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Víctor de Aldama reconoce los delitos de las mascarillas y solicita rebaja de condena

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Víctor de Aldama
Víctor de Aldama-COPE

El empresario Víctor de Aldama, vinculado al llamado ‘caso Koldo’, ha admitido su responsabilidad en los delitos que le imputa la Fiscalía Anticorrupción en el juicio por las presuntas comisiones relacionadas con la compra de mascarillas. La confesión se produce en un contexto en el que la Fiscalía había solicitado siete años de prisión, significativamente menos que los 24 años solicitados para Ábalos y los 19,5 años para Koldo.

Delitos reconocidos y pagos admitidos

Aldama ha aceptado los cargos por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

Según el escrito judicial, el empresario admitió haber realizado pagos al exministro Ábalos y a su exasesor Koldo “en virtud del acuerdo global de comisiones”, con el objetivo de **facilitar la obtención de contratos públicos y otras gestiones administrativas”.

El empresario señaló que recibió un total de 53 millones de euros por contratos de mascarillas, obteniendo aproximadamente un 10% en comisiones, de las cuales dos millones fueron para Ábalos y 500.000 euros para Koldo.

Solicitud de rebaja de condena

Tras su confesión, Aldama solicitó que se aplique una atenuante muy cualificada, en base al artículo 66.1.2ª del Código Penal, y que la Fiscalía considere una rebaja adicional de su pena por su colaboración proactiva con la Justicia. Según su defensa, Aldama ha contribuido a aclarar los hechos y determinar la participación de los demás acusados, mediante declaraciones judiciales, documentos y escritos.

Solicitud de comparecencias en el juicio

La defensa de Aldama también ha solicitado que declaren ante el juez varias personas vinculadas al caso, incluyendo:

  • Juan Carlos Cueto y Claudio Rivas, presuntos implicados en la trama de hidrocarburos

  • Jésica Rodríguez y Claudia Montes, relacionadas con Ábalos

  • Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif

  • Pedro Saura, presidente de Correos y exsecretario de Estado de Transportes

El objetivo es aportar información clave sobre las comisiones y la red de pagos dentro del ‘caso Koldo’.

Contexto del caso

El ‘caso Koldo’ investiga pagos irregulares vinculados a contratos públicos de mascarillas durante la pandemia, en los que Aldama habría actuado como intermediario. La confesión del empresario supone un avance relevante para la Fiscalía, al confirmar la existencia de la trama de comisiones y la implicación de ex altos cargos.

 

 

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Zarzuela considera que el Rey emérito debería recuperar su residencia fiscal en España si regresa

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rey Juan Carlos Le Figaro

La Casa del Rey vincula el regreso a la residencia fiscal

La Casa de S.M. el Rey considera que el Juan Carlos I puede regresar a vivir a España cuando lo estime oportuno. No obstante, en el entorno de Zarzuela entienden que, si el monarca emérito desea salvaguardar su imagen pública y la de la institución, debería también recuperar su residencia fiscal en territorio español.

Según esta posición, el eventual retorno no estaría condicionado jurídicamente, pero sí tendría implicaciones reputacionales para la Corona.

Un debate ligado a la imagen de la institución

Desde la Casa del Rey subrayan la importancia de preservar la estabilidad y la credibilidad de la monarquía parlamentaria. En ese contexto, la situación fiscal del emérito es vista como un elemento relevante en términos de percepción pública.

El debate se enmarca en la voluntad de reforzar la transparencia institucional y evitar cualquier controversia que pueda afectar a la figura del actual jefe del Estado, Felipe VI.

Residencia en el extranjero y posible regreso

Juan Carlos I fijó su residencia fuera de España en 2020. Desde entonces, ha realizado visitas puntuales al país, pero sin establecer de nuevo su residencia permanente.

La posibilidad de un regreso definitivo ha sido objeto de especulación en diversas ocasiones. Sin embargo, fuentes cercanas a la institución insisten en que cualquier decisión debería tener en cuenta no solo el plano personal, sino también el impacto institucional.

La prioridad: proteger la Corona

La postura trasladada desde Zarzuela apunta a que, más allá del derecho individual del Rey emérito a regresar, la prioridad es proteger la imagen de la Corona y garantizar la coherencia entre residencia efectiva y fiscal.

En un contexto de máxima atención pública sobre la monarquía, cualquier paso relacionado con Juan Carlos I continúa generando interés político y mediático.

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