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El presidente de fallas de Especial y el de Lo Rat Penat en la lista del PP al Ayuntamiento de València

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VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) –

La candidata del Partido Popular a la alcaldía del Ayuntamiento de València, María José Català, ha presentado este martes la lista con la que se presenta a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, entre la que aparecen nombres como la diputada en Les Corts, María José Ferrer San Segundo; el presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve, y la exconcejala durante el gobierno de Rita Barberá, Marta Torrado.

La líder del PP de València ha declarado que se trata de una lista en la que «por primera vez hay una renovación total», puesto que no incluye a ninguno de los actuales ediles imputados, y que reúne a «los mejores perfiles de dentro y fuera del partido». Sobre los independientes a los que incluye, como el empresario y presidente de la Federación de Especial de Fallas, Santiago Ballester, ha señalado que «se trata de gente que ha mostrado una sobrada preparación».

Català también ha señalado que se trata de «la primera lista encabezada por tres mujeres», siendo la tercera de ellas la actual jefa del Servicio de Proyectos Estratégicos de Innovación de la Agencia Valenciana de Innovación (AVI), Paula Llobet, y que es «totalmente paritaria». Entre los candidatos también se incluyen el hijo del fallecido dirigente de Unió Valenciana Vicente González Lizondo y el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, quien cierra la lista.

De esta manera, en los cinco primeros puestos se sitúan, en este orden, Català, San Segundo, Llobet, Ballester y Esteve. Del cinco al diez, completan la lista el empresario Juan Giner; la exconcejala de Bienestar Social Marta Torrado; la exsecretaria autonómica de Cultura y Deportes durante la etapa de Català en la Conselleria Julia Climent; el asesor del grupo ‘popular’ en el consistorio Carlos Mundina, y Vicent Aleixandre.

Entre el puesto diez el quince aparecen los nombres de la abogada Ana María Gil; el empresario Enrique Pardo Belenguer; el hijo del fallecido dirigente de Unió Valenciana, Vicente González Lizondo, a quien Català ha incluido como «símbolo contra el catalanismo»; María Soledad Vivó, y Amparo Navarro Belenguer.

Del quince al veinte, les siguen José Luís Arnau Sánchez, Cristina María Nebot, Josefa Flores, Antonio Carceller Valls e Ignacio Ferrer Cervera. Hasta el número 25 se encuentran Florencia Martín, Guillermo Ibáñez, Lucila María Talens, Jacobo Navarro y Germán Francisco.

En adelante, se incluyen los nombres de María Isabel Hernández Llopis, Martín Quirós Morató, Paula Medina Huerta, Alberto Armero Estruch, José María Martí Molins, María del Cármen Sánchez Martínez, Carlos Herrero Gil y cierra la lista en el puesto 33 el candidato del PP en las elecciones europeas, Esteban González Pons.

Català también ha aprovechado para «agradecer el trabajo realizado en los últimos años» a los ediles imputados de los que ha prescindido, y ha señalado que ha contado con «su apoyo y colaboración desde el primer día». «Por encima de cualquier otra circunstancia, han puesto su experiencia y conocimiento de la ciudad al servicio del nuevo proyecto que el PP tiene para Valencia» ha añadido.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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