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Puig anuncia que la Comunitat Valenciana pedirá pasar a la fase 2 el próximo 1 de junio

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que esta próxima semana la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública presentará la documentación para solicitar que el conjunto de la Comunitat Valenciana pase a la fase 2 a partir del 1 de junio y también ha planteado al Gobierno central la necesidad de abordar con las comunidades la adopción de medidas para garantizar la igualdad de las familias en el acceso a las mascarillas.

Así lo ha avanzado durante su comparecencia ante los medios de comunicación tras la undécima reunión mantenida con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el resto de presidentes y presidentas de las comunidades autónomas para abordar la situación de la pandemia de COVID-19.

El president ha subrayado que los datos sanitarios y las recomendaciones de personas expertas aconsejaban esta semana consolidar la situación y no pedir la progresión a la fase 2 a partir del 25 de mayo. Se decidió «por prudencia, por responsabilidad y por no ir hacia atrás en esta desescalada».

Sin embargo, ahora, después de la buena evolución sanitaria constatada esta semana, a partir de este mismo lunes se presentará la documentación para solicitar que toda la Comunitat pueda entrar en la fase 2 a partir del 1 de junio.

«Así tendremos la garantía necesaria para una reactivación más robusta, más vigorosa, porque es mucho aquello que nos jugamos. Por eso, ha añadido «vamos paso a paso» y «con prudencia, con confianza, con responsabilidad», ya que la Generalitat «nunca será imprudente» con la salud de la ciudadanía.

El president ha explicado que la evolución de la pandemia es claramente positiva en la Comunitat Valenciana, como lo de muestra que, en los últimos 15 días, han aumentado un 23% las altas, se han reducido las personas hospitalizadas a menos de la mitad y además el número de personas ingresadas en las UCI son 32, una tercera parte de las que había hace dos semanas.

Respecto a la incidencia en los últimos 14 días, ha subrayado que la media de casos sigue siendo 2,5 veces inferior al estatal. «Somos la segunda comunidad que más ha incrementado el número de PCR: un 20% más en la semana pasada. Y hemos descubierto un hecho interesante: de las 5.300 pruebas realizadas entre el jueves y el viernes, solo un 7% de casos fueron positivos. Esto nos indica que la transmisión es baja y que somos capaces de ir detectándola diariamente», ha defendido.

«Si bien se ha detectado un repunte en el índice de reproducción del virus que nos obliga a ser prudentes» la situación «es más favorable que hace dos semanas y que la semana pasada», ha añadido.

Garantizar la igualdad en el acceso a las mascarillas

Puig ha defendido en la conferencia de presidentes y presidentas que el Gobierno y las comunidades autónomas deben «encontrar una solución» para el coste económico que comporta el uso obligatorio de las mascarillas. «La pandemia no puede agravar las desigualdades. No podemos dejar en hibernación el principio de igualdad que inspira nuestro modelo social», ha reivindicado.

«Tenemos que buscar una solución», ha dicho Puig a este respecto, que ha abogado por «una corresponsabilidad de ida y vuelta». «La gente está haciendo un esfuerzo por el Estado frenando el contagio. Ahora, el Estado tiene que hacer un esfuerzo por la gente en esta cuestión».

El jefe del Consell también ha planteado en la reunión la necesidad de configurar un marco legal para la reactivación económica que permita dar seguridad y facilitar la inversión y la colaboración público-privada.

Ademas, el president ha pedido la creación de un Centro Estatal de Salud Pública con presencia y participación de las comunidades autónomas, para contar con mayor capacidad de reacción ante las epidemias.

Mayor capacidad de decisión de las autonomías

Puig se ha mostrado partidario, por otro lado, de mantener el actual marco de estado de alarma y de unidad de acción en el último tramo de la desescalada, dado que la contención de la movilidad ha sido decisiva para frenar el contagio.

Al mismo tiempo, ha solicitado «avanzar al máximo en una mayor capacidad de decisión de las comunidades autónomas». En este punto, ha abogado por la «máxima subsidiaridad posible», ya que en cada territorio existen «realidades diferentes».

Sobre este asunto, Puig ha precisado que el presidente del Gobierno se ha mostrado receptivo a «descentralizar más cuestiones que no tengan que residenciarse necesariamente en el Gobierno central», como las franjas horarias para la práctica de actividades, el uso de las playas o los límites provinciales y por municipios.

Puig también se ha referido a la necesidad de avanzar en un acuerdo que implique al conjunto de la sociedad y a los partidos políticos en la recuperación económica de la Comunitat. En este sentido, ha recordado que este mismo lunes comenzará un proceso intenso con la primera reunión de la Mesa General del Diálogo Social.

«Conocen mi convicción como presidente: los avances que más cuajan derivan siempre del acuerdo adoptado en el marco del diálogo social. Volvámoslo a hacer. Ahora es más necesario que nunca. En la Comunitat Valenciana, y también en España», ha dicho Puig, que ha pedido tener un «ojo puesto en el corto plazo, para levantarnos del impacto recibido, y otro ojo que mire hacia los cambios estructurales».

