allá de las cosas íntimas, que espero que se preserven, mi móvil no registra una gran actividad desde hace tiempo. Todo lo que sea aclarar no me molesta. Así que estoy muy bien», declaró.

Diligencias ordenadas por el Tribunal Supremo

El registro se enmarca en unas diligencias secretas ordenadas por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga presuntas irregularidades en contratos adjudicados durante la pandemia. Según fuentes jurídicas, la actuación de la UCO se basa en un informe fechado el 5 de junio, cuya información clave aún no se ha hecho pública.

La operación también estaría relacionada con documentación entregada por Víctor de Aldama, empresario considerado como uno de los principales implicados en la trama del ‘caso Koldo’, que afecta a contratos vinculados al Ministerio de Transportes.

Documentación sobre obras públicas

Las mismas fuentes indican que la Guardia Civil buscaba documentación relacionada con obra civil, supuestamente amañada en procesos de licitación durante la etapa de Ábalos al frente del ministerio. El foco estaría en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, y en especial en proyectos gestionados por la Dirección General de Carreteras.

Ábalos insiste en su inocencia

José Luis Ábalos, que ya ha declarado ante el juez en dos ocasiones, ha reiterado su disposición a colaborar con la justicia. En anteriores declaraciones, negó rotundamente haber recibido comisiones o beneficios personales a cambio de adjudicaciones.

El exministro también ha solicitado en otras fases del proceso la exclusión de la UCO de la investigación, alegando posibles filtraciones interesadas, aunque tanto el juez instructor como la Sala de Apelación del Supremo rechazaron sus peticiones y ratificaron la legalidad del procedimiento.

 

 

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