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Voto CERA: Así puede influir en el resultado de las elecciones

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Voto CERA
Imagen de las urnas que se usarán en los colegios electorales en unas elecciones anteriores en la Comunitat Valenciana. EFE/ Manuel Bruque

El escenario de incertidumbre que han dejado las elecciones generales del 23 julio podría resolverse en los próximos días porque aún no han sido contabilizados los votos CERA.

Qué es el voto CERA

El voto CERA hace referencia a la participación de los españoles residentes en el extranjero. Concretamente, son los votos de aquellas personas que viven permanentemente fuera de España y que están inscritos en la Oficina Consular. Estos ciudadanos pueden tomar parte tanto de las elecciones generales como de las elecciones al Parlamento Europeo y a la comunidad autónoma de la que provengan.

Los españoles que viven en el exterior reciben por correo certificado y sin necesidad de solicitar el voto la documentación que precisan para ejercer este derecho. En un primer envío se les hacen llegar los distintos juegos de sobres, los certificados de inscripción en el censo, una hoja informativa y una relación de los centros habilitados para el depósito del voto. Más tarde, las Delegaciones Provinciales del Censo Electoral les remiten los juegos de papeletas oficiales al domicilio y tienen hasta siete días para votar. No obstante, también pueden enviar su papeleta por correo.

Cuándo se empieza a escrutar

Según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el escrutinio general, cuando se incluyen los votos CREA, se debe realizar el quinto día tras la celebración de los comicios. Puede saber así que el resultado final de las elecciones se conocerá el próximo viernes 28 de julio.

El día del escrutinio general, y antes de proceder al mismo, la Junta Electoral competente se constituye en Mesa Electoral, a las ocho horas de la mañana, y a continuación se introducen en las urnas los sobres de los residentes en el extranjero recibidos hasta ese día.

Cómo puede cambiar el reparto de escaños

El recuento del voto de los residentes ausentes es clave para el reparto de los bloques. El PSOE podría retroceder a los 121 escaños. 

Según señalan fuentes populares a Efe, el PP está a 1.700 votos de arrancar un escaño en Madrid, una comunidad en la que los ‘populares’ han logrado el 40,51% de los votos y donde el voto extranjero es muy numeroso, con un total de 375.602 electores llamados a las urnas. Este es el escaño más probable.

En Cantabria, además, el PP estaría a 428 votos de arrebatar un escaño a Vox, aunque en este caso no se moverían los bloques. En esta comunidad son 41.182 los electores en el extranjero.

Por último, los populares dependen de 363 votos para quitar un escaño a Junts per Cataluña en Girona, donde el PP no tiene actualmente ningún representante y los electores con derecho a voto en el extranjero alcanzan los 23.993.

 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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