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El Supremo autoriza la salida de los presos electos para la constitución de las Cortes
Publicado
hace 8 añosen
El tribunal de la causa especial 20907/2017, que se sigue en el Tribunal Supremo por delitos de rebelión, sedición y otros, ha desestimado que deba pedir un suplicatorio a las Cortes para continuar el juicio a los cinco acusados en la causa que han sido elegidos diputados o senadores en las elecciones del 28 de abril, al considerar que carecería de “justificación constitucional que el normal desarrollo de un proceso que ya se sitúa en los debates del juicio oral exija para su normalidad democrática el ‘nihil obstat’ del órgano parlamentario”.
La Sala, en un auto, rechaza además la suspensión del juicio y la petición de libertad de los mismos cinco acusados basada en su elección como parlamentarios, pero autoriza su salida de prisión el próximo 21 de mayo para asistir a los plenos constitutivos del Congreso (en el caso de Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez, elegidos diputados) y del Senado (Raul Romeva, elegido senador).
El tribunal resuelve en el auto si en el actual estado del procedimiento resulta obligado recabar la autorización parlamentaria para la continuación de las sesiones del juicio oral, activando así el correspondiente suplicatorio, y llega a la conclusión de que no procede apoyándose en cuatro bloques argumentales: el plano de la constitucionalidad; el ámbito de la legalidad ordinaria; el examen de los precedentes jurisprudenciales dictados por la misma Sala; y la jurisprudencia constitucional que ha perfilado la naturaleza de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria.
Para los magistrados, “una interpretación gramatical y sistemática, asociada a la naturaleza misma de la prerrogativa de la inmunidad, avala la idea de que la autorización del órgano legislativo es necesaria «para procesar», esto es, para atribuir a un diputado o senador electo la condición formal de parte pasiva, sujetándolo a un proceso penal que podría afectar al normal funcionamiento de las tareas legislativas. Se trata, por tanto, de una previsión a futuro. El sentido constitucional de la inmunidad y su propia justificación histórica no permiten igualar la autorización para procesar con la homologación parlamentaria del ya procesado”.
“Carece de justificación constitucional -agrega el auto- que el normal desarrollo de un proceso que ya se sitúa en los debates del juicio oral exija para su normalidad democrática el nihil obstat del órgano parlamentario. No forma parte de las garantías propias del estatuto personal del diputado o senador -si su incorporación a las listas y su elección han tenido lugar cuando ya se había iniciado el juicio oral- imponer una valoración retroactiva de la incidencia que ese proceso penal puede tener en la normal actividad de las Cámaras”.
Interferencia irrazonable
Para el Supremo, la interpretación contraria “supondría una interferencia irrazonable en el ejercicio de la función jurisdiccional pues permitiría una «revisión» o «control» del poder legislativo sobre el ejercicio de la función jurisdiccional respecto a determinadas personas por el hecho mismo de haber sido elegidos parlamentarios durante la celebración del juicio oral -cualquiera que fuera el hecho que motivó en su momento la incoación del proceso-, convirtiendo así la inmunidad parlamentaria en un «privilegio» o «derecho particular» de determinadas personas cuyo ejercicio no solo no preservaría la composición y funcionamiento de las Cortes sino que vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a los Tribunales”.
El auto indica que esta interpretación, por otra parte, “es coherente con el significado histórico de la garantía de inmunidad y, lo que es más importante, es la única sostenible a partir de una lectura constitucional del proceso penal. Entender que la inmunidad opera incluso cuando el proceso penal se encuentra ya en su tramo final supondría desbordar el espacio constitucionalmente reservado a esa garantía. Implicaría olvidar, en fin, que la inmunidad protege frente a la apertura de procesos concebidos para alterar el normal funcionamiento de la cámara legislativa, no para impedir el desenlace de una causa penal en la que el diputado o senador electo ha sido ya procesado y acusado, habiéndose decretado la apertura del juicio oral”.
