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¿Cómo será el proceso de constitución de la nueva corporación municipal de València?

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Este sábado, 15 de junio, se constituirá la nueva corporación del Ayuntamiento de València, y el alcalde en funciones, Joan Ribó, revalidará su cargo público para los próximos cuatro años. Así, tal como prevé la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en la misma sesión de constitución de la corporación se procederá a la elección de alcalde.

A las 10.30 horas empezará en el Hemiciclo el acto de constitución del Ayuntamiento resultante de las últimas elecciones municipales, pues según consta en la citada norma, «las corporaciones locales se constituirán, en sesión pública, el vigésimo día posterior a la celebración del escrutinio, salvo que se hubiera presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los regidores electos».

En primer lugar se constituirá una Mesa de Edad integrada por el concejal de mayor edad, Joan Ribó (Compromís), que presidirá este órgano de gobierno de carácter transitorio, y por la concejala más joven, Lucía Beamud (también de Compromís). Junto al secretario de la corporación, comprabarán las credenciales presentadas, o acreditaciones de la personalidad de los electos con base a las certificaciones que al Ayuntamiento haya remitido la Junta Electoral de Zona. Y, una vez realizada esta operación, declararán constituida la corporación.

Seguidamente, el secretario general invitará a los componentes de la Mesa de Edad a formular el juramento o promesa del cargo de concejal o concejala, les hará entrega de los atributos correspondientes a tal representación pública e invitará al resto de ediles electos y electas a prestar juramento o promesa. Así, conforme suban al estrado y presten juramento o prometan su dedicación, recibirán el cordón de concejal o concejala.

En primer lugar, lo harán 8 de los 10 representantes de Compromís, con Isabel Lozano a la cabeza, como número 2 de la lista electoral (los otros dos concejales de Compromís ya forman parte de la Mesa de Edad). Después, pasarán por el estrado María José Catalá y otros 7 regidores y regidoras del Partido Popular. Sandra Gómez y otros 6 ediles del Partido Socialista, seguirán el protocolo que completarán Fernando Giner y otros 5 concejales y concejalas de Ciudadanos, y finalizarán los 2 regidores de Vox, encabezados por José Gosálbez.

Constituida definitivamente la corporación, se procederá a la elección del alcalde Joan Ribó. Conforme la legislación en vigor, el secretario leerá las candidaturas presentadas, todos los concejales y concejalas que han encabezado sus correspondientes listas; y será proclamado electo  o proclamada electa quién obtenga la mayoría absoluta de los votos. La votación será secreta en una urna, y se realizará mediante papeletas en las cuales cada regidor o regidora tiene que indicar expresamente el nombre y apellidos del candidato o candidata, como mínimo los apellidos. Y serán nulas aquellas en las cuales no conste con claridad el candidato o la candidata a la cual se vota o contengan expresiones ajenas a la finalidad de la votación. En esta ocasión, los concejales y concejalas serán llamados por orden alfabético, siendolos miembros de la Mesa de Edad los últimos en votar.

Realizada la votación y el escrutinio, el aspirante con más votos será proclamado alcalde de València y, como tal, jurará su cargo y recibirá el bastón de alcalde como símbolo de su responsabilidad. Tras ocupar su escaño, en la presidencia del Hemiclo, los integrantes de la Mesa de Edad se reintegraran con el resto de sus compañeros. Como resultado de las últimas elecciones del 26 de mayo pasado, el candidato con más escaños es el actual alcalde, Joan Ribó, correspondiente a la lista de Compromís.

A continuación, y como colofón del acto que, aproximadamente, durará unas dos horas y media, intervendrán los portavoces de los distintos grupos políticos representados en el Ayuntamiento, con un tiempo máximo de 10 minutos, y por orden de menor a mayor número de votos: Vox, Ciudadanos, PSOE, PP y Compromís. Finalmente, y sin limitación, intervendrá el alcalde, quien, asimismo, levantará la sesión.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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