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Valencia

Los 50 puntos del Gobierno PP-Vox en la Comunitat

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El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón (c), acompañado del director de su campaña electoral, Miguel Barrachina (d), y del vicesecretario de Organización del PP de la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca. EFE/Manuel Bruque

El acuerdo entre PP y Vox para el Gobierno de la Comunitat Valenciana incluye 50 compromisos, que comienzan con la defensa de «la unidad de España, la igualdad entre españoles y la riqueza y diversidad cultural», e incluyen medidas sobre memoria histórica, «violencia intrafamiliar», señas de identidad, protección de la familia y Educación.

Estos son los aspectos más destacados del acuerdo programático de siete páginas cerrado este jueves, que recoge derogaciones de algunas normas, nuevas leyes y reclamaciones a otras Administraciones.

Los 50 puntos del Gobierno PP-Vox

DEROGACIONES Y CAMBIOS LEGISLATIVOS

– Se derogarán las normas que «atacan la reconciliación en los asuntos históricos», para garantizar «la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos y libertades de todos».

– Eliminación de las subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan los ‘Països catalans’.

– La Generalitat pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado «los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas, y eliminará las subvenciones «a entidades que amparen estas prácticas».

– Eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de patrimonio y la tasa turística.

– Reducción «drástica» del IRPF en todos sus tramos y rebajas de las tasas autonómicas «que impiden el crecimiento y desarrollo del tejido industrial».

– Modificación de la legislación para «eliminar las trabas excesivas» que provocan que las empresas compitan «en inferiores condiciones» respecto a las extranjeras.

– Se reducirá el número de Consellerias, de altos cargos y asesores, y se suprimirán los organismos «innecesarios que no reportan en el bien general».

NUEVAS LEYES Y MEDIDAS

– Defenderán los derechos de las familias y promoverán políticas para «erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas».

– Aprobación de una Ley de Señas de Identidad que «proteja los valores y costumbres y tradiciones» de la Comunitat Valenciana.

– Aprobación de una ley integral de protección a la familia, que fomentará la natalidad con ayudas al nacimiento y para gastos como el comedor escolar, transporte, material, uniformes o actividades extraescolares, y dará «especial atención» a las familias numerosas.

– Garantizar la libre elección de centro educativo y la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas. Los padres «elegirán libremente y en su caso autorizarán» el contenido de las actividades extracurriculares.

– Refuerzo de la inspección educativa para «sacar la ideología de las aulas», un plan para «dignificar» la labor del docente, y educación libre, gratuita y universal desde los cero años.

– Medidas contra la ocupación ilegal de inmuebles: crearán una «oficina especializada» para el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas.

– Revisarán «todo el sistema y la normativa vigente en materia social», para garantizar que las ayudas públicas llegan «a las familias que más lo necesitan».

– Avanzarán en un marco legislativo y de apoyo administrativo a la conciliación familiar, ampliando la oferta horaria de servicios extraescolares y de guardería.

– Apuesta por un modelo de radio y televisión pública «racional» con la coyuntura económica y unos contenidos que «reconozcan la pluralidad de la sociedad valenciana en su conjunto, que favorezcan la concordia y respeten los valores constitucionales».

– Aumento del presupuestos sanitario hasta el 30 % del total de la Generalitat y un plan sanitario para una atención «ágil y de calidad».

– Aumento del parque público de vivienda. La Generalitat avalará hasta el 20 % del coste total de la primera vivienda a los jóvenes.

REIVINDICACIONES A OTRAS ADMINISTRACIONES

– Exigencia al gobierno de la nación un nuevo marco de financiación autonómica que garantice la justa financiación de la Comunitat Valenciana.

– Defensa «en todas las instancias» de la política de trasvases, como el del Tajo-Segura. Exigirán la aprobación de un plan nacional del agua y de un pacto por el agua que respete el derecho a este bien esencial.

– Impulso del Corredor Mediterráneo y de las inversiones pendientes para la conectividad ferroviaria.

 

 

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Valencia

Clamor en Valencia: más de 50.000 personas piden la dimisión de Mazón un año después de la tragedia

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manifestación dimisión Mazón
EFE

Una nueva manifestación multitudinaria —la duodécima desde la tragedia— ha recorrido este sábado el centro de València para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión durante la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 víctimas mortales y decenas de desaparecidos.

Bajo lemas como “‘President’ a Picassent”, “Mazón culpable”, “Mazón a prisión” o “Ni oblit ni perdó”, los asistentes han llenado las principales calles del centro histórico de la capital valenciana en un acto definido como “un momento de reivindicación y memoria”.

Según datos de la Delegación del Gobierno, la participación ha superado las 50.000 personas, mientras que la Policía Local de València la ha cifrado en 32.000.


