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Valencia

AERTE pide que se permita el contacto físico entre familiares y residentes

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EFE/Biel Aliño/Archivo

València, 2 jun (EFE).- La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha solicitado a las consellerias de Sanidad e Igualdad y Políticas Inclusivas que se permita el contacto físico entre familiares y residentes por la protección de la vacuna y la mejora de la situación.

Según los últimos datos facilitados por el IMSERSO, la Comunitat Valenciana lleva más de dos meses sin fallecidos por Covid-19 en residencias, lo que es una muestra más de la eficacia de la vacunación, ha destacado AERTE.

La asociación ha explicado que la normativa del VICIPI que regula los centros es del 8 de abril y que prevé situaciones de nivel de alerta superiores pero no una mejora de la situación, lo que impide a los centros aplicar medidas menos restrictivas y que mejoren la calidad de vida de las personas atendidas.

«No podemos estar cada día escuchando que somos la región de Europa con menos incidencia y que eso no se refleje en un cambio de la normativa hacia la normalidad. La regulación anterior va a cumplir dos meses y está pensada para un empeoramiento de la situación, pero no para una mejora. Eso tiene que cambiar ya. Los profesionales y las familias están agotados», ha afirmado el presidente de AERTE, José María Toro.

Las reservas de plazas libres para posibles aislamientos, que impiden atender a unas 1.400 personas con dependencia en una de las comunidades con menos plazas disponibles, o la obligación de hacer cuarentena de diez días a vacunados que ingresan en un centro si no tiene un 95 % de vacunación, son criterios que solo mantiene la Comunitat en España y que a su juicio, no están justificados.

Según Toro, tampoco se deberían impedir los ingresos en centros, aunque haya algún caso positivo ya que estas situaciones están bajo control.

AERTE considera bueno mantener el régimen de visitas y salidas de los centros que actualmente permite mantener el contacto entre residentes y usuarios sin saturar de personas los centros, lo que todavía parece precipitado; al igual que llevar a cabo PCR en los nuevos ingresos de personas usuarias o incorporaciones profesionales.

Según los datos, las residencias que han tenido algún brote después de la vacunación han demostrado que la vacuna funciona, ya que han permitido que las personas hayan pasado la enfermedad de manera asintomática, lo que ha evitado la mortalidad de otros momentos.

«Deberíamos ir a un marco parecido al de la gripe, ahora que se demuestra que la vacuna es eficaz, donde hay vacunación periódica, no hay aislamiento, ni declaración de brotes que afecten al funcionamiento de los centros o que impidan los ingresos a pesar de que haya alguna persona contagiada», ha incidido Toro.

AERTE también ha explicado que, a pesar de sus solicitudes, no ha habido ninguna reunión del sector con la Consellería de Sanidad desde el pasado 23 de Marzo y ha recordado que la última actualización del protocolo sobre residencias se publicó sin haberlo trabajado previamente con el sector.

Por el contrario, ha valorado que la interlocución con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas está siendo más fluida en estos momentos.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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