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VÍDEO| Las claves de la trama de José Luis Moreno

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Madrid, 29 jun (EFE).- El empresario José Luis Moreno y sus socios, detenidos este martes por la Policía Nacional y la Guardia Civil, llegaron a defraudar más de 50 millones de euros con un entramado de sociedades mercantiles y el empleo de estafas piramidales a inversores públicos y privados.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que la denominada operación Titella (Marioneta en catalán) se desarrolla desde primera hora de la mañana en al menos cinco provincias –Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia y Alicante– impulsada por la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional en Madrid y en la que colaboran agentes de la Guardia Civil en Barcelona.

Uno de los primeros arrestos ha sido el del productor José Luis Moreno, de 74 años en su vivienda, en la Urbanización Monte Encinas en Boadilla del Monte (Madrid) poco después de las ocho de la mañana.

Moreno, como el resto del medio centenar de detenidos, están acusados de los delitos de malversación, estafa, blanqueo de capitales, integración en organización criminal y alzamiento de bienes, entre otros.

La operación Titella, coordinada por el juzgado de instrucción número dos de la Audiencia Nacional, se inició en 2018 cuando la Policía Nacional interceptó en Madrid a una persona que ocultaba en un doble fondo de un coche alrededor de 1,3 millones de euros.

Las fuentes consultadas explican a Efe que se trataba de una mula al servicio de la organización dedicada a blanquear dinero, como han demostrado las pesquisas durante estos años que han seguido los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Madrid.

Estas investigaciones apuntan que el empresario y muchos de los detenidos que eran socios del productor televisivo y forman presuntamente la red contaban con más de 700 sociedades con las que se apropiaban del dinero de créditos bancarios y privados.

Posteriormente, este dinero se desviaba para que no pudiera ser reclamado. Los investigadores calculan que se podrían haber apropiado de más de 50 millones de euros.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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