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Víctor de Aldama reconoce los delitos de las mascarillas y solicita rebaja de condena

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Víctor de Aldama
Víctor de Aldama-COPE

El empresario Víctor de Aldama, vinculado al llamado ‘caso Koldo’, ha admitido su responsabilidad en los delitos que le imputa la Fiscalía Anticorrupción en el juicio por las presuntas comisiones relacionadas con la compra de mascarillas. La confesión se produce en un contexto en el que la Fiscalía había solicitado siete años de prisión, significativamente menos que los 24 años solicitados para Ábalos y los 19,5 años para Koldo.

Delitos reconocidos y pagos admitidos

Aldama ha aceptado los cargos por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

Según el escrito judicial, el empresario admitió haber realizado pagos al exministro Ábalos y a su exasesor Koldo “en virtud del acuerdo global de comisiones”, con el objetivo de **facilitar la obtención de contratos públicos y otras gestiones administrativas”.

El empresario señaló que recibió un total de 53 millones de euros por contratos de mascarillas, obteniendo aproximadamente un 10% en comisiones, de las cuales dos millones fueron para Ábalos y 500.000 euros para Koldo.

Solicitud de rebaja de condena

Tras su confesión, Aldama solicitó que se aplique una atenuante muy cualificada, en base al artículo 66.1.2ª del Código Penal, y que la Fiscalía considere una rebaja adicional de su pena por su colaboración proactiva con la Justicia. Según su defensa, Aldama ha contribuido a aclarar los hechos y determinar la participación de los demás acusados, mediante declaraciones judiciales, documentos y escritos.

Solicitud de comparecencias en el juicio

La defensa de Aldama también ha solicitado que declaren ante el juez varias personas vinculadas al caso, incluyendo:

  • Juan Carlos Cueto y Claudio Rivas, presuntos implicados en la trama de hidrocarburos

  • Jésica Rodríguez y Claudia Montes, relacionadas con Ábalos

  • Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif

  • Pedro Saura, presidente de Correos y exsecretario de Estado de Transportes

El objetivo es aportar información clave sobre las comisiones y la red de pagos dentro del ‘caso Koldo’.

Contexto del caso

El ‘caso Koldo’ investiga pagos irregulares vinculados a contratos públicos de mascarillas durante la pandemia, en los que Aldama habría actuado como intermediario. La confesión del empresario supone un avance relevante para la Fiscalía, al confirmar la existencia de la trama de comisiones y la implicación de ex altos cargos.

 

 

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Surgen más víctimas en el caso del ex DAO y denuncias contra la cúpula policial

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El abogado de la víctima del DAO habla de nuevas acusaciones contra el exdirector y la cúpula policial

SEO Title: Surgen nuevas acusaciones contra el ex DAO de la Policía Nacional, según el abogado de la denunciante
Meta descripción: El abogado Jorge Piedrafita asegura que han aparecido nuevas posibles víctimas que señalan al exdirector adjunto operativo y a altos mandos policiales por acoso y agresiones.
Palabras clave: caso DAO Policía Nacional, José Ángel González acusaciones, Jorge Piedrafita, denuncias acoso Policía, investigación DAO


El abogado de la denunciante revela nuevas posibles víctimas en el caso del ex DAO

El abogado Jorge Piedrafita, representante de la agente de la Policía Nacional que denunció por agresión sexual al exdirector adjunto operativo, ha asegurado que han surgido nuevas comunicaciones que apuntan a más posibles víctimas dentro del cuerpo.

Según ha explicado en distintas entrevistas, al menos tres mujeres se han puesto en contacto con la defensa para relatar situaciones que describen como “terribles”, relacionadas con presunto acoso laboral e incluso agresiones sexuales atribuidas a altos mandos policiales.


Una nueva acusación apunta de nuevo al exdirector adjunto operativo

Piedrafita ha señalado que una de las comunicaciones recibidas vuelve a dirigir el foco hacia José Ángel González, lo que, a su juicio, refuerza la idea de que podría no tratarse de un caso aislado sino de un posible patrón de conducta.

El letrado ha explicado que muchos de los hechos denunciados se habrían comunicado previamente a través de los protocolos internos, aunque —según sostiene— “eso no ha funcionado”.


La investigación judicial continúa en Madrid

La causa se instruye en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que ha solicitado a la defensa la entrega de audios y otras pruebas aportadas en la querella.

Entre el material presentado figuran:

  • Listados de llamadas presuntamente realizadas por el exdirigente policial

  • Capturas de mensajes de WhatsApp

  • Grabaciones de audio realizadas por la denunciante

La defensa ha solicitado que todo el material permanezca bajo custodia judicial y solo pueda consultarse en sede judicial para evitar filtraciones.


Petición de reserva y posible pericial informática

La denunciante ha pedido la “plena reserva” de las pruebas para proteger su intimidad. Además, la querella contempla la realización de una pericial informática en caso de que se cuestione la autenticidad de los mensajes o audios, con el fin de garantizar su verificación forense.

Piedrafita sostiene que el caso ha generado un clima “agobiante” para su representada, que incluso ha tenido que solicitar escolta tras la presentación de la denuncia.


Contexto político y reacción institucional

En paralelo, el debate político continúa tras el anuncio del Partido Popular de impulsar una auditoría sobre la gestión del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska, en relación con la situación generada por el caso.


Un caso que podría ampliarse

Las nuevas comunicaciones recibidas por la defensa abren la puerta a que la investigación se amplíe si se formalizan nuevas denuncias, en un procedimiento que sigue bajo instrucción judicial y que mantiene el foco en posibles responsabilidades dentro de la cúpula policial.

 

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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