Añade que “la exigencia de autorización legislativa para que el poder judicial culmine el proceso penal iniciado hace ya más de un año, cuando los procesados no eran diputados o senadores electos, supondría subordinar el ejercicio de la potestad jurisdiccional a una tutela parlamentaria ajena al equilibrio de poderes diseñado por el poder constituyente”.
Suspensión afectaría a derechos de los otros acusados
Para la Sala, la conclusión de que no se debe pedir el suplicatorio permite también la denegación de la suspensión. Así, resalta que “la eventual posibilidad de la suspensión por un tiempo indefinido, a la espera de la constitución de ambas Cámaras y de la tramitación y decisión de las peticiones de suplicatorio, con sus correspondientes vicisitudes, pugnaría frontalmente con otros derechos consagrados por el art. 24.2 de la Constitución. Se trata, claro es, de los derechos que asisten al resto de acusados no parlamentarios, respecto de los cuales se demoraría la conclusión del juicio, con el negativo efecto que conllevaría para la vigencia del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”.
Además, señala que la suspensión podría determinar la imposibilidad de conservar la validez de la ingente prueba practicada hasta este momento. Recuerda también que las causas de suspensión de un juicio están tasadas y son muy restrictivas y entre ellas no figura la falta de autorización de las cámaras.
Deniega la nueva petición de libertad
Por otro lado, el auto no considera atendibles las razones sobrevenidas alegadas ahora por las defensas para pedir la libertad y el cese de la prisión provisional. El tribunal se remite a las razones ya recogidas en resoluciones anteriores sobre las sucesivas peticiones de libertad, y descarta la idea que late en los nuevos escritos de las defensas de que la prisión ha de quedar sin efecto “siempre y en todo caso” cuando se accede al ejercicio de la función parlamentaria.
“El papel nuclear de la libertad ideológica y de la libertad de expresión en una sociedad democrática está fuera de toda duda, como lo está la esencialidad de esta última en el ámbito del discurso y del debate político”, señalan los magistrados, que agregan que “la medida cautelar impugnada no implica, sin embargo, una vulneración de tales derechos. Como hemos resaltado con anterioridad, en este proceso penal no se criminaliza ninguna ideología”.
En definitiva, consideran que el mantenimiento de la prisión preventiva es, por las razones expuestas, razonable y proporcionado. Concurren todos los presupuestos constitucionales y legales para ello y no implica una vulneración de ninguno de los derechos mencionados en los escritos presentados.
Autoriza asistencia a las sesiones constitutivas de Congreso y Senado
Sin perjuicio de lo indicado, el auto añade que con el fin de hacer posible la práctica de los actos indispensables para la adquisición de la condición de miembros del órgano legislativo, esta Sala autoriza la salida del centro penitenciario de los cinco solicitantes, para que asistan a las respectivas sesiones constitutivas del Congreso de los Diputados y el Senado. “Deberán para ello ser debidamente custodiados y adoptarse por la Presidencia de ambas cámaras las decisiones oportunas para que, una vez en el interior del Salón de Plenos, pueda quedar garantizada su seguridad. Deberán ser reintegrados, sin dilación, al centro penitenciario una vez la Presidencia de las Cámaras haya dado término a la sesión”, indica la resolución.
El Supremo concluye que esta autorización, de carácter excepcional e inspirada en la necesidad de no menoscabar la titularidad del derecho de participación, se subordina, en todo caso, a que no interfiera en el desarrollo del proceso penal en que el Diputado o Senador viene siendo acusado.
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El programa electoral del PP, al detalle: qué cambiaría Feijóo en vivienda e impuestos
Publicado
hace 19 horasen
15 noviembre, 2026
El programa electoral del PP para las generales del 29 de noviembre de 2026 reúne 249 propuestas sobre vivienda, impuestos, inmigración, ayudas sociales y reforma de las instituciones.
