El acuerdo entre PP y Vox para el Gobierno de la Comunitat Valenciana incluye 50 compromisos, que comienzan con la defensa de «la unidad de España, la igualdad entre españoles y la riqueza y diversidad cultural», e incluyen medidas sobre memoria histórica, «violencia intrafamiliar», señas de identidad, protección de la familia y Educación.

Estos son los aspectos más destacados del acuerdo programático de siete páginas cerrado este jueves, que recoge derogaciones de algunas normas, nuevas leyes y reclamaciones a otras Administraciones.

Los 50 puntos del Gobierno PP-Vox

DEROGACIONES Y CAMBIOS LEGISLATIVOS

– Se derogarán las normas que «atacan la reconciliación en los asuntos históricos», para garantizar «la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos y libertades de todos».

– Eliminación de las subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan los ‘Països catalans’.

– La Generalitat pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado «los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas, y eliminará las subvenciones «a entidades que amparen estas prácticas».

– Eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de patrimonio y la tasa turística.

– Reducción «drástica» del IRPF en todos sus tramos y rebajas de las tasas autonómicas «que impiden el crecimiento y desarrollo del tejido industrial».

– Modificación de la legislación para «eliminar las trabas excesivas» que provocan que las empresas compitan «en inferiores condiciones» respecto a las extranjeras.

– Se reducirá el número de Consellerias, de altos cargos y asesores, y se suprimirán los organismos «innecesarios que no reportan en el bien general».

NUEVAS LEYES Y MEDIDAS

– Defenderán los derechos de las familias y promoverán políticas para «erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas».

– Aprobación de una Ley de Señas de Identidad que «proteja los valores y costumbres y tradiciones» de la Comunitat Valenciana.

– Aprobación de una ley integral de protección a la familia, que fomentará la natalidad con ayudas al nacimiento y para gastos como el comedor escolar, transporte, material, uniformes o actividades extraescolares, y dará «especial atención» a las familias numerosas.

– Garantizar la libre elección de centro educativo y la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas. Los padres «elegirán libremente y en su caso autorizarán» el contenido de las actividades extracurriculares.

– Refuerzo de la inspección educativa para «sacar la ideología de las aulas», un plan para «dignificar» la labor del docente, y educación libre, gratuita y universal desde los cero años.

– Medidas contra la ocupación ilegal de inmuebles: crearán una «oficina especializada» para el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas.

– Revisarán «todo el sistema y la normativa vigente en materia social», para garantizar que las ayudas públicas llegan «a las familias que más lo necesitan».

– Avanzarán en un marco legislativo y de apoyo administrativo a la conciliación familiar, ampliando la oferta horaria de servicios extraescolares y de guardería.

– Apuesta por un modelo de radio y televisión pública «racional» con la coyuntura económica y unos contenidos que «reconozcan la pluralidad de la sociedad valenciana en su conjunto, que favorezcan la concordia y respeten los valores constitucionales».

– Aumento del presupuestos sanitario hasta el 30 % del total de la Generalitat y un plan sanitario para una atención «ágil y de calidad».

– Aumento del parque público de vivienda. La Generalitat avalará hasta el 20 % del coste total de la primera vivienda a los jóvenes.

REIVINDICACIONES A OTRAS ADMINISTRACIONES

– Exigencia al gobierno de la nación un nuevo marco de financiación autonómica que garantice la justa financiación de la Comunitat Valenciana.

– Defensa «en todas las instancias» de la política de trasvases, como el del Tajo-Segura. Exigirán la aprobación de un plan nacional del agua y de un pacto por el agua que respete el derecho a este bien esencial.

– Impulso del Corredor Mediterráneo y de las inversiones pendientes para la conectividad ferroviaria.