El presunto comisionista del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, implica al exministro José Luis Ábalos y asegura que el presidente del Gobierno estaba al tanto de las operaciones.

El empresario Víctor de Aldama, principal investigado en el ‘caso Koldo’, ha asegurado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos pagó 20.000 euros en dinero negro por la compra de un local situado bajo su vivienda en Valencia. Según Aldama, la cantidad procede de comisiones ilícitas vinculadas a contratos de obras públicas y a la compraventa de material sanitario durante la pandemia.

Aldama sostiene que la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) incautó el contrato del inmueble, valorado en 110.000 euros, donde únicamente se refleja un cheque bancario de 50.000 euros. El resto, afirma, se habría abonado en efectivo. “Yo tengo el contrato definitivo (…) se termina escriturando por 90.000 euros, pero hubo un pago de 20.000 euros en negro”, aseguró ante el juez.

El empresario, que declaró como imputado ante el Tribunal Supremo, también ha afirmado que las ‘mordidas’ alcanzaron entre 3,5 y 4 millones de euros y que el dinero se repartía entre Ábalos, su exasesor Koldo García y el PSOE. “Había más de un comisionista, no solo yo. Había más Víctor de Aldama”, declaró, al tiempo que señaló que los fondos podrían encontrarse en el extranjero, en países como Panamá, Colombia o Guinea, y que Koldo los habría trasladado aprovechando su pasaporte diplomático.

Aldama también ha apuntado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que “era consciente de todo” y que mantenía una relación de confianza con Koldo García. “Al presidente le he llegado a decir en una llamada, en broma, te voy a partir la cabeza”, comentó, insistiendo en que Sánchez sabía del reparto de comisiones.

Estas declaraciones llegan después de que el Tribunal Supremo imputara a Santos Cerdán —secretario de Organización del PSOE— y a cinco empresarios por su presunta implicación en el reparto de comisiones dentro del caso. El Alto Tribunal considera que existen indicios de una posible caja B en la sede de Ferraz, y ha citado a declarar a antiguos responsables del partido y a una empleada que habría entregado sobres con dinero en efectivo a Ábalos y Koldo.

El juez instructor busca ahora aclarar las discrepancias en la documentación económica remitida por el PSOE y confirmar si los pagos irregulares detectados corresponden a la financiación de contratos públicos o a una red de sobornos.

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