El programa electoral del PP para las elecciones generales de 2026 sitúa el acceso a la vivienda, las rebajas fiscales para los jóvenes y el control de la inmigración entre sus principales ejes. Bajo el título «La Reconstrucción Nacional», Alberto Núñez Feijóo presenta 249 medidas con las que aspira a orientar su acción de gobierno si alcanza la Presidencia tras los comicios del 29 de noviembre.
Las propuestas incluyen impulsar la construcción de un millón de viviendas, modificar los requisitos para obtener la nacionalidad española y reorganizar las prestaciones sociales mediante una nueva renta vinculada a la formación y la búsqueda de empleo.
Se trata de compromisos electorales, cuya aplicación dependería de su posterior desarrollo y, cuando corresponda, de la aprobación de los cambios legislativos necesarios.
Vivienda: un millón de inmuebles y rebaja del IVA para menores de 40 años
La vivienda es una de las prioridades del programa del PP. La formación propone impulsar la construcción de un millón de viviendas durante la próxima legislatura, apoyándose en una nueva Ley del Suelo y en la reducción de los trámites administrativos.
El planteamiento busca facilitar el desarrollo de nuevas promociones y aumentar la oferta residencial. También incluye la derogación de la actual Ley de Vivienda y la eliminación de los mecanismos de intervención sobre los precios del alquiler.
IVA del 4 % para comprar la primera vivienda nueva
Una de las medidas dirigidas a los jóvenes es reducir del 10 % al 4 % el IVA de la primera vivienda nueva para menores de 40 años.
En el mercado del alquiler, el partido plantea reducciones en el IRPF para los propietarios que actualicen las rentas por debajo del IPC.
El apartado incorpora, además, una propuesta normativa para permitir la recuperación de viviendas ocupadas en un plazo de 48 horas, conforme a las condiciones que establezca esa regulación.
Menos IRPF para trabajadores y autónomos jóvenes
La rebaja de impuestos a los jóvenes constituye otro de los puntos destacados del programa de Feijóo.
El PP propone reducir la carga fiscal de trabajadores y autónomos de entre 18 y 35 años durante sus primeros cuatro años como contribuyentes del IRPF.
La medida se plantea de forma progresiva y persigue aumentar la renta disponible en los primeros años de actividad laboral. La formación la vincula también con la posibilidad de ahorrar y afrontar la compra de una primera vivienda.
Inmigración: identificación en siete días y refuerzo de las fronteras
El programa electoral del PP de 2026 apuesta por reforzar el control fronterizo y acelerar los procedimientos de devolución de quienes entren irregularmente en España.
Entre sus propuestas figura identificar en un máximo de siete días a las personas que crucen irregularmente la frontera, con el objetivo de agilizar la tramitación de sus casos.
El documento también contempla:
- Impulsar centros en terceros países para inmigrantes en situación irregular.
- Reforzar los efectivos policiales y los medios de vigilancia en las fronteras terrestres, marítimas y aeroportuarias.
- Establecer visados asociados a cupos anuales de trabajadores y a las necesidades de los sectores económicos.
- Introducir compromisos de integración para renovar los permisos de residencia.
- Prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos.
Los compromisos de integración incluirían el aprendizaje del español y el conocimiento de la Constitución y de los valores de la Unión Europea.
Nuevos requisitos para conseguir la nacionalidad española
El PP propone una nueva Ley de Nacionalidad para modificar las condiciones de acceso a la nacionalidad española.
El planteamiento contempla reforzar los requisitos de residencia legal y continuada, conocimiento del idioma y acreditación de conocimientos sobre la historia y la cultura de España.
Asimismo, recoge un tratamiento preferente para ciudadanos procedentes de países de la Hispanidad.
Una Renta de Activación para reorganizar las ayudas sociales
En protección social, Feijóo plantea crear una Renta de Activación que integre el Ingreso Mínimo Vital y otros subsidios.
El objetivo declarado es vincular la prestación a un acuerdo de formación y búsqueda activa de empleo, con mecanismos de seguimiento de los compromisos asumidos por sus beneficiarios.
