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Valencia

La víctima de abusos del ex marido de Oltra reclama tres años y medio de prisión y 12 de inhabilitación para la exvicepresidenta

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La joven que fue víctima de abusos sexuales cuando era menor de edad y estaba tutelada por la Generalitat Valenciana, a su llegada a los juzgados de València, en una imagen de archivo. EFE/Ana Escobar

València, 8 julio (OFFICIAL PRESS-EFE).-La representación legal de la mujer (entonces menor de edad) que fue víctima de abusos sexuales por parte del exmarido de Mónica Oltra reclama una condena de 3,5 años de prisión y 12 de inhabilitación para la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, la víctima reclama el procesamiento de 10 personas, entre ellas Oltra y varios responsables de la Conselleria de Igualdad que ella dirigía.

A Oltra le atribuye esta acusación particular los delitos de prevaricación, por el que reclama 12 años de inhabilitación, malversación, por el que pide 1,5 años de prisión, y un delito contra la integridad moral que pide se sancione con 2 años de prisión.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ordenó el pasado mes de junio la reapertura de la causa contra la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra y otras 15 personas por la gestión del caso de los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada por la Generalitat y cometidos por el exmarido de Oltra.

La víctima de los abusos está actualmente representada por un histórico dirigente de la asociación de ultraderecha España 2000, si bien en la causa hay otras dos acusaciones populares que ejercen la asociación Gobierna-Te de Cristina Seguí (exdirigente de Vox) y Vox.

La Fiscalía Provincial no vio indicios de delito en esta causa y apoyó la propuesta de archivo del juez instructor.

La sentencia de cinco años de prisión impuesta por este caso al exmarido de Oltra fue confirmada el pasado mes de septiembre por el Tirbunal Supremo.

Carácter «rebelde y embustero»

La defensa de esta menor expone en su escrito de acusación que los funcionarios responsables de su tutela «escudándose en que la niña no quería denunciar y en su carácter rebelde y embustero, concluyeron que no procedía derivarla» al organismo externo encargado de evaluar posibles casos de abusos.

«Al parecer, ninguno de los acusados le dio importancia al hecho de que con catorce años la decisión de denunciar es de los padres o tutores, no de los niños, que carecen de capacidad de obrar; tampoco a que, precisamente por ser una niña conflictiva, era víctima propiciatoria para un abusador. Estaban más preocupados por mantener la discreción sobre la identidad del abusador que por proteger a la niña tutelada», expone el referido escrito.

«Ni lo denunciaron al grupo de menores de la Policía Nacional, ni a la Fiscalía, ni se preocuparon de la protección de la menor, a la que se le colocó en riesgo por volver a estar en contacto con el abusador, ya que éste fue reincorporado al puesto», añade.

El asunto de los abusos se judicializó cuatro meses más tarde cuando la víctima contó lo ocurrido a unos agentes de Policía Nacional que se encontraban circunstancialmente en el centro de menores con motivo del traslado de otra niña.

Estrategia para desacreditar a la víctima

Y añade el abogado de la víctima: «cuando ya se había judicializado la investigación, los acusados puestos de común acuerdo idearon una estrategia para desacreditar el testimonio de la menor, cubrir las apariencias y obstaculizar la acción judicial».

«Para ello acordaron realizar una instrucción paralela a la judicial con la finalidad, no ya de saber lo que podía haber fallado para que los hechos se hubieran ocultado durante tanto tiempo, sino para determinar la veracidad de las acusaciones efectuadas por la menor».

En este sentido se acusa directamente a Oltra de haber dado orden para la incoación de dicho expediente informativo, que en esta ocasión sí que incluyó un informe psicológico del organismo externo contratado por la Conselleria.

Dicho informe concluyó que el testimonio de la menor era «poco creíble», aunque recomendaba seguimiento y apoyo psicológico.

El coste del informe fue de 490,05 euros, según esta acusación, que denuncia que «la atención y el tratamiento nunca se facilitaron a la adolescente».

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Sucesos

Desmantelada una red criminal de estafas online con mascotas que tenía aislado y explotado a un octogenario

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Desmantelada red criminal estafas online mascotas
Liberado un octogenario que estaba siendo utilizado para ejercer mendicidad y estafar por internet - GUARDIA CIVIL

MADRID / VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) –La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a estafas online mediante falsos anuncios de venta y adopción de mascotas, una trama que llegó a mantener aislado y bajo control a un octogenario, al que utilizaban tanto para ejercer mendicidad como para cometer fraudes por internet.

