València, 8 julio (OFFICIAL PRESS-EFE).-La representación legal de la mujer (entonces menor de edad) que fue víctima de abusos sexuales por parte del exmarido de Mónica Oltra reclama una condena de 3,5 años de prisión y 12 de inhabilitación para la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, la víctima reclama el procesamiento de 10 personas, entre ellas Oltra y varios responsables de la Conselleria de Igualdad que ella dirigía.
A Oltra le atribuye esta acusación particular los delitos de prevaricación, por el que reclama 12 años de inhabilitación, malversación, por el que pide 1,5 años de prisión, y un delito contra la integridad moral que pide se sancione con 2 años de prisión.
La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ordenó el pasado mes de junio la reapertura de la causa contra la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra y otras 15 personas por la gestión del caso de los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada por la Generalitat y cometidos por el exmarido de Oltra.
La víctima de los abusos está actualmente representada por un histórico dirigente de la asociación de ultraderecha España 2000, si bien en la causa hay otras dos acusaciones populares que ejercen la asociación Gobierna-Te de Cristina Seguí (exdirigente de Vox) y Vox.
La Fiscalía Provincial no vio indicios de delito en esta causa y apoyó la propuesta de archivo del juez instructor.
La sentencia de cinco años de prisión impuesta por este caso al exmarido de Oltra fue confirmada el pasado mes de septiembre por el Tirbunal Supremo.
Carácter «rebelde y embustero»
La defensa de esta menor expone en su escrito de acusación que los funcionarios responsables de su tutela «escudándose en que la niña no quería denunciar y en su carácter rebelde y embustero, concluyeron que no procedía derivarla» al organismo externo encargado de evaluar posibles casos de abusos.
«Al parecer, ninguno de los acusados le dio importancia al hecho de que con catorce años la decisión de denunciar es de los padres o tutores, no de los niños, que carecen de capacidad de obrar; tampoco a que, precisamente por ser una niña conflictiva, era víctima propiciatoria para un abusador. Estaban más preocupados por mantener la discreción sobre la identidad del abusador que por proteger a la niña tutelada», expone el referido escrito.
«Ni lo denunciaron al grupo de menores de la Policía Nacional, ni a la Fiscalía, ni se preocuparon de la protección de la menor, a la que se le colocó en riesgo por volver a estar en contacto con el abusador, ya que éste fue reincorporado al puesto», añade.
El asunto de los abusos se judicializó cuatro meses más tarde cuando la víctima contó lo ocurrido a unos agentes de Policía Nacional que se encontraban circunstancialmente en el centro de menores con motivo del traslado de otra niña.
Estrategia para desacreditar a la víctima
Y añade el abogado de la víctima: «cuando ya se había judicializado la investigación, los acusados puestos de común acuerdo idearon una estrategia para desacreditar el testimonio de la menor, cubrir las apariencias y obstaculizar la acción judicial».
«Para ello acordaron realizar una instrucción paralela a la judicial con la finalidad, no ya de saber lo que podía haber fallado para que los hechos se hubieran ocultado durante tanto tiempo, sino para determinar la veracidad de las acusaciones efectuadas por la menor».
En este sentido se acusa directamente a Oltra de haber dado orden para la incoación de dicho expediente informativo, que en esta ocasión sí que incluyó un informe psicológico del organismo externo contratado por la Conselleria.
Dicho informe concluyó que el testimonio de la menor era «poco creíble», aunque recomendaba seguimiento y apoyo psicológico.
El coste del informe fue de 490,05 euros, según esta acusación, que denuncia que «la atención y el tratamiento nunca se facilitaron a la adolescente».
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