La protesta arranca con una muixeranga y tractores al frente

Casi un año después de la tragedia, la manifestación comenzó con una muixeranga en homenaje a las víctimas. La marcha, encabezada por tractores, portaba una pancarta principal con el lema “Mazón dimisión”, seguida de otra que rezaba: “I ara totes alcem la veu. Per qui ja no pot alçar-la”.

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la DANA 29O, Rosa Álvarez, explicó que el objetivo es “alzar la voz por los que ya no pueden alzarla”, recordando a las víctimas de la catástrofe.

Los manifestantes portaron carteles con mensajes como “Mazón culpable, Feijóo miserable”, “Visca València lliure de fang” o “No teniu cor ni paraula”, además de muñecos que representaban a Mazón y a la vicepresidenta Susana Camarero con las manos manchadas de sangre. También mostraron fotografías de familiares fallecidos, camisetas con la inscripción “20:11 ni oblit ni perdó” —hora en la que sonó el ES-Alert— y pancartas que denunciaban la “incompetencia” del Gobierno valenciano.

Una nueva manifestación recorre el centro de València para pedir la dimisión de Mazón por su gestión de la dana en el año de la tragedia
– JORGE GIL/EUROPA PRESS


“Queremos verdad, justicia y memoria para las víctimas”

La presidenta de la Asociación Víctimas de la DANA, Mariló Gradolí, subrayó que “un año después seguimos sin saber qué estaba haciendo Carlos Mazón aquella tarde”.

“Continuamos reclamando verdad por todas las víctimas, justicia y memoria para quienes aún no pueden descansar en paz porque no se sabe qué pasó ese día”, afirmó. Además, exigió “responsabilidades políticas” y la dimisión del Consell, al considerar que “no ofrecen seguridad ni confianza”.

“La memoria también es reivindicación, y la reivindicación es memoria”, añadió Gradolí.

Por su parte, Rosa Álvarez aseguró que el movimiento ciudadano “no reconoce ni legitima a Mazón como presidente” y pidió “su dimisión y prisión”, reclamando que “cumpla tantos años de cárcel como vidas se perdieron”.


Testimonios de familiares y colectivos afectados

Entre los asistentes se encontraba Toñi García, que perdió a su marido y a su hija durante la DANA. Denunció la “negligencia e incompetencia” del presidente autonómico:

“Toda España sabe que es inaceptable que un presidente siga en su cargo cuando más del 80 % del pueblo valenciano pide su dimisión”.

También participaron trabajadores del 112 y bomberos del Consorcio Provincial, que revivieron el esfuerzo de aquel día. La operadora Amparo López recordó cómo “la gente llamaba desesperada”, mientras que el bombero Jesús Gómez pidió al Gobierno valenciano que refuerce las plantillas y dote de medios suficientes a los servicios de emergencia.


Amplio respaldo político y social a la protesta

La marcha fue convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunitat Valenciana. Contó con la presencia de representantes del PSPV, Compromís, Podem y Podemos estatal, incluyendo a la secretaria general Ione Belarra, que calificó la movilización como “el reflejo de un pueblo digno y solidario”.

Belarra acusó al PP de practicar “necropolítica” y señaló:

“Lo vimos con las residencias de Ayuso en Madrid, con el cribado del cáncer de mama en Andalucía y con la DANA de Mazón en Valencia”.


Recorrido y final simbólico en la plaza de la Virgen

La manifestación partió desde la plaza de San Agustín y recorrió Xàtiva, Colón, Palau de Justícia, Alfons el Magnànim, la Paz, plaza de la Reina, Brodadors y Micalet, hasta finalizar en la plaza de la Virgen, donde se leyó un manifiesto.

Durante el recorrido se escucharon los sonidos del ES-Alert de las 20:11 horas, y el acto concluyó con una performance artística en la que familiares de víctimas formaron las palabras “Humanidad” y “Responsabilidad” con letras hechas de barro de las localidades afectadas.


Las víctimas reclaman responsabilidades y transparencia

En el manifiesto, los organizadores afirmaron que las 229 personas fallecidas “seguirían vivas” si el Gobierno valenciano hubiera actuado con diligencia. Reprocharon al presidente Mazón su “desistimiento de funciones” y exigieron que no acuda al futuro funeral de Estado.

“No olvidamos. No son muertos, son asesinatos”, se leyó durante el acto, en el que también se recordó a Paco y Elisabeth, las dos personas aún desaparecidas.

Los colectivos reclamaron transparencia en la gestión de fondos para la reconstrucción, así como la prohibición de construir en zonas inundables, la revisión de planes de emergencia municipales, la reconstrucción de los centros escolares públicos y soluciones habitacionales para las familias que lo han perdido todo.

Además, exigieron que las personas de rentas bajas o en situación irregular tengan acceso a las ayudas públicas y que se investigue la negligencia de las empresas implicadas en la tragedia.

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