La operación, denominada Magna-Vallis, se ha saldado con 18 personas detenidas en Bizkaia y una en Burgos, además de tres investigados más, todos ellos presuntamente implicados en una estructura criminal perfectamente organizada.

Un anciano aislado y explotado por un clan familiar

Según ha informado la Guardia Civil, tres miembros de la organización, pertenecientes a un clan familiar, mantenían sometido a un hombre de más de 80 años, al que habían aislado completamente de su entorno familiar. El anciano era obligado a pedir limosna y a abrir numerosas cuentas bancarias que posteriormente eran utilizadas para canalizar el dinero procedente de las estafas.

El hombre ha sido finalmente liberado, poniendo fin a una situación que los investigadores califican como un claro caso de explotación y malos tratos, enmarcado dentro de delitos de trata de seres humanos.

Más de 120 víctimas repartidas por toda España

La investigación ha permitido identificar 121 víctimas de estafa y 10 víctimas de usurpación de identidad, repartidas en un gran número de provincias españolas. Entre ellas figuran Valencia, Alicante y Castellón, además de Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Málaga, Cádiz, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, La Rioja, Álava, Jaén, Girona, Toledo y A Coruña, entre otras.

Las víctimas eran contactadas a través de anuncios falsos en internet en los que se ofrecían perros y otras mascotas en adopción o venta. Una vez iniciado el contacto, los estafadores solicitaban pagos progresivos alegando gastos inexistentes.

El modus operandi: pagos fraccionados y blanqueo

Los miembros de la red exigían a las víctimas desembolsos sucesivos con distintos pretextos, como:

  • Vacunas

  • Transporte del animal

  • Colocación del microchip

  • Jaulas o documentación

Los pagos se realizaban principalmente mediante Bizum o transferencias bancarias. Para dificultar el rastreo del dinero, los estafadores utilizaban el método conocido como “smurfing”, que consiste en fraccionar los cobros en pequeños importes y redistribuirlos a través de múltiples cuentas para blanquear el dinero.

Cuentas bloqueadas y más de 36.000 euros estafados

Durante la investigación, los agentes detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas directamente vinculadas a la organización criminal. Todas ellas han sido bloqueadas por orden judicial.

La Guardia Civil estima que la cantidad directamente asociada a las estafas supera los 36.000 euros, aunque el volumen económico total podría ser mayor.

Fraude con ayudas sociales y criptomonedas

Además, los investigadores han constatado que parte del dinero obtenido de las estafas, junto con prestaciones sociales percibidas de forma indebida, fue destinado a inversiones en criptomonedas, cuyo valor de mercado se estima en más de 55.000 euros.

La mayoría de los implicados no justificaban actividad económica habitual y percibían ingresos procedentes de:

  • Renta de Garantía de Ingresos (RGI)

  • Ingreso Mínimo Vital (IMV)

  • Otras ayudas autonómicas

Se calcula que el fraude en prestaciones sociales podría ascender a más de 560.000 euros.

Delitos imputados a los detenidos

A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de:

  • Estafa continuada

  • Blanqueo de capitales

  • Usurpación de estado civil

  • Pertenencia a grupo criminal

  • Trata de seres humanos

  • Malos tratos de obra sin lesión

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones judiciales.

Recomendaciones para evitar estafas con la compra de mascotas

La Guardia Civil recuerda que la compra de mascotas por internet es legal en España, siempre que se realice conforme a la normativa de bienestar animal y a través de criadores o centros autorizados.

Entre las recomendaciones para evitar estafas destacan:

  • Desconfiar de precios excesivamente bajos.

  • Sospechar de la urgencia por “entregar al animal”.

  • Exigir siempre la identificación del criador o centro.

  • Solicitar documentación veterinaria, cartilla y microchip.

  • No pagar por adelantado ni enviar dinero por Bizum o transferencias sin garantías.

La operación Magna-Vallis pone de nuevo el foco en el auge de las estafas online relacionadas con mascotas, un tipo de fraude que aprovecha la sensibilidad emocional de las víctimas y que sigue creciendo en el entorno digital.

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