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Víctor de Aldama reconoce los delitos de las mascarillas y solicita rebaja de condena

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Víctor de Aldama
Víctor de Aldama-COPE

El empresario Víctor de Aldama, vinculado al llamado ‘caso Koldo’, ha admitido su responsabilidad en los delitos que le imputa la Fiscalía Anticorrupción en el juicio por las presuntas comisiones relacionadas con la compra de mascarillas. La confesión se produce en un contexto en el que la Fiscalía había solicitado siete años de prisión, significativamente menos que los 24 años solicitados para Ábalos y los 19,5 años para Koldo.

Delitos reconocidos y pagos admitidos

Aldama ha aceptado los cargos por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

Según el escrito judicial, el empresario admitió haber realizado pagos al exministro Ábalos y a su exasesor Koldo “en virtud del acuerdo global de comisiones”, con el objetivo de **facilitar la obtención de contratos públicos y otras gestiones administrativas”.

El empresario señaló que recibió un total de 53 millones de euros por contratos de mascarillas, obteniendo aproximadamente un 10% en comisiones, de las cuales dos millones fueron para Ábalos y 500.000 euros para Koldo.

Solicitud de rebaja de condena

Tras su confesión, Aldama solicitó que se aplique una atenuante muy cualificada, en base al artículo 66.1.2ª del Código Penal, y que la Fiscalía considere una rebaja adicional de su pena por su colaboración proactiva con la Justicia. Según su defensa, Aldama ha contribuido a aclarar los hechos y determinar la participación de los demás acusados, mediante declaraciones judiciales, documentos y escritos.

Solicitud de comparecencias en el juicio

La defensa de Aldama también ha solicitado que declaren ante el juez varias personas vinculadas al caso, incluyendo:

  • Juan Carlos Cueto y Claudio Rivas, presuntos implicados en la trama de hidrocarburos

  • Jésica Rodríguez y Claudia Montes, relacionadas con Ábalos

  • Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif

  • Pedro Saura, presidente de Correos y exsecretario de Estado de Transportes

El objetivo es aportar información clave sobre las comisiones y la red de pagos dentro del ‘caso Koldo’.

Contexto del caso

El ‘caso Koldo’ investiga pagos irregulares vinculados a contratos públicos de mascarillas durante la pandemia, en los que Aldama habría actuado como intermediario. La confesión del empresario supone un avance relevante para la Fiscalía, al confirmar la existencia de la trama de comisiones y la implicación de ex altos cargos.

 

 

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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