Según el planteamiento recogido en el texto, rechazar reiteradamente ofertas de trabajo consideradas adecuadas podría conllevar la pérdida de la ayuda. La definición de los requisitos y de las condiciones de aplicación necesitaría un desarrollo normativo.
Familia y natalidad: permisos por nacimiento y congelación de óvulos
El programa incluye distintas iniciativas de apoyo a las familias y fomento de la natalidad.
Una de ellas consiste en contabilizar al concebido no nacido para determinar determinadas ayudas y beneficios familiares.
También propone facilitar la congelación de óvulos para mujeres jóvenes y ampliar los permisos por nacimiento, con mayor flexibilidad para distribuir los periodos de disfrute.
Una ley nacional de cuidados paliativos
En el ámbito sanitario, el PP plantea aprobar una ley nacional de cuidados paliativos para reforzar la atención a pacientes con enfermedades graves y las prestaciones asistenciales al final de la vida.
La formación sostiene que la falta de recursos o de atención no debe condicionar las decisiones de los pacientes. Este apartado se sitúa en el contexto de su oposición a la legislación sobre eutanasia, aunque las medidas descritas se centran en el desarrollo de los cuidados paliativos.
Seguridad: respuesta a la multirreincidencia y los actos violentos
Las propuestas de seguridad incluyen reforzar los juicios rápidos y endurecer la respuesta frente a la multirreincidencia.
El PP también plantea que la ocultación del rostro pueda constituir una circunstancia agravante en determinados delitos y establecer responsabilidades para los tutores cuando menores a su cargo participen en actos violentos.
Estas iniciativas requerirían concretar su alcance y las condiciones de aplicación en las correspondientes reformas legales.
Auditoría del gasto público y reducción de la burocracia
La reforma de la Administración incorpora una auditoría de las cuentas públicas durante los primeros cien días de gobierno, junto con la reducción del número de ministerios, altos cargos y asesores.
El programa propone una regla de simplificación administrativa basada en eliminar tres normas vigentes por cada nueva norma aprobada.
En materia presupuestaria, plantea cambios para que una segunda prórroga consecutiva de los Presupuestos Generales del Estado implique la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
Cambios en la Fiscalía y el Tribunal Constitucional
El documento contempla un mandato único de cinco años para el fiscal general del Estado, así como un informe vinculante del Consejo General del Poder Judicial para su designación.
Respecto al Tribunal Constitucional, propone impedir el acceso de candidatos que hayan desempeñado cargos políticos durante los cinco años anteriores.
Derogación de las leyes de Amnistía y Memoria Democrática
Entre los compromisos legislativos del PP figura derogar la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Democrática.
La formación plantea, además, recuperar en el Código Penal los delitos de sedición y de convocatoria de referéndum ilegal.
Se trata de uno de los bloques del programa que concentra las propuestas de cambio respecto a la legislación aprobada en anteriores etapas.
Un plan de infraestructuras de más de 300.000 millones
El programa de Feijóo contempla un plan nacional de inversiones superior a los 300.000 millones de euros durante quince años, con participación pública y privada.
El proyecto abarcaría carreteras, ferrocarriles e infraestructuras hidráulicas y energéticas, con el propósito de renovar y modernizar estas redes.
Prevención de catástrofes y sistemas de alerta
El PP también propone mejorar la detección de riesgos y los mecanismos de aviso ante fenómenos meteorológicos extremos.
El texto da prioridad al mantenimiento, limpieza y ampliación de cauces y barrancos por parte de las confederaciones hidrográficas.
Asimismo, defiende que el Gobierno central intervenga desde el primer momento ante una catástrofe, sin esperar a que las administraciones afectadas soliciten su actuación.
Reforma de RTVE y de la agencia EFE
El apartado dedicado a los medios públicos propone modificar el funcionamiento de RTVE y la agencia EFE.
El PP presenta estas reformas con el objetivo de reforzar su independencia, pluralidad y credibilidad, así como su vocación de servicio público.
Aquí puedes descargarte el programa electoral completo:
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