Puig se ha referido también a la importancia de los trabajos de la comisión parlamentaria por la reconstrucción de la Comunitat y al estudio que ha aportado el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, por encargo de la Generalitat, en el que se pide «trabajar juntos y unidos por el interés general».

La «calculadora de los réditos» electorales

«Esa es la clave. Esa es nuestra obligación: hablar y acordar», porque «cuando las familias y las empresas sacan la calculadora para ver como afrontarán el mes, no sería ético que nadie sacara la calculadora para ver los réditos que obtendrá», ha subrayado el president, que ha instado a actuar «guiados por el patriotismo, no por el partidismo».

Puig ha celebrado, asimismo, la decisión del Gobierno de abrir el territorio español al turismo extranjero en julio y ha insistido en que la mejor garantía para la recuperación del turismo es un espacio Schengen sanitario que permita dotar de los mismos protocolos y criterios de seguridad a los países.

El president ha avanzado, además, que esta próxima semana la Generalitat publicará los datos por municipios de la extensión de la pandemia.

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Quién es Antonio Hernández y por qué Sánchez lo ha cesado tras el escándalo del caso Salazar

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Antonio Hernández
Antonio Hernández-Portal de Transparencia del Gobierno/ PSOE

Cese inminente en el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de la gestión interna del caso Salazar, donde dos militantes socialistas denunciaron presunto acoso sexual por parte del exasesor Paco Salazar, colaborador estrecho del Gobierno en análisis electoral.

Moncloa asegura que el cese se toma “con contundencia” tras conocer los hechos denunciados y que la decisión ha sido compartida con Hernández, quien habría admitido que su continuidad en el cargo “no era sostenible” desde el momento en el que estalló el escándalo.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ejercía como responsable de la Secretaría de Datos.

Quién es Antonio Hernández

Hernández desempeñaba uno de los cargos más estratégicos dentro del núcleo presidencial: el director de Coordinación Política del Gabinete de Moncloa, encargado de asesoramiento, apoyo y refuerzo del programa político del Gobierno, según el Portal de Transparencia.

Formado como técnico especialista en Publicidad, ha trabajado en Presidencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y era una figura de confianza dentro de los equipos de análisis electoral.

Su vinculación con Paco Salazar —exmilitante socialista y asesor político— ha sido determinante en la decisión política. Varias trabajadoras que denunciaron internamente el comportamiento de Salazar mencionaron a Hernández como presunto “cómplice” o “encubridor”, extremos que él niega, aunque asegura que se aparta por responsabilidad y para proteger al Gobierno.

Malestar creciente en el PSOE

El cese no llega en un clima político sencillo. La militancia y cargos intermedios del PSOE critican la tardanza en la gestión de las denuncias internas, algo que ya ha reconocido públicamente el partido. El comunicado enviado el viernes a las federaciones admitía que “no se estuvo a la altura” con las denunciantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez al caso durante los actos del Día de la Constitución, asumiendo personalmente la responsabilidad por el retraso y reconociendo que no había hablado con las denunciantes en meses.

El malestar interno crece ahora en torno a la pregunta clave: ¿debe el PSOE llevar el caso a la Fiscalía o deben hacerlo exclusivamente las denunciantes?

Debate interno: Fiscalía, responsabilidades y gestión

Sánchez defiende que la decisión pertenece únicamente a las víctimas. Si presentan denuncia formal ante la Fiscalía, asegura que recibirán todo el apoyo jurídico, institucional y personal del partido.

Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno y del partido consideran que el PSOE debería llevar el caso por iniciativa propia, sin esperar a las mujeres denunciantes. El mensaje no es uniforme: mientras la dirección se alinea con Sánchez, algunos altos cargos reclaman una posición más proactiva.

Desde el Ejecutivo admiten errores:

“El caso se ha gestionado muy mal. No hemos acompañado correctamente y no se puede tardar tanto tiempo. Ha faltado diligencia”.

Una alta fuente de Moncloa es aún más explícita:

“No hemos estado encima y no lo entiendo. La reunión telemática con las responsables de Igualdad no ha servido. Persisten división y ruido interno”.

Las palabras de Carmen Calvo

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, apuntó este fin de semana en una entrevista a la existencia de “liderazgos testosterónicos e hiper-masculinizados” dentro de la política cuando se le preguntó por los escándalos que afectan al PSOE.

Calvo recuerda que ella misma trasladó al partido anteriormente denuncias sobre comportamientos machistas, lo que aumenta el debate interno sobre los protocolos y la cultura política en torno a igualdad, denunciantes y gestión de casos sensibles.

Último pleno del año y nuevas tensiones

El miércoles se celebrará la última sesión de control del año, con polémica añadida: el Gobierno ha informado que siete ministros no estarán disponibles para ser preguntados, entre ellos:

  • María Jesús Montero, señalada por haber blindado o protegido a Salazar en Ferraz y Moncloa

  • Pilar Alegría, que fue fotografiada en noviembre comiendo con Salazar cuando este ya había sido denunciado

Para el Partido Popular, las ausencias no están justificadas y su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama un cambio reglamentario para evitar que los ministros puedan esquivar preguntas clave en una situación de crisis política.

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